WASHINGTON — Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incitó a una turba de sus partidarios que irrumpieron violentamente en el Capitolio el miércoles 6 de enero, el Congreso sopesa si lo somete a juicio político de nuevo, esta vez con solo unos días restantes en su mandato.
Es una circunstancia extraordinaria que plantea cuestiones políticas, constitucionales y logísticas rara vez contempladas en la historia de Estados Unidos. Ningún presidente ha sido enjuiciado políticamente dos veces o en sus últimos días en el cargo, y ninguno ha sido condenado.
Dada la brevedad del tiempo que le queda en la Casa Blanca y la gravedad de su conducta, los legisladores también estudian una disposición en las cláusulas de la Constitución sobre juicio político que podría permitirles impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo federal.
Los demócratas están impulsando el proceso hasta ahora, pero algunos republicanos han indicado que estarían abiertos a escuchar el caso. Esto es lo que sabemos sobre cómo podría funcionar el proceso.
El Congreso puede destituir a un presidente por delitos y faltas graves
La Constitución permite al Congreso destituir a los presidentes, u otros funcionarios de la rama ejecutiva, antes de que terminen sus mandatos si los legisladores creen que han cometido “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.
El juicio político es un proceso de dos partes, y deliberadamente difícil. Primero, la Cámara de Representantes vota sobre si se debe someter a juicio político, el equivalente a acusar a alguien en una causa penal. Los cargos están codificados en artículos del juicio político que detallan las supuestas ofensas contra la nación.
Si una mayoría simple de la Cámara vota a favor de la presentación de cargos, el Senado debe considerarlos rápidamente en un juicio al otro lado del Capitolio. La Cámara de Representantes procesa el caso, nombra a los encargados del juicio político para que presenten sus argumentos ante los senadores —que actúan como un jurado—, y al presidente se le permite tradicionalmente organizar una defensa. El presidente de la Corte Suprema supervisa el juicio.
En el Senado, el umbral para la condena es mucho más alto. Dos tercios de los senadores sentados en un momento dado deben estar de acuerdo en condenar, de lo contrario el presidente es absuelto. Si todos los cien senadores estuvieran ocupando sus bancas en el momento del juicio, eso significa que 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para obtener una condena, algo difícil de lograr.
Enjuiciar políticamente a Trump ahora podría impedirle ocupar un cargo público en el futuro
Aunque puede parecer inútil destituir a un presidente justo cuando está a punto de dejar el cargo, podría haber consecuencias reales para Trump más allá de la mancha en su historial. Si fuera condenado, el Senado podría votar para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público. Después de una condena, la Constitución dice que el Senado puede considerar “la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado de Estados Unidos”.
Solo una mayoría simple de senadores tendría que estar de acuerdo para inhabilitar con éxito a Trump, quien contempla volver a postularse para presidente en 2024, una perspectiva atractiva no solo para los demócratas sino para muchos republicanos que piensan en sus propias candidaturas.
No hay nada que impida un segundo juicio político a Trump
La Cámara de Representantes enjuició políticamente a Trump en diciembre de 2019 por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso relacionados con sus intentos de presionar a Ucrania para difamar a su entonces rival político, Joe Biden. El Senado votó para absolverlo de ambos cargos.
Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a juicio político, incluido Trump. Ninguno ha ido a juicio político dos veces.
Pero parece que no hay nada en la Constitución que impida al Congreso enjuiciar a un presidente de nuevo por otro conjunto de acusaciones.
El tiempo es ajustado, pero no imposible
Con Trump a punto de dejar el cargo el 20 de enero, uno de los mayores obstáculos políticos y logísticos es el calendario. Los pasados juicios políticos presidenciales, incluyendo el que la Cámara llevó a cabo en 2019, han sido típicamente prolongados con investigaciones, audiencias y semanas de debate público.
Este proceso deliberado tiene por objeto crear un consenso para una acción tan drástica, pero no es necesario según las normas. Si los demócratas y algunos republicanos están de acuerdo en que deben actuar, pueden hacerlo en cuestión de días, pasando por alto el Comité Judicial de la Cámara, para elaborar cargos, presentarlos en la Cámara y proceder directamente a un debate y a una votación en el pleno de la Cámara. En este caso, como el Congreso acaba de empezar y las comisiones aún no se han formado, hacerlo puede ser la única opción práctica.
Tan pronto como la Cámara vote para adoptar los artículos del juicio político, pueden transmitirlos inmediatamente al Senado, que debe iniciar rápidamente un juicio.
Según una teoría que se está discutiendo, la Cámara podría someter a juicio político a Trump y retener los artículos durante unos días para esperar a que los demócratas tomen el control del Senado, lo que se espera que ocurra después de que Biden sea juramentado. La longitud de un juicio, y las reglas que lo rigen, son determinadas por los miembros del Senado.
Trump aún puede ser sometido a juicio político como expresidente
La historia da poca guía sobre la cuestión de si un presidente puede ser sometido dos veces a juicio político, y los abogados de la Cámara se apresuran para entender los contornos legales y constitucionales.
Hay un precedente de hacerlo en el caso de otros altos funcionarios del gobierno. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant por corrupción, incluso después de que este renunciara a su cargo. El Senado en ese momento consideró si todavía tenía jurisdicción para oír el caso de un exfuncionario, y determinó que la tenía. Al final, el secretario fue absuelto.
Michael J. Gerhardt, un estudioso constitucional de la Universidad de Carolina del Norte que testificó en el último juicio político, escribió el viernes que no veía ninguna razón por la que el Congreso no pudiera proceder.
“No tendría sentido que los antiguos funcionarios, o los que se retiren justo a tiempo, escapen a ese mecanismo de reparación”, escribió. “Por lo tanto, no hace falta decir que si un juicio político comienza cuando un individuo está en el cargo, el proceso puede seguramente continuar después de que renuncie o se vaya de otra manera”.
Por: Nicholas Fandos / The New York Times
