El caso de Ariel Josué Martínez, un carpintero pueblerino que de un momento a otro resultó en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota señalado de ser un poderoso capo que lavaba dinero a través de Internet, es solo la punta de un iceberg de numerosas inconsistencias de la justicia colombiana que –seguramente- tiene a cientos de inocentes purgando penas por delitos que no cometieron, mientras que otros muchos culpables están en libertad por haberse aprovechado de un corruptible sistema.
Ariel Josué ni siquiera sabía usar una computadora. Vivía del trabajo con madera en San Vicente del Caguán (Caquetá) y subsistía con una ganancia mensual de 800 mil pesos.
Para los Estados Unidos, y luego para la misma justicia colombiana, Ariel Josué era el responsable de una red electrónica de lavado de activos, y debía pagar su delito en una cárcel norteamericana.
Sin hacer una investigación independiente ni verificación de identidad, la Corte Suprema de Justicia terminó dando concepto favorable a su extradición y hasta el presidente Juan Manuel Santos firmó la orden para que se lo llevaran.
La visibilización de su caso, la ola de indignación mediática que se levantó y el logro de atraer la intervención de autoridades como la Defensoría del Pueblo, detuvieron la injusticia que se avecinaba.
A pesar de ser liberado, el carpintero duró cuatro meses tras las rejas. ¿Con qué dinero iba a pagar una defensa adecuada? Si no se hubiese publicitado su caso, ¿estaría hoy en una cárcel gringa? ¿Cuántos más están en prisión siendo inocentes o fueron extraditados por error?
KienyKe.com hizo una recopilación de algunos de los más indignantes casos de falsos positivos judiciales. Historias en las que la justicia cae con furia sobre inocentes y casos en los que el sistema privilegia a quienes tienen dinero para una buena defensa; queda muy claro que en el país, muchas veces, la justicia es para los de ruana.
Estuvo a punto de ser extraditado porque lo confundieron con un 'tocayo'
El 'Proyecto Inocencia' de la Universidad Manuela Beltrán lleva siete años de labor buscando casos en que personas del común, especialmente de bajos recursos, son condenadas por delitos que no cometieron.
Identificando procesos en los que hubo evidentes errores de procedimiento judicial han obtenido 8 casos de éxito en los que han logrado la libertad de inocentes que pasaron un mal momento en prisión.
Uno de los casos, destacados por el director de 'Proyecto Inocencia', Julio César Galindo, es el de René Martínez Gutiérrez.
El gobierno de Perú había capturado a una persona en su país, responsabilizada de traficar con drogas. Al ser interrogado, esta persona confesó que había actuado con la colaboración de su hermano, a quien identificó como René Martínez Gutiérrez.
“La policía peruana consultó al consulado colombiano para que buscara al sindicado. Las autoridades colombianas lo buscaron con la Registraduría Nacional y digitaron, textualmente, “René Martínez Gutiérrez”. Encontraron a un hombre y, sin cotejar sus resultados, impartieron la respectiva orden de captura con circular roja de Interpol”, narra a KienyKe.com el penalista Galindo.
“El problema es que había personas con segundos nombres, como René José o Juan René. Al ignorar que la persona que buscaban sí tenía segundo nombre y no comprobar si la persona que encontraron era hermano del capturado en Perú, pues apresaron a un inocente”, añadió el abogado.
René Martínez fue acusado de narcotráfico por alguien llamado igual a él. Por poco fue extraditado al Perú.
René Martínez, el bueno, alcanzó a estar cuatro meses en prisión hasta que el 'Proyecto Inocencia' logró comprobar su inocencia. “Estuvo en la Picota y en Cómbita mientras se procesaba su extradición. Menos mal hicimos ver a la Fiscalía y al Gobierno del Perú que se estaba cometiendo un error y la extradición se canceló”.
Los deficientes procesos de comprobación de identidad, que ignoran que en el país de 48 millones de habitantes pueden repetirse muchos nombres y es frecuente la homonimia, son responsables de una gran cantidad de falsos positivos judiciales.
A ellos sí los extraditaron por error
Este medio digital había publicado una historia de un hombre que sí terminó siendo extraditado porque fue confundido con un homónimo que ni siquiera era colombiano.
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El capitán Carlos Antonio Ortega Bonilla trabajó 41 años en la aviación. Fue piloto de Avianca por 23 años hasta su retiro para colaborar en la fundación de la empresa AeroRepública. También trabajó con la Aeronáutica Civil desde 1994 hasta 2004. Tras eso, decidió crear su propia firma de asesoría aeronáutica, Coavco Asociados.
El 1 de septiembre de 2011 fue sorpresivamente capturado bajo acusaciones de narcotráfico. Solo le informaron que iba a ser extraditado y que ya estaba comprobada su responsabilidad. Le dijeron que a través de su empresa de asesoría aeronáutica seguramente apoyaba el tráfico de estupefacientes.
El capturado jamás tuvo alguna audiencia en la que pudiera defenderse. Si bien, al ser capturado con fines de extradición su proceso se surtiría en Estados Unidos, lo único que él pedía era ser escuchado por las autoridades colombianas para demostrarles su inocencia.
Ya extraditado en Estados Unidos, su defensa logró descubrir que Carlos Ortega había sido encarcelado porque lo confundían con otro Carlos, pero de Guatemala y de apellido Letona. Solo hasta comprobar esa irregularidad, que parece absurda, fue que Carlos Ortega pudo volver a la libertad y a Colombia.
Carlos Ortega duró doce meses encarcelado. Dos de ellos en una prisión estadounidense.
Historias como esta están relatadas en el libro ‘Extraditados por error’, de José Guarnizo, como la historia de una comisionista de bolsa que terminó enredada ante la justicia estadounidense por un falso testigo. O el vendedor de plátanos de una plaza de mercado en Barranquilla y su hijo, quienes fueron pedidos por Estados Unidos bajo la más insólita de las pruebas: una conversación en la que un cliente le pedía “50 verdes” para una fiesta, sin entender que se referían a 50 plátanos verdes más no a 50 dólares o 50 kilos de cocaína.
Sin embargo, mientras se demostró esa indiscutible verdad, el hijo permaneció recluido dos años en la cárcel de Cómbita y un año más en una prisión norteamericana.
De acuerdo con el abogado penalista y director del 'Proyecto Inocencia' de la Universidad Manuela Beltrán, Julio César Galindo, este tipo de errores no están excusados por las normas colombianas: incluso el ordenamiento jurídico nacional pide, antes de enviar alguien al extranjero, que se haga una plena identificación y comprobación de que el sujeto buscado corresponde al capturado. Esto se omitió en el caso del carpintero Ariel Josué, le pasó a Carlos Antonio Ortega y no se descarta que le suceda a otros tantos que están en proceso de extradición.
“El error común del sistema penal es que no se identifica bien, que estamos muy dependientes de pruebas testimoniales, y estas son cuestionables. La mayoría de errores son de identificación y mala valoración probatoria; increíble que a una persona se le condene con base en un solo testimonio”, argumentó Galindo.
Él estuvo 3 años en la cárcel por un crimen que no cometió
Otro de los casos memorables es el de Manuel Mena, un cartagenero que se dedicaba a la construcción hasta que en un viaje a Bogotá fue detenido en la terminal de transportes acusado de ser prófugo de la justicia, luego de haber sido condenado por homicidio agravado.
El supuesto crimen del que se le acusaba ocurrió en 1988. Los testigos describieron al homicida como un hombre de raza negra, con la parte derecha de su rostro quemado, también su brazo y mano derechas afectadas por visibles quemaduras, y sin dentadura en el maxilar superior. Lo identificaron como ‘El morenazo’. Uno de los testigos dijo que creía que el delincuente se llamaba Manuel Mena.
Los abogados que atendieron a Mena no se explican cómo las autoridades escogieron al cartagenero como el supuesto responsable, sin tener ninguna de las características anteriores.
Manuel Mena fue acusado de homicidio. El responsable era mueco y tenía la cara quemada. Evidentemente, Mena no era el que buscaban.
El evidente error judicial fue el elemento base con el que se comenzó a buscar su inocencia. También lograron demostrar que Manuel Mena nunca había estado en Antioquia, el lugar donde se había cometido el crimen.
“Mena estuvo en reclusión tres años y tres meses, pagando una condena de 16 años. Fue un falso positivo judicial porque hubo mala identificación. Lo peor es que le hicieron un proceso en ausencia y cuando lo capturaron no tenía posibilidad de apelación porque ya tenía condena ejecutoriada”, destacó Galindo.
Manuel Mena no tenía recursos para contratar un abogado. Apenas sabía leer y escribir y sólo tenía la esperanza dada por los abogados de 'Proyecto Inocencia'. Los letrados entutelaron la condena pero en los tribunales el recurso fue negativo porque consideraban que el preso debió haber actuado mucho tiempo antes.
Finalmente acudieron a la Corte Constitucional, que en una revisión de la tutela encontró absurdo que Mena estuviera en prisión si no era el delincuente que estaban buscando. Le dieron libertad.
Por perder su cédula, apareció como una peligrosa estafadora
Otro de los casos comunes que ha encontrado el 'Proyecto Inocencia' es la suplantación de identidad. Un delincuente se hace pasar por un ciudadano cualquiera, comete delitos y el responsable es el suplantado.
“Tenemos el caso de Divina Alegría Patiño. Ella está en permanentes investigaciones y juicios porque la están suplantando. Supimos que ella perdió su cédula, y por ese error alguien la ha usado para cometer fraudes y delitos. La acusan de estafa agravada y falsedad en documento público y privado”, explica Galindo.
Por perder la cédula, Divina Alegría Patiño fue involucrada como cabecilla de una red de estafadores.
Las autoridades la capturaron por primera vez en 2004, acusada de ser la jefe de una banda de estafadores. Duró 18 meses en la cárcel hasta que se logró comprobar que su documento había sido copiado y usado de forma abusiva.
Para el abogado Julio César Galindo, además de la falta de comprobación de identidades, la justicia peca al juzgar a personas en ausencia y sorprenderlos luego, cuando ya han sido condenados y su historia es ‘cosa juzgada’. Por tanto no pueden apelar la sentencia, sino solo “tragársela”.
“Debe haber normas más protectoras al momento de procesar a alguien en ausencia; los acusados quedan sin herramientas y su defensor de oficio se queda maniatado, pues no conoce a su defendido”, concluye Galindo, quien explica que tan solo este año el 'Proyecto Inocencia' está analizando 126 casos -de 900 reportados- en los que sospechan que se estarían cometiendo injusticias con inocentes recluidos en las cárceles.
Encarcelados porque tienen enemigos poderosos
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo también ha atendido desde hace más de una década casos de falsos positivos judiciales, aunque enfocados a persecuciones de las que han sido víctimas algunos defensores de derechos humanos y líderes sociales.
“La mayoría de nuestros casos tienen relación con política o con personas que pertenecen a organizaciones sociales, sindicales o defensoras de derechos humanos. También se producen casos de personas que no tienen nada que ver con organizaciones, como campesinos, sobre quienes recae un falso positivo judicial. Personas que no tendrían motivo para perseguirlas judicialmente terminan siendo perseguidas, como chivos expiatorios, y resultan en la cárcel acusados de crímenes que no cometieron”, dijo uno de los abogados voceros, Reynaldo Villalba.
Uno de los casos en los que están trabajando es el de David Ravelo Crespo, un defensor de derechos humanos de Santander acusado de un homicidio por un fiscal que resultó haber sido investigado en el pasado por la desaparición de un joven en Armenia y quien basó su acusación contra Ravelo en un testimonio de un paramilitar.
David Ravelo Crespo podría ser otra de las víctimas de un falso positivo judicial. Su caso está ante la Corte Suprema.
“Lo grave es que ese fiscal, que fue sancionado por la Procuraduría por su vinculación en la desaparición de una persona, haya logrado ingresar, mediante artimañas, a la Fiscalía y asumir el caso de Ravelo. Consiguió que –con solo un testimonio de un paramilitar- se le condenara en primera y segunda instancia a 18 años de prisión. Hasta ahora, Ravelo cumple 4 años de cárcel”, dijo Villalba.
El caso a favor de Ravelo está por ser resuelto en casación ante la Corte Suprema de Justicia con un argumento estrella: están demostrando contradicciones en las declaraciones del paramilitar y posibles motivaciones para inculpar a un inocente.
Mientras esperan los resultados de este caso, el colectivo José Alvear Restrepo afirman que en los casos de falsos positivos judiciales en los que trabajan encuentran que a la mayoría se les acusa de rebelión, concierto para delinquir, calumnia, homicidio y hasta terrorismo.
“La mayoría de los afectados terminan en la cárcel por falsos testigos, montajes de pruebas, alteración en documentos y suplantación de identidad”, añade el abogado.
En casi todos los casos, como en el 'Proyecto Inocencia', atienden a personas que son vulnerables económicamente; es decir, ciudadanos que no tienen la posibilidad de pagar un buen abogado que demuestre su inocencia.
Si este patrón se repite, en muchas de las cárceles colombianas podría haber cientos de colombianos inocentes y condenados que no tienen más recursos que soportar una sentencia por una maldad de la que ni siquiera conocen los detalles.
