Venezuela está en jaque. Lo que comenzó como un Estado fallido bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha transformado en una maquinaria criminal funcional que amenaza la estabilidad regional. Así lo expone, en entrevista exclusiva para Diálogo, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y exministro de Defensa de Bolivia, quien traza un diagnóstico implacable sobre esta mutación y sus implicaciones geoestratégicas.
Con base en hechos verificables y años de seguimiento regional, Sánchez Berzaín afirma que Venezuela se ha consolidado como un Estado criminal, superando todos los umbrales del narcoestado mediante la captura de sus instituciones por redes de corrupción y narcotráfico, la cooptación de las Fuerzas Armadas y la dependencia de economías ilícitas que hoy sostienen la permanencia del régimen en el poder.
El alcance, advierte, es hemisférico. Maduro ha proyectado un crimen transnacional que opera en alianza con cárteles colombianos, grupos armados irregulares, organizaciones terroristas y actores extrarregionales como China, Irán, Rusia y Corea del Norte. Esta estructura, consolidada en la última década, alerta Sánchez Berzaín, constituye una amenaza estratégica que ha convertido a Latinoamérica en un tablero de disputa dominado por redes de gobernanza criminal.
Diálogo: Usted ha descrito el narcoterrorismo, esa alianza entre violencia terrorista y economías criminales del narcotráfico, como la forma de agresión más cruel contra los pueblos de Latinoamérica en el siglo XXI. Sin embargo, esta amenaza no es nueva. ¿Qué ha cambiado respecto al narcoterrorismo del siglo XX y por qué considera que hoy constituye la mayor amenaza para la región?
Carlos Sánchez Berzaín, director para el Instituto Interamericano para la Democracia y ex ministro de Defensa de Bolivia: En los años 1980 vimos el surgimiento del narcoterrorismo en Latinoamérica con los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el M-19 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, que pasaron de ser guerrillas ideológicas a convertirse en productores, protectores y traficantes de droga. Lo mismo ocurrió en Perú con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. Esos son los ejemplos más claros del narcoterrorismo del siglo XX.
¿Y qué caracterizaba a ese narcoterrorismo? Era un fenómeno localizado. Estas organizaciones podían controlar pequeñas o incluso amplias zonas, ejercían violencia armada, secuestros, asesinatos, pero permanecían confinadas territorialmente. A pesar de su capacidad, no controlaban ningún Estado ni ningún país.
¿Qué cambió en el siglo XXI? El narcoterrorismo dejó de ser un fenómeno localizado y suplantó la política mediante la actividad criminal, ocupando la representación de países enteros como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Así, actores criminales pasaron a operar como sujetos de derecho internacional, con inmunidades y privilegios diplomáticos, pero sin dejar de ser estructuras narcoterroristas.
El mejor ejemplo es el Cártel de los Soles. El reciente giro de la política exterior de los Estados Unidos ha sido precisamente devolverle su carácter criminal y retirarle la condición de representante internacional de Venezuela.
Y esto ha tenido un enorme impacto en la seguridad y estabilidad democrática de la región. En 1994, cuando se celebró la primera Cumbre de las Américas, había 34 democracias y una sola dictadura que era Cuba, que además agonizaba. Pero con la llegada de Chávez en 1999, el siglo XXI se convierte en el período de expansión de esa dictadura, que no solo se replica, sino que crea narcoestados y redes criminales que se presentan como gobiernos legítimos. Desde ahí ejercen una agresión directa contra las democracias de la región.
Todo esto se enmarca en un concepto contemporáneo que es la guerra híbrida. El narcoterrorismo es una de sus expresiones, junto con la migración forzada, la penetración del crimen común, el tráfico de personas e incluso el financiamiento de candidatos que responden a estas estructuras.
Diálogo: En ese marco de ideas, Venezuela ha sido señalada por diversos investigadores y analistas como un hub de la cocaína, resultado de la estrecha relación entre el Estado y organizaciones criminales, consolidando al régimen de Nicolás Maduro como un verdadero narcoestado o “Estado criminal”. ¿Cómo se proyecta esta influencia sobre las democracias vecinas, cuáles son los mecanismos a través de los cuales erosiona o desestabiliza sus instituciones, y qué riesgos implica para la seguridad regional?
Sánchez Berzaín: El caso venezolano es, ante todo, el resultado de la expansión de la dictadura cubana. Venezuela es un narcoestado satélite del sistema dictatorial de Cuba, y esto no es una conjetura, es una realidad objetiva, es decir es un hecho verificado y verificable en múltiples niveles.
Cuando Hugo Chávez llega al poder en 1999, acude en auxilio de una Cuba agonizante que atravesaba su “periodo especial”. A partir de ese momento se forma una suerte de troika donde Chávez aportaba el capital con el petróleo y la riqueza venezolana, mientras Fidel Castro aportaba el know-how de un régimen que, desde 1959, acumulaba décadas de represión, fusilamientos, creación de guerrillas, invasiones, protección a terroristas, secuestro de aviones y vínculos probados con el narcotráfico. Cuba fue, de hecho, el primer narcoestado del hemisferio.
Con Chávez, el siglo XXI comienza bajo la narrativa de un supuesto “movimiento bolivariano”, que en realidad termina siendo la expansión internacional de la dictadura cubana. Y paradójicamente, lo mejor que le ocurre a ese proyecto es la muerte de Chávez. Mientras él vivía, era el líder indiscutible gracias a los recursos que manejaba. Esa riqueza financió mecanismos como Petrocaribe, mediante el cual se garantizaba el voto de los países del Caribe en la OEA y en Naciones Unidas.
Con la misma estrategia avanzaron sobre Sudamérica: Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay, Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Ollanta Humala en Perú, y una creciente influencia en Colombia con Juan Manuel Santos. Es el mapa político del socialismo del siglo XXI.
Dos hechos resultan claves para entender esta historia de 25 años. Primero, la muerte de Chávez, que desata una disputa interna entre el “castrismo venezolano” —representado por Nicolás Maduro— y el “chavismo venezolano” de Diosdado Cabello. Gana Maduro. Y desde ese momento Venezuela pasa a ser formalmente una colonia política de Cuba, algo que no había ocurrido mientras Chávez lideraba el proyecto. Basta observar las imágenes de la época, Castro parecía el asistente de Chávez, no al revés.
En ese nuevo contexto, Venezuela se convierte en la plataforma geopolítica y logística de Cuba, aprovechando su posición geográfica, su infraestructura y su riqueza. Desde allí se construye el hub de la cocaína, una operación transnacional articulada con las FARC en Colombia, con el Gobierno de Correa en Ecuador, con el régimen de Evo Morales en Bolivia, con Nicaragua y, por supuesto, con Cuba.
Hay hechos documentados que lo confirman. Durante el Gobierno de Chávez, y mientras Evo Morales gobernaba Bolivia, se reveló, y está publicado en la prensa internacional, que aviones de la Fuerza Aérea Boliviana transportaban cocaína directamente hacia la rampa presidencial de Maiquetía, en Venezuela. Esto fue corroborado por un oficial [de la Fuerza Aérea] boliviana, el entonces Coronel [Marco Antonio] Rocha Venegas, quien declaró en los Estados Unidos, donde hoy vive bajo protección.
Así operan los narcoestados. Y así se consolida también el narcoterrorismo, que emerge cuando el socialismo del siglo XXI toma control de gran parte de la región.
En ese marco se desarrollan los narcoestados y la estrategia del narcoterrorismo, donde el narcotráfico es concebido como un arma de agresión. Fidel Castro y el Che Guevara lo dijeron desde los años 1970, el narcotráfico era un instrumento de lucha.
De la Guerra Fría pasamos a la guerra subversiva, luego a la guerra irregular, y hoy a la guerra híbrida. Y en este marco, los ataques contra las democracias de la región como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y se materializan con migración forzada, narcotráfico, terrorismo, operaciones de maras y el Tren de Aragua.
Hoy la amenaza ha traspasado todas las fronteras, con el enemigo ya identificado y en el marco de una guerra híbrida que señala a Venezuela, Nicaragua y Bolivia como los principales epicentros de esa agresión.
Diálogo: ¿En qué momento Venezuela dejó de ser un problema de política interna, de preocupación fronteriza o regional, para convertirse en una amenaza directa a la estabilidad internacional?
Sánchez Berzaín: Venezuela se convierte en una amenaza internacional cuando el dinero del petróleo empieza a no alcanzar. Venezuela era un país muy rico, pero la expansión del proyecto castrochavista, que buscaba controlar políticamente a toda América Latina, demandaba recursos descomunales.
Cuando las finanzas petroleras ya no bastan, aparece un mecanismo de corrupción transnacional decisivo, ejemplo, el caso Lava Jato. [Lava Jato fue la mayor investigación anticorrupción jamás realizada en Brasil, que sacó a la luz un enorme esquema de sobornos y lavado de dinero centrado en la petrolera estatal Petrobras, empresas constructoras y políticos de alto nivel.]
Cuando esa vía también se agota, el régimen recurre al camino más rentable: el narcotráfico, porque no existe negocio que compita con él, especialmente cuando se opera desde el propio gobierno. Y entonces se produce un fenómeno clave: no es que “los narcos tomaron el poder”, sino que quienes estaban en el poder se convirtieron en la mafia. Subordinaron al crimen organizado y pasaron a liderar ese conglomerado criminal para sostener su proyecto político.
Esto ocurre porque la expansión del socialismo del siglo XXI requería cada vez más dinero, no solo para financiar Petrocaribe, sino para operaciones gigantescas como sostener varias campañas [políticas]. Era un proyecto transcontinental que necesitaba recursos ilimitados.
En el fondo, la expansión del narcoterrorismo tiene una lógica, que no es otra que debilitar democracias, atacar liderazgos democráticos, destruir sistemas de partidos y, a la vez, financiar el ascenso de sus propios dirigentes. Cuando el dinero legal deja de ser suficiente, el narcotráfico se convierte en la fuente principal.
Venezuela ya era un narcoestado bajo Chávez, pero el punto de quiebre llega con su muerte. Cuando Cuba asume la jefatura total del proyecto, el narcotráfico se profundiza, se sistematiza y se institucionaliza. Ese es el momento en que Venezuela deja definitivamente de ser un asunto interno para transformarse en una amenaza global.
Diálogo: Venezuela ha sentado precedentes alarmantes al facilitar pasaportes y documentos de identidad a agentes extrarregionales, creando canales de lavado de identidad y movilidad encubierta. ¿Qué patrones de facilitación delictiva se están replicando en la región a partir del modelo venezolano, y qué riesgos genera que Estados latinoamericanos se conviertan en centros de tránsito para operaciones de este tipo?
Sánchez Berzaín: Esto no es nuevo. Cuba ha hecho exactamente lo mismo en los años 1960, 1970, 1980 y 1990. Lo que hoy parece novedoso en Venezuela no es más que la réplica abierta —y ya institucionalizada— de una práctica histórica del castrismo.
Durante décadas, Cuba fue un centro de refugio para terroristas y prófugos internacionales. En los años 1980 y 1990, un pasaporte cubano podía “convertir” la identidad de cualquier persona, y la isla cobraba por proteger delincuentes. Venezuela no inventa esto: lo reproduce porque se lo ordena Cuba. Desde que Maduro llega al poder, actúa como un títere del régimen cubano, y por eso todas las prácticas criminales históricas de Cuba —redes de identificación falsa, protección a terroristas, lavado de identidad— aparecen ahora como “creación venezolana”, aunque no lo son.
La historia es clara. ¿Quién protegió en el siglo XXI a las guerrillas narcoterroristas colombianas? Cuba. ¿Dónde se firmó el acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano después de que el pueblo rechazó el pacto en el plebiscito? En La Habana. Lo que ocurre con Venezuela es simplemente un traslado del eje criminal: el hub pasa de Cuba a Venezuela, donde se vuelve más visible porque Venezuela es un país grande, estratégicamente ubicado, rico y con peso internacional.
Este patrón no solo se replica en Venezuela: se expande a Bolivia, Nicaragua y otros regímenes del mismo bloque. En Bolivia se “reidentifica” a iraníes, se protege a narcotraficantes y se otorgan documentos con absoluta discrecionalidad. Hay casos documentados: uno de los hijos del Chapo Guzmán sufrió un accidente en Santa Cruz mientras recibía entrenamiento para ser piloto civil. El año pasado [2024] estalló un escándalo cuando se descubrió que un narcotraficante —Masset, aún prófugo— vivía en Santa Cruz, tenía un equipo de fútbol y compartía actividades con altos funcionarios del gobierno. Cuando la prensa lo expuso, las autoridades facilitaron su fuga.
Poco después apareció en Santa Cruz el segundo hombre del Comando Vermelho, el segundo grupo narcoterrorista más poderoso de Brasil. Y en Argentina, la ministra Patricia Bullrich denunció la llegada de iraníes con pasaportes bolivianos que ni siquiera hablaban español. Es un sistema completo: documentos falsificados, protección criminal, movilidad encubierta y redes transnacionales que circulan con apariencia de legalidad.
¿Cuál es el mayor riesgo? Que el poder político sea suplantado por el crimen organizado. Ese es el núcleo del problema. ¿Qué se prevé? Que este año el Cártel de los Soles pierda la capacidad de someter al pueblo venezolano, y que eso desencadene la caída de los otros centros aún activos: Cuba y Nicaragua. Bolivia está en proceso de desmontaje, pero requiere apoyo.
Cuando desaparezcan estas cuatro dictaduras narcoterroristas como “sujetos de derecho internacional”, caerá también la estructura que les da poder, y me refiero a las inmunidades diplomáticas, embajadas convertidas en centros de conspiración, espionaje y protección criminal. Las embajadas de Cuba lo han sido siempre; ahora lo son también las de Venezuela y Nicaragua. Ante eso, ¿cómo puede defenderse una democracia si debe reconocer privilegios diplomáticos a quienes la están agrediendo?
El ejemplo es claro, en tiempos de Correa, Ecuador protagonizó el caso de la “narco-valija”, una valija diplomática enviada a Londres con cocaína. Ese es el nivel de penetración criminal que se ha institucionalizado bajo este modelo.
Diálogo: Dado el nivel sin precedentes de coordinación entre los actores estatales criminales y el crimen transnacional, este año hemos visto un aumento de designaciones terroristas contra organizaciones criminales transnacionales, desde cárteles mexicanos hasta el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Esto marca un verdadero punto de inflexión en la confrontación entre los Estados criminales y la arquitectura democrática y de seguridad de la región. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este cambio?
Sánchez Berzaín: El verdadero punto de inflexión no está en las designaciones, sino en el cambio de política externa norteamericana, que produce un cambio en la geopolítica que es la política aplicada al territorio de las Américas. Estados Unidos está reordenando el mapa regional con países como Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana e incluso Bolivia alineándose con esta estrategia. Aunque otros se mantienen al margen, el giro geopolítico ya está en marcha.
Y las consecuencias son evidentes con operativos antinarcóticos simultáneos. Estamos ante una disyuntiva ineludible, o los gobiernos protegen al narcoterrorismo, o cumplen su deber básico de hacer cumplir la ley.
Ese es el primer cambio, la reconfiguración geopolítica del hemisferio. El segundo es la recuperación de los pilares democráticos. Esto implica restaurar libertades y derechos hoy violentados por el narcoterrorismo; reconstruir el Estado de derecho demolido por leyes infames diseñadas para blindar a las mafias; recuperar la independencia judicial, y garantizar la libre organización política de modo que las estructuras criminales no puedan convertirse en partidos ni en instrumentos de poder.
A diferencia de los años 1990, cuando los narcos financiaban a los políticos, como ocurrió en Colombia con el caso Ernesto Samper, hoy los narcos son el poder. Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Evo Morales en Bolivia, y Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no son infiltrados, son jefes de estructuras narcoterroristas. Se ha cumplido el sueño de Pablo Escobar donde ya no hablamos de políticos contaminados, sino de Estados capturados por el crimen.
Las designaciones, en ese sentido, son solo la superficie de un cambio mucho más profundo. Por primera vez en muchos años, la región ha identificado claramente al adversario, y ese adversario es el narcoterrorismo, con el régimen de Maduro como su eje operativo.
Ahora lo que importa no es la retórica, sino los resultados. Y estos ya empiezan a verse. El caso más evidente es Chile donde tras el asesinato del Teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, opositor al régimen de Nicolás Maduro, a manos del Tren de Aragua, el Estado reaccionó con contundencia y adoptó una verdadera estrategia de combate al crimen organizado transnacional. Al final, lo decisivo será medir las acciones, no solo las designaciones.
Diálogo: El Caribe suele quedar al margen del debate, pero es una zona estratégica para las redes criminales transnacionales. ¿Se ha convertido el Caribe en un espejo del avance del crimen organizado vinculado a estos regímenes? ¿Cuáles son las señales más evidentes de que la región está absorbiendo las consecuencias de esta criminalización de la política?
Sánchez Berzaín: El Caribe es, en realidad, un reflejo directo de lo que ocurre en el continente. Si a Centroamérica o Sudamérica les da un resfriado, al Caribe le da neumonía. Esa es la magnitud del impacto. Hoy, la región experimenta de manera inmediata las consecuencias de un ecosistema criminal transnacional.
La clave para revertir esta tendencia es sacar al crimen organizado del poder político y devolverlo al ámbito que le corresponde que no es otro que el del law enforcement. Cuando el crimen deja de estar incrustado en las estructuras de gobierno, ningún Estado queda subordinado a estas mafias, y la aplicación de la ley se vuelve posible y efectiva.
Ese era el escenario de los años 1990, un narcoterrorismo puntual, identificable y atacable desde el marco legal. Hoy, en cambio, la ley tropieza con obstáculos como las “inmunidades diplomáticas” que protegen a operadores criminales.
Lo cierto es que el Caribe y el hemisferio entero estarán en una mejor posición cuando el crimen abandone la política. Hoy, organizaciones como el Tren de Aragua operan bajo la protección de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un miembro del Tren de Aragua que busca refugio puede acudir a una embajada cubana, venezolana, nicaragüense.
Cuando el crimen vuelve a su verdadera dimensión que es la criminal y deje de estar amparado por estructuras estatales, la aplicación de la ley deja de ser una batalla imposible y recupera su eficacia. Ese es el camino que debe seguirse.
PARTE II
En la segunda parte de esta entrevista, Carlos Sánchez Berzaín examina cómo Venezuela junto con otros regímenes aliados, se ha convertido en un escenario central de la guerra híbrida global. Desde la penetración operativa de Irán y sus redes terroristas, hasta la influencia estratégica de China y Rusia en infraestructura, tecnología y recursos críticos, la región, alerta Sánchez Berzaín, es hoy un nudo estratégico de desestabilización transnacional.
Créditos a Sabina Nicholls y Diálogo de las Américas
