WASHINGTON — El lunes, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una resolución de juicio político en la que acusan al presidente Donald Trump de incitar una insurrección, con lo que aumentó el escrutinio en torno a la manera en que el mandatario buscó atizar el enojo de sus partidarios en un mitin y luego los envío al Capitolio poco antes de que ocurrieran los disturbios de la semana pasada.
Este es un resumen de algunas de las situaciones de riesgo jurídico más generales que podría enfrentar el presidente.
¿Qué leyes penales son aplicables?
Si un gran jurado quedara convencido de que Trump incitó a sus seguidores a la violencia de manera deliberada, podrían invocarse varias leyes.
Por ejemplo, la sección 373 del título 18 del Código Federal de Estados Unidos estipula que es un delito grave inducir o incluso tratar de persuadir a alguien de incurrir en el uso delictivo de la “fuerza física contra bienes o contra otra persona”.
La ley federal principal que condena la incitación de una revuelta, la sección 2101 del mismo título, es complicada, ya que requiere que haya un vínculo con comercio o viajes interestatales. Sin embargo, el Distrito de Columbia tiene una ley penal —la sección 1322 del título 22 de su código— que constituye como delito incitar un disturbio sin ninguna mención de asuntos interestatales.
¿Hay alguna posibilidad de que Trump sea acusado formalmente de un delito mientras ocupa la presidencia?
No. Aunque no hay nada en la Constitución que indique que un presidente en funciones sea inmune a un enjuiciamiento y ningún tribunal lo ha dictaminado, el Departamento de Justicia, desde el gobierno de Nixon durante la controversia de Watergate y de nuevo en la administración de Clinton durante el escándalo Whitewater-Lewinsky, ha tomado la postura de que los presidentes no pueden ser acusados formalmente de un delito mientras están en el cargo.
¿Sería fácil presentar acusaciones en contra de Trump cuando ya no sea presidente?
No. Además de los enormes obstáculos políticos que el Departamento de Justicia enfrentaría durante el gobierno del presidente electo Joe Biden, también habría importantes desafíos legales.
Dadas las protecciones a la libertad de expresión contenidas en la Primera Enmienda, los fiscales tendrían que satisfacer una alta carga de prueba. El precedente principal en la Corte Suprema, el fallo de 1969 en el caso Brandenberg contra Ohio, concluyó que incluso defender el uso de la fuerza y violar la ley equivalen a formas de expresión protegidas “excepto cuando esta defensa está dirigida a incitar o producir actos ilícitos inminentes y es probable que incite o produzca tales actos”.
“No basta con decir cosas que se cree que podrían incitar a algunos miembros de la audiencia a actuar de manera ilícita”, escribió Eugene Volokh, profesor de Derecho en la Universidad de California, campus Los Ángeles, que se especializa en leyes relacionadas con la Primera Enmienda, en una publicación de blog para la revista libertaria Reason.
“Hablar de manera imprudente no es suficiente”, agregó. “La corte estaba muy consciente de que los discursos en apoyo a muchos movimientos —de izquierda, de derecha o de otro tipo—, que apenas motivan a la mayoría a la acción política, pueden inspirar a las minorías de los movimientos a amotinarse o algo peor. Por eso puso especial cuidado en establecer criterios de interpretación muy difíciles de cumplir para garantizar que se proteja la libertad de expresión. Y claro que esos criterios son aplicables en cualquier caso, ya sea que se trate de un orador, un político u otra persona”.
Trump recurrió a muchas imágenes e insinuaciones violentas al atizar la ira de sus seguidores, exhortarlos a “luchar con más fuerza” y enviarlos a marchar al Capitolio, pero jamás les ordenó de manera explícita que cometieran delitos. Y también declaró: “Sé que todos van a marchar pronto hacia el edificio del Capitolio para hacerse escuchar de manera pacífica y patriótica”.
No obstante, personas de distintos bandos ideológicos han coincidido en que Trump incitó los disturbios.
“No hay duda alguna de que el presidente formó la turba”, le dijo a Fox News Liz Cheney, representante republicana por Wyoming. “El presidente incitó a la turba. El presidente le habló a la turba. Él encendió la llama”.
Incluso el exfiscal general William Barr, que fue uno de los facilitadores y aliados más importantes de Trump antes de renunciar el mes pasado, ha interpretado su conducta como la “orquestación de una turba para presionar al Congreso” y se ha referido a las acciones de Trump como “inexcusables” y “una traición a su cargo y a sus partidarios”.
¿El discurso de Trump fue un acto oficial?
Jack Goldsmith, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, advirtió sobre otra posible traba para los fiscales: la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia —incluso cuando Barr la ocupó en 1989— ha escrito varios memorandos de políticas jurídicas en los que sostiene que las leyes a veces no son aplicables a las acciones de un presidente durante actos oficiales a menos que el Congreso haya realizado una “clara declaración” de que esa era su intención.
Esas políticas jurídicas plantean cuestiones difíciles para los fiscales del Departamento de Justicia —y posiblemente para los tribunales—, como si el discurso de Trump a sus partidarios sobre un tema político se puede considerar un acto oficial.
“La verdad es que todo el asunto está plagado de incertidumbre”, afirmó Goldsmith.
¿Podría negársele a Trump ocupar un cargo público en el futuro?
Sí, en teoría. Si llegara a ser declarado culpable en un juicio en el Senado después de ser impugnado por la Cámara de Representantes, o si llegara a ser declarado culpable en un tribunal por incitar no solo una revuelta, sino una “insurrección”, que se entiende como un levantamiento violento en contra del gobierno federal.
La Decimocuarta Enmienda a la Constitución tras la guerra de Secesión les prohíbe ocupar un cargo público a las personas que se hayan visto “involucradas” en una insurrección o rebelión, incluso en el caso de que previamente hayan prestado juramento para defender la Constitución como legisladores o funcionarios federales. Sin embargo, este principio por sí mismo no cuenta con un mecanismo para determinar qué abarca ni cómo se aplica.
No obstante, la resolución de juicio político que presentaron el lunes los demócratas de la Cámara de Representantes cita esa disposición como contexto. Al acusar a Trump de “incitación a la insurrección”, los legisladores buscaron no solo retirarlo de la presidencia, sino también descalificarlo a fin de prohibirle ocupar cualquier cargo federal en el futuro”.
Parece poco probable que haya un juicio en el Senado o una votación antes de que termine el periodo de Trump. Sin embargo, la posibilidad de prohibirle ocupar un cargo público en el futuro le daría relevancia a un juicio político posterior a su presidencia; en 1876, el Senado sometió a juicio al exsecretario de Guerra, William Belknap, que había renunciado justo antes de que la Cámara de Representantes lo impugnara.
Por otro lado, la pena por violar la sección 2383 del título 18 del Código Federal de Estados Unidos, que establece como delito incitar una insurrección, no solo es tiempo en prisión, sino también que el culpable sea “incapaz de ocupar cualquier cargo público en Estados Unidos”.
Cabe destacar que, por separado, esta ley abarca el acto de proporcionar asistencia o consuelo a personas involucradas en una insurrección. En un video que publicó en Twitter mientras transcurrían los actos violentos, Trump consoló a los alborotadores en lugar de condenarlos. Repitió sus afirmaciones falsas sobre el fraude electoral que ellos invocaban como su justificación. Tras decir: “Necesitamos paz” y exhortarlos a irse a casa, agregó: “Los amamos; son muy especiales”.
Por: Charlie Savage
