El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la designación de Andrés Idárraga como nuevo ministro de Justicia encargado, tras la salida de Eduardo Montealegre del cargo el pasado 24 de octubre. La decisión se oficializó luego de que el exmagistrado César Julio Valencia Copete, quien había sido considerado para asumir la cartera, declinara su nombramiento por motivos de salud.
Idárraga, quien actualmente se desempeña como secretario de Transparencia de la Presidencia, asumirá el liderazgo temporal del Ministerio de Justicia mientras el Gobierno define si será ratificado o si se abrirá un nuevo proceso para escoger al jefe definitivo de esta cartera clave en la política judicial del país. Por ahora, el funcionario combinará ambas responsabilidades, una decisión que desde el Ejecutivo se considera viable debido a la experiencia de Idárraga en temas de lucha contra la corrupción, integridad pública y seguimiento a políticas de justicia.
La salida de Montealegre, ocurrida en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre el rumbo de la reforma a la justicia, abrió un espacio que el Gobierno esperaba llenar rápidamente. Sin embargo, la declinación de César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, obligó a Petro a mover sus fichas de forma provisional. Según fuentes oficiales, el examen médico requerido para su posesión arrojó resultados que impiden al jurista ejercer funciones de alto nivel, lo que frustró su llegada al Gobierno.
El propio presidente lamentó públicamente la situación. A través de su cuenta en X, Petro expresó su reconocimiento al magistrado Valencia Copete y destacó su trayectoria en la Rama Judicial. “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno, a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi Gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar”, escribió el mandatario.
La elección de Idárraga como ministro encargado se interpreta dentro del Gobierno como una medida transitoria, pero estratégica, en un momento en el que la agenda judicial requiere decisiones inmediatas. Entre las prioridades se encuentran la continuidad de la implementación de la política criminal humana, la articulación con el Congreso para avanzar en reformas pendientes y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia dentro del sistema judicial.
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Analistas señalan que la figura de Idárraga podría aportar continuidad técnica en un Ministerio que ha tenido varios cambios recientes y que enfrenta retos significativos, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la corrupción judicial, la revisión de la política penitenciaria y el seguimiento al cumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa cuál será el camino a seguir para definir un ministro en propiedad. Por ahora, la llegada de Idárraga busca dar estabilidad a la cartera y garantizar que los procesos estratégicos del Ministerio de Justicia no se vean interrumpidos en un momento crucial para el país.
