Control para la licitación de TM por la Avenida 68

Sáb, 07/12/2019 - 06:58
La concejal Mafe Rojas solicitó a los entes de control revisar al detalle las alertas que se están prendiendo alrededor del proyecto de Transmilenio por la Av. 68 que el Instituto de Desarrollo Urba
La concejal Mafe Rojas solicitó a los entes de control revisar al detalle las alertas que se están prendiendo alrededor del proyecto de Transmilenio por la Av. 68 que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, sacará a licitación en las próximas horas. Según denunció la concejal del Partido Alianza Verde, los estudios previos de este proyecto, que tiene un costo de $2.6 billones de pesos, fueron revisados y aprobados por parte del asesor del IDU, Germán Orlando Corredor Aguilera, capturado por cargos de corrupción el pasado 19 de noviembre por la Fiscalía General de la Nación. Según el ente investigador el funcionario de la entidad generó sobrecostos de $5.000 mil millones en el contrato 330 de 2016, cuyo objetivo era el mantenimiento de espacio público a cargo del consorcio Unión Temporal Espacio Público. Lea también: JEP rechazó sometimiento de ‘Marquitos’ Figueroa Para la concejal es prudente que el IDU suspenda la licitación, hasta tanto no se tenga total seguridad que la “revisión y aprobación” del contratista Germán Orlando Corredor, vinculado a la Subdirección general de Infraestructura del IDU, no haya permeado el proceso con actos de corrupción. “El IDU es una entidad que ha hecho un trabajo muy arduo para sanearse, no podemos permitir que mantos de duda caigan nuevamente sobre los procesos que adelanta, menos en un proyecto de esta magnitud. Hago un llamado a los funcionarios y a la entidad, para que no asuman riesgos innecesarios por afanes inocuos y suspendan esta licitación. Al menos, mientras se esclarece el rol del señor Corredor” señaló la concejal. https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1202958432023797762?s=20 La Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado de prensa señaló que existe material probatorio y que varios de los implicados aceptaron los cargos. La entidad acusa al contratista Corredor de apropiarse ilegalmente de $2.550 millones de pesos por medio del contrato 330. Dicho contrato fue adjudicado el cuatro de octubre del año 2016 y debía terminar en noviembre de 2017; pero luego de ocho modificaciones, la última con fecha del 28 de diciembre de 2018, sigue sin entregarse.
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