El Covid-19 no ha llegado aún ni a las cárceles ni a los centros de detención preventiva en Venezuela. Sorpresivamente para algunos, ninguno de los 381 casos que hasta el momento se han registrado en el país, según las autoridades, se circunscribe a estos espacios.
Pero esto no ha impedido que allí sientan sus efectos. Ni que las consecuencias de la propagación del virus, en un país que arrastraba una crisis importante en distintas áreas, las padezcan todos los actores involucrados en la dinámica carcelaria.
Procesos en el limbo
Lo sabe bien una madre que, más de una vez, en los poco más de 50 días de cuarentena y principalmente debido a la escasez de combustible, ha tenido que caminar hora y media para llevar la comida, cada día, a su hija, una mujer de 40 años que ya va a cumplir un año detenida en una comisaría en Caracas.
La madre, que contó a la Agencia Anadolu con lujo de detalles sus peripecias de los últimos días, prefirió mantenerse en el anonimato para no afectar la ya frágil seguridad de su hija en este recinto.
Una vez allí, solo puede dejar la comida y emprender el largo camino de vuelta, con la ilusión de que su hija reciba el alimento. Desde que comenzó el confinamiento, el pasado 16 de marzo, no ha podido verla.
“Esta pandemia ha sido el pretexto para que los policías dejen ver a quien les da la gana”, lamentó la mujer. Las visitas en estos recintos, sin embargo, se mantienen suspendidas desde principios de abril, pero acusa a los funcionarios de mantener un negocio que ella no puede costear.
Su mayor anhelo, ahora, es que todo vuelva a la “normalidad” que había antes del virus, pues pese a que medios vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro han asegurado que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano garantiza sus servicios durante el estado de alarma, al menos el caso de su hija está parado.
“Quiero que los tribunales empiecen. No es posible que todo el mundo esté en el limbo con esas medidas. Los tribunales deberían trabajar, los juicios deberían seguir. Si es un año de estar sin actividad, ¿esta gente no tiene ningún derecho?”, preguntó.
Su testimonio se repite en otras miles de madres de una población penitenciaria que supera las 100.000 personas. Un grupo mayoritario, de 65.000, está de manera permanente en centros que se supone son de detención preventiva, pero que, por retrasos de traslados a las ya hacinadas cárceles venezolanas, han conformado una suerte de sistema penitenciario paralelo con los mismos vicios y problemas del principal.
De hecho, Una Ventana a la Libertad (UVAL), organización no gubernamental que ha enfocado su investigación y atención en estos recintos, reporta un hacinamiento promedio de alrededor de 200 %, que en algunos casos particulares, como en las comisarías del estado Zulia, asciende hasta el 500 %.
Se suman otros problemas de salud en los internos
A este problema se suman otros que UVAL ha reflejado consistentemente en sus informes: ausencia total o parcial del servicio de agua y retrasos en la atención médica.
Aunque el primero atenta directamente contra la principal norma para prevenir el contagio de Covid-19, es el segundo el que más preocupa a la madre consultada. Su hija tiene una delicada condición, por sufrir de anemia perniciosa, y no ha recibido atención ni tratamiento.
Con estas condiciones, el coordinador de UVAL, Carlos Nieto Palma, tiene una certeza: “Si el coronavirus llegara a los centros carcelarios o de detención preventiva, va a ser una gran tragedia”.
En un informe divulgado en marzo, antes de la llegada de la pandemia al país, informaban que nada más en los 238 centros de detención preventiva que monitoreaban, en 15 estados del país, había al menos 494 reclusos con enfermedades infecto contagiosas.
“Sobre todo tuberculosis. La tuberculosis en estos recintos es así como tener gripe. Y (los afectados) no son atendidos, están conjuntamente con los demás presos, no tienen un aislamiento”, lamentó Nieto Palma en conversación con Anadolu.
Según cifras de UVAL, actualmente habría al menos 39 presos con esta enfermedad en los centros que monitorean.
El riesgo de la propagación de la enfermedad Covid-19 es inminente. Y, aisladamente, autoridades locales han ido tomando medidas para evitarlo. Así, por ejemplo, han desinfectado algunos centros de detención preventiva.
Sin embargo, esta labor podría ser insuficiente o escasa en las cárceles. De acuerdo con cifras de UVAL, apenas se reportaron cuatro jornadas de desinfección en los primeros 50 días de cuarentena. No obstante, aseguran que ha habido un descongestionamiento significativo de los espacios con la liberación de unos 400 reclusos.
De acuerdo con Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Nicolás Maduro y quien pese a las denuncias siempre ha insistido en que Venezuela tiene “uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo”, otras medidas han sido tomadas para garantizar que no se propague el virus en estos espacios.
Más allá de la suspensión de las visitas, aseguró que, por ejemplo, aplican un protocolo de análisis y desinfección a los alimentos. Varela sostiene que la población carcelaria venezolana no ha protestado debido al Covid-19. “Eso denota que en ningún país tienen el control como el que nosotros podemos tener en los recintos penitenciarios”, dijo a principios del mes de abril.
Hambre en las cárceles de Venezuela
Sin embargo, ha sido otro el motivo de los motines y fugas que se han registrado con mayor frecuencia durante esta contingencia: el hambre.
Extraoficialmente se maneja que habría sido precisamente eso lo que provocó, la semana pasada, un enfrentamiento en una cárcel al occidente del país, que según confirmó este viernes el fiscal Tarek William Saab dejó 47 fallecidos y 67 heridos.
La “masacre de Portuguesa”, como ha sido catalogada por políticos de oposición y defensores de Derechos Humanos, está aún sin esclarecer, pero según aseguró Saab este viernes, las investigaciones estaban avanzadas y a mediados de la próxima semana podría realizarse la audiencia de imputación de los responsables, entre quienes ya habrían identificado a 12 personas.
Hasta este viernes, sin embargo, desde la vocería oficial se había hecho poca o nula alusión a este hecho, pues primero predominó el silencio y luego la atención se desvió hacia la denominada operación Gedeón.
De acuerdo con un informe divulgado en la mañana de este viernes por UVAL, en los primeros 50 días de cuarentena en Venezuela se registraron 77 fugados en los centros de detención preventiva, nueve huelgas de hambre como protesta, con la participación de más de mil detenidos y el elemento común del temor al Covid-19 debido a las condiciones de insalubridad.
