En las elecciones locales de 2023, las mujeres alcanzaron apenas el 15% de las alcaldías en Colombia, lo que refleja la persistente brecha de género en el acceso al poder político. Aunque la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) obliga a que el 30% de los cargos en las ramas del poder público sean ocupados por mujeres, la realidad sigue siendo distante: la representación femenina en las gobernaciones, alcaldías y concejos permanece baja, según datos del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes (2024).
La situación se vuelve aún más compleja con la propuesta de eliminar el Ministerio de la Igualdad, creado en el gobierno de Gustavo Petro como una entidad que buscaba promover la equidad de género y la inclusión social. Para muchas voces feministas, la desaparición de esta cartera implicaría un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres y las minorías.
Un golpe simbólico y político
La educomunicadora, periodista y feminista Mar Candela Castilla, iniciadora del movimiento Feminismo Artesanal, explicó a este medio que la discusión no es solo administrativa, sino profundamente política.
“Un ministerio efectivo podría ser un aliado en la promoción de la participación política de las mujeres. Desaparecerlo sin un análisis serio es problemático porque nos quita la conciencia social de un solo tajo”, afirmó.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), los países que cuentan con organismos especializados en igualdad de género logran avances más rápidos en la reducción de brechas políticas y sociales. En ese sentido, la eliminación del Ministerio no solo tendría un efecto simbólico, sino también práctico en la garantía de derechos.
Alternativas en debate
Candela reconoce que la existencia de un ministerio no garantiza, por sí sola, la transformación. “Tal y como está, no es necesario el Ministerio de la Igualdad. Pero si funcionara sin corrupción y con protocolos adecuados, su eliminación, sin duda alguna, podría debilitar la defensa de los derechos de las mujeres y de otras minorías”.
En reemplazo, plantea oficinas de veeduría y el fortalecimiento de las secretarías de la mujer en municipios y departamentos donde aún no existen. Según datos de la Registraduría Nacional (2024), menos del 40% de los municipios cuentan con programas o secretarías activas enfocadas en asuntos de género, lo que amplía la brecha en territorios rurales y periféricos.
Sociedad civil: un papel insustituible
El debate sobre igualdad no puede recaer únicamente en el aparato estatal. Para la entrevistada, la sociedad civil debe ser protagonista en esta lucha:
“La educación popular, el activismo, las alianzas estratégicas y la participación ciudadana son claves. Sin alianzas es imposible avanzar. Podemos generar impacto significativo desde la base, empoderando a las niñas y a las mujeres en la política”.
La afirmación coincide con los análisis de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (2024), que ha documentado cómo los movimientos sociales y las redes feministas inciden directamente en el aumento de candidatas y liderazgos femeninos en América Latina.
Una deuda histórica
En un país donde las mujeres representan más del 51% de la población (DANE, 2024), la baja participación en la política sigue siendo un desafío estructural. La eliminación del Ministerio de la Igualdad, sin alternativas sólidas, podría reforzar las barreras ya existentes.
Colombia enfrenta así una encrucijada: avanzar en mecanismos reales para garantizar la igualdad, o retroceder en una deuda histórica con sus mujeres
