Algunos brasileños utilizaron los datos de ciudadanos fallecidos para saltarse la cola y vacunarse antes en su país. Es lo que se desprende de una investigación de la Contraloría General de Brasil.
"Existen casos de vacunas aplicadas a personas que figuran como fallecidas en el Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud (SIM) con fecha de emisión del certificado de defunción anterior al inicio de la vacunación", se lee en el comunicado emitido por el organismo.
Aunque la Contraloría no hizo pública la cantidad de personas que violaron la ley para conseguir vacunarse, el medio local O Globo afirmó que se trata de unos 1.000 casos.
Entre las cerca de 50.000 inconsistencias halladas por el organismo figuran el uso de tres o más cartillas de vacunación, la vacunación a personas mayores de 60 años que no están dentro de los grupos prioritarios para la aplicación de la vacuna y la inmunización de ciudadanos como profesionales de la salud sin que lo sean.
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A pesar de que el Ministerio de Salud de Brasil informó de que había adquirido un total de 562 millones de dosis de vacunas —algunas de las cuales ya son fabricadas en el país, como las de AstraZeneca y Sinovac—, la mayoría de los brasileños no tendrá la oportunidad de vacunarse hasta la segunda mitad del 2021.
Brasil es el segundo Estado con mayor número de víctimas mortales y contagios por COVID-19, por detrás de EEUU, con casi 11,9 millones de contagios y más de 290.000 fallecidos.
En Brasil quieren cárcel para quienes se salten la fila de vacunas
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para castigar con penas incluso de cárcel a quienes se salten el orden de vacunación contra el COVID-19 y ahora falta el visto bueno del Senado.
En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que fue aprobado el proyecto de ley 25/21, que tipifica nuevos delitos, como el de "infracción del plan de inmunización".
La infracción del orden de prioridad en la vacunación tendrá una pena prevista de uno a tres años de cárcel y multa.
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La condena aumentará un tercio en caso de que los agentes públicos falsifiquen certificados médicos o cualquier tipo de documento para acceder a la vacuna, pues además del escándalo de robo de identidades a fallecidos, en las últimas semanas salieron a la luz diversos casos de alcaldes y otros políticos que se vacunaron contra el Covid-19 sin respetar el orden de prioridad.
Por: Sputnik Mundo
