Reino Unido decidirá si oro venezolano debe administrarlo Maduro o Guaidó

Lun, 20/12/2021 - 06:40
Tribunales británicos decidirán si otorgarle legitimidad a la junta de Guaidó en el Banco Central de Venezuela. Los activos en juego superan los mil millones de dólares.

El Tribunal Supremo del Reino Unido se dispone a dictar sentencia sobre la disputa por el acceso y control de las 31 toneladas de oro de Venezuela que están depositadas en el Banco de Inglaterra.

Cinco jueces de la máxima instancia del país deberán esclarecer si el "Gobierno del Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como jefe de Estado de Venezuela", tanto de derecho como de hecho, según indicó la Corte.

Los altos magistrados han de resolver también si compete a los tribunales británicos juzgar la legitimidad y validez de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el exparlamentario disidente.

Esta llamada junta ad hoc, constituida en torno a Guaidó, disputa con el consejo del BCV designado por el Gobierno de Maduro la autoridad sobre los lingotes de oro y otros activos adicionales gestionados por Deutsche Bank, que están valorados en su conjunto en torno a los mil millones de dólares estadounidenses.

Los jueces del Supremo, incluido el presidente del Tribunal Lord Reed, darán a conocer su decisión tras cinco meses de deliberaciones. Hasta el momento, el Gobierno de Boris Johnson intervino en favor de Guaidó en el recurso remitido al Supremo por los abogados de Guaidó, que perdieron el caso en el Tribunal de Apelación.

"El Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y, consecuentemente, es el único individuo reconocido con autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe de Estado", señaló a Sputnik una fuente ministerial británica.

Los abogados de Maduro argumentaron que "lo esencial es quien tiene el poder soberano en Venezuela, no a quien le gustaría al Gobierno británico que lo tuviera" y recordaron que ambos países mantienen sus respectivas delegaciones diplomáticas en Londres y Caracas.

Se espera que la posición del Supremo siente un precedente en el ámbito de la llamada "doctrina de una voz" de los poderes ejecutivo y judicial en asuntos de relaciones exteriores.

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