El presidente Gustavo Petro abordó una de las mayores controversias de su gobierno al referirse, en una alocución del 19 de noviembre de 2025, a la muerte de al menos 15 menores de edad en bombardeos ejecutados por la fuerza pública entre agosto y noviembre contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
Aunque asumió la responsabilidad política por los hechos, el mandatario defendió la continuidad de estas operaciones militares, argumentando que son fundamentales para la seguridad nacional y para contener el avance de los grupos armados ilegales.
La polémica se intensificó después del ataque aéreo en Guaviare, a comienzos de noviembre, que dejó siete menores muertos, todos ellos —según información oficial— reclutados de manera forzada por las disidencias. Las edades de los jóvenes oscilaban entre los 13 y los 17 años. La situación generó preocupación en organismos internacionales como la ONU y Unicef, que exigieron medidas para proteger los derechos de la niñez y evitar nuevas víctimas en el marco del conflicto.
Acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y altos mandos militares, Petro aseguró que las disidencias están utilizando a los menores como “escudos humanos”, una práctica que calificó como “cobarde” y “criminal”. Según el mandatario, estos grupos han intensificado el reclutamiento con el objetivo de frenar los bombardeos, pues son operaciones que afectan severamente sus estructuras. Suspenderlas —argumentó— enviaría un mensaje contradictorio y aumentaría el riesgo de que más niños y adolescentes sean forzados a unirse a los grupos ilegales.
Petro hizo además una diferenciación entre los “niños” y los “adolescentes” bajo el marco legal colombiano y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Aseguró que los menores muertos no eran civiles ajenos al conflicto, sino jóvenes entrenados, armados y movilizados como combatientes. “No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o que estaban en sus hogares”, dijo, insistiendo en que el Ejército no ha atacado a población civil.
El presidente reconoció, sin embargo, el dolor de las familias y pidió perdón a las madres de los menores fallecidos en los bombardeos realizados en Guaviare, Caquetá, Arauca y Amazonas, reiterando que la guerra es “un hecho anómalo y negativo”. Aun así, sostuvo que detener los ataques permitiría una mayor expansión del EMC, especialmente de la estructura comandada por ‘Iván Mordisco’.
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Las críticas internas no se hicieron esperar. La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió suspender los bombardeos por posibles violaciones al DIH y solicitó informes detallados sobre la planeación de las operaciones, los cuales —según afirmó— no ha recibido. En el Congreso, entre tanto, avanza una moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez, quien deberá rendir explicaciones antes del 16 de diciembre.
Mientras el debate crece, el Gobierno mantiene su posición: continuar las operaciones aéreas contra las disidencias del EMC y enfrentar el reclutamiento forzoso, aun en medio del profundo cuestionamiento nacional e internacional que deja la muerte de menores en el conflicto armado colombiano.
