Uno de los demandantes es el exministro de Agricultura Darío Lizarralde, entre otros, quienes afirman que los líderes de la movilización no han dado a entender con "exactitud" los motivos del paro nacional el próximo 21 de noviembre.
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Además, dicen que "se espera que las protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos como el patrimonio, la seguridad y el espacio", por lo que con esta acción judicial se buscaría también “obligar a los promotores del paro a que respondan ante el país, por los derechos de los ciudadanos y por las situaciones de vandalismo que se puedan llegar a presentar”.
Y aunque el demandante defendió la protesta social como un derecho constitucional, respaldó su acción judicial solicitando la, también obligación constitucional, de preservar la paz en el país y evitar el vandalismo, indicó Caracol Radio.
Tanto Lizarralde como María Claudia Rojas Lasso, exmagistrada del Consejo de Estado que también está en el grupo de querellantes, sustentaron su preocupación por los posibles riesgos de las manifestaciones poniendo como ejemplo el contexto de protestas y disturbios que se viven en la región por casos como los de Chile, Ecuador y Bolivia.
Los demandantes no solicitaron medidas cautelares para detener las movilizaciones convocadas en todo el país, pero el tribunal estudiará si las otorga o no como parte de la solicitud de medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
