Por medio de un comunicado, el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura de la senadora electa Aida Merlano, por las irregularidades cometidas durante las pasadas elecciones legislativas en el país.
"El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida del cargo o investidura, como senadora elegida, para el período constitucional 2018 – 2022, de la señora Aida Merlano Rebolledo, por cuanto se demostró que su campaña para las elecciones del 11 de marzo del 2018 vulneró, con la aquiescencia de ella, los topes máximos de financiación electoral", señaló el alto tribunal en el comunicado.
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Entre los argumentos presentados por el alto tribunal está que la senadora sobrepasó el monto máximo de gastos que estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cada uno de los candidatos, el cual fue de 884 millones de pesos.
https://twitter.com/FiscaliaCol/status/973688705432121350
Con la ponencia presentada por el magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sala Plena estableció que la senadora Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General de la Nación, durante el allanamiento practicado el 11 de marzo.
Tal como indicó ese tribunal, Merlano estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y, por ende, tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018.Asimismo, el alto tribunal reprochó la renuencia injustificada de Merlano a rendir el informe de ingresos y gastos de la campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el “Módulo de Ingresos y Gastos”, lo que permitió evidenciar la intención de ocultar el flujo de gastos. Aida Merlano está siendo investigada por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara que la congresista hizo parte de una estructura dedicada a la compra de votos, durante las pasadas elecciones al Congreso de la República.
