El Consejo de Estado decidió salvar al Estado colombiano de una demanda contra la Nación por parte de víctimas de un atentado con carro bomba ocurrido en 1993 en Bogotá, atribuido al fallecido capo Pablo Escobar Gaviria.
La decisión del Tribunal es que este atentado no fue "contra una edificación estatal o contra un representante del Estado" y por lo tanto no hubo falla de las autoridades que estaban enfrentadas a los miembros del narcotráfico, especialmente el Cartel de Medellín.
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El alto tribunal añade que este daño no fue previsible por parte de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. Añadido a lo anterior, los magistrados sustentaron la decisión en que los atentados financiados por el narcotráfico no eran responsabilidad de la Nación o de las autoridades y que lograron adelantar acciones para contrarrestar en muchos casos este tipo de ataques.
La bomba explotó el 30 de enero de 1993 en el norte, barrio Veracruz, Bogotá. Un carro con 100 kilos de dinamita que dejó al menos 24 personas muertas y otras 70 heridas.
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La decisión fue tomada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dará en su ponencia instrucciones para mejorar las políticas públicas en el sentido de establecer que este tipo de situaciones no pueden ser atribuibles a la Nación pero si considerar un fondo para responder a las víctimas que de alguna forma salieron afectadas por estos hechos.
