De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se confirmó la captura de Álex Saab, empresario colombiano que en los últimos años pasó de operar como contratista a ocupar un cargo en el Gobierno venezolano.
El dato clave no es solo el nombre, sino el lugar que ocupó. Saab fue presentado por Caracas como enviado especial en misiones de negociación y, después, nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
De Barranquilla al salto empresarial
Saab nació en Barranquilla y empezó en negocios familiares ligados al sector textil. El recuento sobre esa etapa lo ubica creando fábrica y maquila, con un crecimiento rápido y, luego, un frenazo: en 1995 intentó exportar a Estados Unidos y esa salida se cerró tras un incidente aduanero en el que se halló cocaína líquida en un cargamento.
De regreso, montó una compañía de artículos publicitarios para grandes superficies y estaciones de servicio. Hacia 2009, según documentos de la época citados en investigaciones judiciales, acumuló deudas y cobros bancarios. Ahí aparece el punto de quiebre: el contacto con Álvaro Pulido, un empresario con operaciones en Venezuela.
La puerta de entrada: política y control de divisas
El aterrizaje de Saab en los círculos del chavismo se explica por conexiones políticas y por un instrumento estatal que movía millones: CADIVI, sigla de Comisión de Administración de Divisas, el sistema de control cambiario que asignaba dólares preferenciales para importaciones.
En expedientes judiciales y sanciones internacionales, la acusación sobre ese período se repite: empresas de papel, sobornos a funcionarios y uso de dólares oficiales para importaciones que terminaban convertidas en ganancia por arbitraje en mercados paralelos. Saab y Pulido quedan asociados a ese mecanismo. En 2010, un congelamiento de pagos a importadores colombianos golpeó esa vía, pero la sociedad ya estaba instalada al otro lado de la frontera.
En ese ascenso también aparece Piedad Córdoba como mediadora en la relación con el chavismo. En 2011, Saab incluso figuró en un acto binacional en el que también participó Juan Manuel Santos, ya no como un desconocido, sino como “empresario invitado”.
Los contratos: viviendas y la caja de comida
El primer gran negocio, según expedientes en Estados Unidos, fue un esquema de vivienda de interés social entre 2011 y 2015. La tesis judicial es que hubo pagos indebidos para asegurar contratos y desembolsos, y que parte del dinero se desvió sin traducirse en obra.
El salto definitivo llegó en 2016 con CLAP, sigla de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el programa estatal para distribuir alimentos subsidiados. Saab armó una estructura corporativa para importaciones de comida y obtuvo contratos sin licitación. La acusación central en sanciones y procesos es doble: pagos indebidos a actores cercanos al poder para asegurar los negocios y sobrefacturación con productos de mala calidad o por debajo de lo pactado.
En plata blanca: cuando un gobierno depende de importaciones para sostener una política masiva de comida subsidiada, quien controla proveedores, pagos, logística y papel corporativo se vuelve un engranaje del poder. Por eso Saab dejó de ser un contratista y pasó a ser operador.
Cabo Verde, extradición y canje
En 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde durante una escala aérea, por una solicitud ligada a cargos por lavado de dinero. Caracas alegó inmunidad por su estatus de enviado. Tras litigios, fue extraditado en 2021 a Miami.
El proceso incluyó un capítulo sensible: documentos judiciales lo vincularon a contactos con la DEA y el FBI desde 2018, aunque su defensa negó que hubiera sido informante activo. En diciembre de 2023, salió en libertad por un canje que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses y ejecutivos de CITGO. Saab volvió a Caracas y fue recibido por Nicolás Maduro.
¿Por qué la captura pesa hoy?
La captura importa por tres razones concretas:
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Acceso a información: Saab conoció contratos, intermediarios y flujos de pago construidos en años de sanciones.
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Ruptura de una confianza: su ascenso a ministro lo ubicó dentro del círculo de decisiones económicas.
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Impacto institucional: si hay expediente penal interno, la discusión pasa por actos formales y autoridades competentes, no por narrativa.
