Por presuntos actos irregulares en la celebración de contratos de inversión social e infraestructura, la exgobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacios, fue citada a audiencia de imputación de cargos, así lo reveló la Fiscalía General de la Nación.
El ente investigador explicó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos a Hurtado por los delitos de: "contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado".
Aseguraron que, de acuerdo con el material probatorio recaudado en una primera fase de la investigación adelantada, Hurtado Palacios había direccionado en el año 2015 cuatro contratos, en los que presuntamente "se desviaron recursos en cuantías superiores a los dos mil millones de pesos", como lo dio a conocer la Fiscalía.
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En enero de 2018, la exgobernadora se enfrentó a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, quien la destituyó e inhabilitó por 12 años para poder ejercer en cargos públicos, con razón a las irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).
Según ellos, en dicha gestión se utilizó la excepción para la contratación directa, "sin que existiera la causa legal para no adelantar el proceso de contratación, y no permitir la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en la capacidad de ejecutar las obras que se contrataron".
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El órgano de control explicó que en esta actividad contractual se actuó "transgrediendo el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal", al suscribir estos convenios "sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales".
A esta falta a la administración pública presuntamente hecha por la exgobernadora y otros , el Ministerio Público la calificó como "como gravísima a título de culpa gravísima".
En ese entonces, la Procuraduría enfatizó en que no existía justificación para que se haya utilizado la figura de "convenio interadministrativo" para trasladar la facultad contractual a empresas " carentes de capacidad de ejecución que terminaron subcontratando, porque no tenían la solvencia representada en capacidad técnica, administrativa, logística, ni operativa para desarrollar los objetos contractuales".
Así pues, la Fiscalía General explicó que se espera que la audiencia en la cual se le imputarán los cargos a Sandra Paola Hurtado Palacios se realizará el próximo 7 de febrero del año en curso, en el Tribunal Superior de Bogotá.
