Las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo, impulsadas por las centrales obreras en apoyo a las reformas sociales del Gobierno Petro, han dejado una estela de ambigüedad política, bloqueos, baja asistencia y un creciente agotamiento ciudadano.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha intentado tomar distancia de la convocatoria, la narrativa pública lo sigue vinculando directamente al llamado a las calles, un terreno que ha transitado con insistencia desde su llegada al poder y mucho antes, como líder de oposición. Sin mencionar, las invitaciones constantes en sus alocuciones a la ciudadanía a tomarse las calles para exigir al Congreso salvar sus reformas.
Aunque Petro insiste en que la huelga fue convocada por sindicatos y no por su gobierno, las señales que ha emitido desde hace semanas, desde discursos en China hasta mensajes en redes sociales, han reforzado la percepción de que este paro tiene su sello ideológico completamente.
De hecho, una filtración conocida recientemente mostraba al entonces ministro del Interior consultando por WhatsApp al presidente sobre quién debía convocar una “huelga general”, lo cual sugiere una iniciativa que, si no nació en la Casa de Nariño, al menos fue alentada desde allí.
El principal dilema que enfrenta Petro en este episodio no es solamente el limitado respaldo en las calles, sino el choque entre su discurso movilizador y las consecuencias prácticas del paro.
La ambigüedad institucional de que sea el mismo gobierno quien promueve protestas contra el Congreso —poder del Estado del que forma parte— crea un escenario inédito en la política colombiana. Como consecuencia, Petro se enfrenta a un doble costo: uno por una convocatoria que no prendió como esperaba, y otro por un intento de deslindarse que debilita su liderazgo ante sus bases más activas.
Baja participación y ciudadanos exhaustos
El primer día del paro dejó ver un panorama de baja participación. En ciudades como Medellín y Bogotá, las movilizaciones no lograron llenar plazas como en el pasado. En la capital, la icónica Plaza de Bolívar tuvo una asistencia muy inferior a lo habitual, pese a los esfuerzos de movilización desde regiones como el Cauca, y la presencia de organizaciones sindicales, estatales y estudiantiles.
Al contrario, lo que más se hizo sentir fueron los bloqueos. Más de un millón y medio de personas vieron afectada su movilidad por los cierres de vías y acciones vandálicas en Bogotá, donde se reportaron 16 eventos de protesta, de los cuales solo uno fue pacífico, según datos de la Secretaría de Seguridad.
En muchas zonas, ciudadanos enfrentaron a manifestantes para exigir la libre circulación. Esta reacción espontánea de la población refleja un cambio de ánimo: el respaldo a las movilizaciones ya no es el mismo que el de los días del estallido social de 2021.
¿La 'primera línea', de nuevo en escena?
A los ojos del público, la aparición de miembros de la autodenominada “primera línea” en algunos puntos del país encendió alarmas. Aunque algunos de sus voceros han abogado esta vez por protestas pacíficas, su sola presencia evocó episodios de violencia de años anteriores. La controversia se agravó cuando se reveló que el senador Gustavo Bolívar, cercano al presidente y hoy en campaña, destinó 90 millones de pesos del presupuesto para apoyar a estos colectivos. La noticia ha sido capitalizada por la oposición, que acusa al Gobierno de financiar potenciales focos de violencia urbana.
Aún más polémico ha sido el rumor de que se habrían contratado extranjeros para agredir a la fuerza pública durante las protestas. Aunque no hay evidencia contundente hasta el momento, esta versión ha calado en sectores políticos y sociales críticos del gobierno, aumentando la presión sobre la administración Petro para esclarecer cualquier vínculo y evitar una escalada del conflicto.
Reforma laboral en el Congreso: ¿parar para qué?
Paradójicamente, el paro se da en un momento en el que la reforma laboral —una de las razones que detonó la movilización— ya avanza en el Congreso con altas probabilidades de ser aprobada. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que si la reforma logra superar el trámite legislativo, el Gobierno estaría dispuesto a abandonar la idea de una consulta popular, una herramienta que se había planteado para forzar el trámite de las reformas por vía ciudadana. Esto pone en tela de juicio la necesidad política del paro: si el Congreso va a aprobar las reformas, ¿por qué insistir en una huelga general?
Sin embargo, el Pacto Histórico este jueves 29 de mayo se desmarcó de esta reforma aprobada por la Comisión IV argumentando que esta propuesta era al final un retroceso a los derechos de los trabajadores colombianos.
El comunicado del Pacto Histórico señala con preocupación varios puntos eliminados del texto original. Entre ellos, destacan la supresión del carácter laboral del contrato de aprendizaje del SENA, el rechazo al aumento de la licencia de paternidad, y la eliminación de las licencias por menstruaciones incapacitantes.
Además, denuncia que la versión actual permite la continuidad de prácticas que precarizan el trabajo, como el uso del contrato sindical para la tercerización laboral, debilitando de forma estructural la organización sindical. La bancada también lamenta que se haya mantenido una jornada laboral de hasta 10 horas para trabajadoras domésticas internas, medida que consideran abiertamente discriminatoria.
En el mismo tono crítico, el comunicado subraya que se ignoraron compromisos con sectores históricamente vulnerables como las personas con discapacidad, los trabajadores del transporte de carga y los empleados públicos, manteniéndolos en condiciones de inestabilidad e inequidad.
Un termómetro para Petro y las elecciones
Más allá de los efectos inmediatos, lo ocurrido esta semana funciona como un termómetro político de cara a las elecciones regionales y a la evaluación general del mandato de Petro. El mandatario enfrenta una ciudadanía cansada, una clase media que rechaza los bloqueos, y una oposición que ha encontrado nuevas fisuras para atacar su proyecto político. Además, la contradicción entre el discurso gubernamental y la ejecución de las protestas puede alienar tanto a los sectores moderados como a sus propias bases, que esperaban mayor contundencia y resultados.
El Gobierno Petro se enfrenta a un dilema complejo: movilizar a la calle sin perder legitimidad institucional, y avanzar reformas sin romper con el equilibrio de poderes. Este paro, más allá de su escasa asistencia, ha dejado claro que las manifestaciones ya no son el instrumento de presión popular que fueron en 2019 o 2021. Hoy, más que una herramienta de cambio, parecen un boomerang político en manos de un presidente que se juega su capital político a contrarreloj.
