Hicieron pasar a clientes por locos para pensionarlos

Tres abogados, cuatro médicos, una psicóloga y dos intermediarios fueron capturados por la Fiscalía tras estar vinculados a una red que al parecer hacía fraudes en Colpensiones, para favorecer a sus clientes con la jubilación, fingiendo sufrir problemas mentales. Los 10 involucrados en la estafa, que ya están a disposición de las autoridades, lograron beneficiar al menos a 550 personas, que se presentaban a Colpensiones con la historia clínica falsa y aspiraban a la pensión indicando estar "locos" o con problemas severos mentales. La captura masiva se presentó durante la operación Frenocomio de la Fiscalía, y la detención se basó en la investigación que se adelantó, en la que se pudo constatar que la red ofrecía a algunas personas el reconocimiento de las pensiones con certificados falsos de invalidez por enfermedad. Al parecer, en su labor, esta red de estafa habría beneficiado a estas personas desde 2011. La defraudación a Colpensiones ascendería a 100.000 millones de pesos. [single-related post_id="853074"] Sobre el tema, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que lo sucedido es inédito en el país y que la Nación no puede permitir que sigan haciendo desfalcos en el sistema pensional de Colombia y que todo quede en la impunidad y demuestre la indiferencia de algunas entidades encargadas de hacer control.

“Esta es una modalidad inédita. Mediante la declaratoria de locura o demencia se les conseguían pensiones”, Néstor Humberto Martínez

Hay algo en común entre los clientes de esta red: los beneficiados, en su mayoría, pertenecían a las empresas Drummond, Prodeco y Cerrejón.

Además de Colpensiones, estafaban a las aseguradoras

Martínez aseguró que antes de que los ciudadanos tramitaran sus pensiones, hacían millonarios créditos a bancos y entidades financieras, y luego de que tuvieran el préstamos, hacían las diligencias para declarar los problemas mentales y así evitar responder por la deuda, que sería asumida por las diferentes agencias de seguros que tenían bajo amparo a estas personas. Por último, el fiscal aseguró que existen las pruebas necesarias para la judicialización de los 10 implicados e indicó que la práctica se inició en Valledupar, pero ya se ha expandido hacia otras ciudades del país.