Una de las mujeres que sacaba suspiros en la época de los 80 en Colombia es Lucero Cortés. Fue conocida en todo el país por papeles actorales que realizó en novelas como 'San Tropel', una producción líder en el rating del momento.
Luego de la actuación se dedicó a la política. Llegó a ser Representante a la Cámara. Fue la codirectora del partido de La U y logró sacar adelante leyes como el ascenso de policías y militares secuestrados, y la del castigo de la violencia contra la mujer.
Sin embargo, su vida se enredó judicialmente. Hoy en día la exactriz forma parte de la lista de congresistas que aparentemente se habrían beneficiado con la adquisición de bienes administrados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
[single-related post_id="798962"]
Según las investigaciones, este hecho habría ocurrido en 2011. Desde esa fecha tenía abierta una indagación preliminar por presuntamente haber recibido bienes de la mafia, en específico se hablaba de vehículos que le fueron asignados al grupo de escoltas que se encargaban de su seguridad.
Este lunes, al no encontrar pruebas suficientes que señalaran abrir una investigación formal, la Corte Suprema de Justicia archivó la indagaciones en su contra, así que declaró auto inhibitorio el proceso.
Otros de los políticos que se han mencionado en este caso son: Miguel Pinedo (Cambio Radical), Roy Barreras (La U), Javier Cáceres (Cambio Radical), Álvaro Asthon (Partido Liberal), Myriam Paredes (Partido Conservador), Enrique Rafael Caballero, entre otros.
[single-related post_id="799033"]
Aunque a la política le fue archivada la investigación por el tema del DNE, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pidió que se investigue a la exrepresentante por presunto aumento patrimonial injustificado. El alto tribunal consideró que tras una "evaluación socio económica" entre julio de 2006 y diciembre de 2010 los resultados arrojaron, "en su contra un aumento patrimonial injustificado de $226.046.808”.
Para la Corte este hecho se trataría de enriquecimiento ilícito de servidor público que conlleva a prisión de seis a diez años. El pronunciamiento lo realizó el magistrado, Luis Guillermo Salazar al archivar la investigación que se adelantaba en contra de la exrepresentante Cortés.
