Todos, como ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de que nuestro accionar sea en plena convivencia con el ambiente que habitamos. Y esta función también aplica a todas las formas de institución social: los gobiernos como también las organizaciones públicas y privadas no están exentas.
En el caso de las empresas, cuando una de ellas se presenta como sustentable y basa su estrategia de marketing en ello, hay una responsabilidad aún mayor para que no existan brechas entre lo que “se dice ser” y “lo que se hace”.
Corporaciones que se encuentran hasta en los puntos más remotos del mundo deben no sólo cumplir con las regulaciones locales e internacionales, sino que se deben a sus consumidores, con los que tienen un compromiso moral. Si entregar su producto a miles de personas implica la destrucción de ecosistemas vitales, ese acuerdo tácito entre la empresa y su público se quiebra y, en muchos casos, no se recupera.
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En Argentina, país de la región que tiene en riesgo sus bosques nativos, este lazo de confianza parece haberse roto. Sprite, marca de la empresa madre The Coca-Cola Company que está presente en más de 200 países, y es la tercer bebida gaseosa más vendida del mundo, consigue su materia prima principal destruyendo bosques nativos. Además de tener un limón en su logotipo, según su propia descripción, Sprite es una “bebida sin alcohol, gasificada, con 5% de jugo de limón”. Lo que no cuenta en su etiqueta es cómo consigue la fruta.
Entre sus proveedores en Argentina, se encuentra la finca La Moraleja S.A. que tiene un contrato de 20 años con The Coca-Cola Company para proveerles jugo concentrado de limón. Esta empresa es responsable de la destrucción de 3000 hectáreas de bosque en la provincia de Salta, al norte del país, región de alta preservación ambiental amparada por la ley nacional de bosques, que fue sancionada en dicho país en el año 2007.
Sin embargo, pese a la ilegalidad de realizar cualquier tipo de actividad en una zona que no puede ser explotada, La Moraleja S.A, proveedor de la marca de refrescos, consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa. Desde la sanción de la Ley de Bosques, la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de más de 3.000 hectáreas de bosques protegidos.
Cuando una marca reconocida como Sprite, bajo el ala de la multinacional Coca Cola, comete un crimen ambiental grave al apañar y avalar que sus proveedores destruyan ecosistemas que deben ser preservados, no podemos dejarlo pasar.
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Greenpeace expuso a la marca y, además de reclamarle que adopte una política de deforestación cero en todo el mundo, la instó a reforestar la totalidad del bosque que su proveedor destruyó. Sin embargo, se escudaron en declaraciones genéricas del caso y sólo se comprometieron a reforestar sólo 1400 hectáreas, como si la mitad fuera suficiente para reparar el daño ocasionado .
Pero, esto de respetar la sustentabilidad, no es sólo una exigencia de Greenpeace. Recientemente, la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. Entre esas fincas, se encuentra La Moraleja.
A su vez, el proveedor de Sprite perdió la certificación de Rainforest Alliance, una de las más importantes certificadoras ambientales del mundo, dando lugar al reclamo de la ONG.
En estas situaciones no hay grises: no debería existir brecha alguna entre decirse y ser sustentable. Sólo es cuestión de tomar las riendas y asumir el compromiso que las empresas tienen para con la comunidad y con sus consumidores. De otra manera, son empresas con máscaras de plástico.
En alianza con Greenpeace.
