Hasta el momento son 10 casos de homicidio en persona protegida por los que Montoya deberá responder. Con esto, el excomandante del ejército se expondría a una pena de 40 años de cárcel. Las investigaciones son resultado de las operaciones Orión y las que derivaron en los falsos positivos.
El documento será enviado en los próximos días de la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, en este se evidencian los delitos que habría cometido el general en la época en la que se 'dispararon' el número de homicidios de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
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Según el expediente que publicó Blu Radio, Montoya fue escuchado en interrogatorio el 10 y 11 de agosto del 2015. Los hechos que dieron origen a la investigación fueron las muertes de Fair Leonardo Porras, Daniel Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez.
Durante casi tres años de investigación, la Fiscalía determinó que el general Montoya, en su calidad de comandante del Ejército, "es responsable de homicidios cometidos por integrantes de al menos siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia".
Esto lo justificó "al haber implementado una política de presión por resultados, clasificación de las unidades militares por la cantidad de muertes en combate que reportaran. Además de beneficios profesionales para los que se destacaran por la cantidad de bajas..."
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Sobre los civiles que estaban en riesgo por parte de las unidades militares, la Fiscalía determinó que no se atendieron las denuncias de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de víctimas que alertaron sobre lo que estaba pasando.
El general fue escuchado por la Fiscalía en un interrogatorio en el que manifestó que:
"en su comandancia se había preocupado extraordinariamente por el respeto a los derechos humanos. Añadió que como comandante no tenía la posibilidad de ejercer control sobre las tropas y que la responsabilidad por las operaciones recaían en los comandantes de división brigada y batallón".
Pero la Fiscalía señaló que como comandante era garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil que puso en peligro con su política de presión y tenía el deber jurídico de impedir lo que pasó.
