El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue requerido oficialmente por la Contraloría General de la República para que explique el uso de una aeronave de la Policía Nacional en el transporte de influenciadores afines al Gobierno hacia Barranquilla. La solicitud se produjo tras el revuelo mediático y en redes sociales por lo que ha sido interpretado como un posible uso indebido de bienes públicos.
A través de una comunicación emitida este miércoles 21 de mayo, el órgano de control fiscal solicitó a Benedetti que detalle las razones que justificaron el traslado de un grupo de creadores de contenido en un avión que, por norma, está destinado para asuntos institucionales. La Contraloría, bajo la dirección de Carlos Hernán Rodríguez, busca establecer si existió algún tipo de convenio o autorización formal para tal operación.
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“Respetado señor Ministro: Solicito información relacionada con hechos recientes conocidos a través de medios de comunicación, según los cuales un grupo de influenciadores y seguidores del Gobierno nacional habría sido transportado en una aeronave de la Policía Nacional a Barranquilla. Esta situación genera dudas sobre la legalidad, justificación y respaldo administrativo de dicho traslado”, reza el documento firmado por Luis Enrique Abadía, contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad.
En su requerimiento, la Contraloría formuló cuatro preguntas clave que Benedetti deberá responder:
- Si existe un convenio, contrato interadministrativo o instrumento jurídico vigente entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que permita el uso de aeronaves oficiales para transportar personas distintas a funcionarios públicos.
- En caso afirmativo, copia del acto administrativo o convenio suscrito, junto con los criterios de selección, alcance y justificación misional.
- La participación del Ministerio del Interior en la organización, logística o coordinación del vuelo.
- Qué entidad asumió los costos del traslado aéreo y con cargo a qué rubro presupuestal.
El origen del escándalo fue un cabildo abierto en Barranquilla, convocado por el Gobierno nacional, que contó con la participación de funcionarios y simpatizantes del presidente Gustavo Petro. En redes sociales comenzó a circular una fotografía publicada por el exembajador en México, Moisés Ninco Daza, en la que aparecen bajando de la aeronave de la Policía varios influenciadores digitales como Me dicen Wally, Celso Teté Crespo, Hernán Muriel y Maicol Cajamarca, entre otros.
La imagen, que muestra claramente los emblemas de la Policía Nacional en el avión, desató una oleada de críticas por parte de opositores, periodistas y ciudadanos que cuestionan el uso de recursos públicos en lo que consideran actividades proselitistas. Desde sectores políticos de oposición se ha advertido que podría tratarse de una forma encubierta de financiar campañas desde el Estado.
Frente a la controversia, el presidente Gustavo Petro no dudó en salir al paso. En una publicación en la red social X, respondió directamente a la periodista Luz María Sierra, defendiendo el uso de los aviones oficiales para transportar comunicadores. “Nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”, escribió el mandatario, sugiriendo que esta práctica no solo es legítima, sino que seguiría siendo implementada.
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, denunció que el Ministerio del Interior habría destinado cerca de $7.000 millones en contratos para cubrir este tipo de actividades durante 2025. Según Briceño, $661 millones de ese total se habrían invertido específicamente en 35 horas de vuelo en aviones y helicópteros de la Policía Nacional, cifras que sustentó con documentos públicos.
El caso, que ya había sido objeto de una petición previa por parte de la Procuraduría General de la Nación, pone en el centro del debate el uso de recursos estatales con fines que podrían no estar alineados con los principios de la función pública. Benedetti, quien ha calificado estas acciones como parte de una “persecución”, deberá responder a la Contraloría con los soportes administrativos correspondientes en los próximos días.
