Aunque desde 2018 se viene buscando la implementación de la política LBGTI en Colombia para garantizar sus derechos de esta población altamente vulnerable, la intención se quedó en el papel y parece engavetada en los escritorios del Ministerio del Interior.
Esa fue la conclusión de una audiencia pública en la que diferentes líderes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, miembros del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planeación evaluaron la implementación y avances de la política. Esta discusión fue convocada por los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Jorge Gómez.
Los líderes de estas organizaciones señalaron que la implementación de la política está engavetada. Principalmente porque el plan de acción que es la hoja de ruta de la implementación de la política, no está terminado. Tiene un retraso de casi dos años debido a que debía estar listo para noviembre de 2018 y hasta el momento no está finalizado.
Más grave aún porque aunque se anuncia que podría estar terminado en los próximos meses, según los defensores de derechos LGBTI no se ha realizado la concertación con las poblaciones y organizaciones, un requisito necesario para que el documento y la política tenga un enfoque diferencial y cercano a la población que busca atender.
“Los adelantos del primer semestre de 2018 de consolidación de la política LGBTI se desaceleraron con el cambio de gobierno. Les falta el plan de acción, sin él se estanca la política, además es el instrumento mediante el cual la academia, la sociedad y las organizaciones internacionales evalúan el progreso”, señaló la líder de la Red Comunitaria Trans Juli Salamanca.
Lo que reclaman es que las organizacione LGBTI y demás representantes de derechos humanos, tanto de las ciudades como de las zonas rurales, deben tener una amplia participación en la consolidación del plan de acción y la política pública.
Como lo explicó en la audiencia Álex Pérez, de la organización Caribe Afirmativo, “en muchos municipios las maneras diversas de asumir la sexualidad van más allá de lo LGBT, no es una categoría amplia que representa muchas formas de vivir la sexualidad en la región y, como tal, política pública tiene que ser garante de poder entender esas formas diversas de nombrarse, reconocerse más allá de lo LGBT. Entender que va más allá y pone en riesgo la integridad de las personas”, señaló durante su intervención.
La propuesta es que se establezcan mesas de diálogo que permitan entender las diferentes formas de identidad sexual que se manejan en las regiones del país. “Tiene que dialogar con lo territorial y no puede hacerse desde el centro periferia”, agregó Pérez. Él, como las demás organizaciones, señalaron que se ha hecho socialización del plan de acción, pero este no ha contado con retroalimentación y consenso con la población.
“El decreto adoptó la política pública para la garantía de los derechos de las personas LGBTI y de género diversas. La Defensoría manifestó la preocupación por la falta de cumplimiento por parte del Ministerio del Interior, expedición del plan de acción y la conformación del grupo técnico de la política que debió establecerse en noviembre de 2018. A pesar de que el Ministerio el día 3 de julio presentó un plan de acción de reglamento del grupo técnico, a la Defensoría le preocupa que en la construcción de ese documento no se contó con la participación de organizaciones defensoras de derecho LGBTI”, señaló el vicedefensor Jorge Enrique Calero.
El representante de la Defensoría del Pueblo agregó que las organizaciones tenían voz pero no voto en la socialización, por lo que “la Defensoría presentó recomendaciones a la propuesta del plan de acción de la política LGBTI, manifestando especial preocupación por la asignación de recursos económicos y técnicos para dar sostenibilidad a las acciones del plan, su escasa articulación con los territorios y sus entidades, una revisión de los productos que contempla este plan”.
Esto debido a que según Calero, no hay claros indicadores de efectos e impactos que son necesarios para evaluar la implementación de la política e identificar las acciones necesarias para emprender. “Hacemos un llamado al Ministerio del Interior, a Ricardo Arias, es importante que el Min Interior garantice la participación de los sectores sociales LGBTI”, señaló.
También exigieron que la política tiene que ser transversal para todas las instituciones del Estado, no una oficina que se encargue de su cumplimiento, sino que permita desde la institucionalidad contar con un enfoque diferencial de atención y evaluación de las personas y derechos LGBTI.
Los representantes del gobierno, en conclusión, señalaron que se sigue en la construcción del plan de acción y en el sistema de implementación. Ricardo Arias, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, señaló que el plan de acción cuenta con 17 indicadores, donde solo el primero tiene 60 subindicadores, para implementar la política en el país y las diferentes instituciones.
Olga Lucía Romero, del Departamento Nacional de Planeación, señaló que desde la entidad están haciendo acompañamiento al Ministerio del Interior para construir un documento de diagnóstico de las violencias contra población LGBTI y una herramienta de seguimiento al plan de acción que cuenta con 95 indicadores y 20 entidades.
Grave situación de violación derechos humanos
Diferentes líderes de organizaciones defensoras de la población LGBTI mostraron durante la audiencia pública un grave panorama de violencia en contra de las personas sexualmente diversas en el país.
Alejandro Michell señaló que se han registrado más de 500 casos de abuso policial contra personas LGBTI en el país. Así mismo, señaló que más de 30 personas han muerto, pero aún no se tiene certeza por la falta de políticas propias de caracterización de las víctimas por cuenta de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Juli Salamanca por su parte, señaló que “desde enero a la fecha han asesinado a 27 personas trans en Colombia, es una cifra que nos debería alarmar como país, pero en este momento nos alarma más el subregistro que existe debido a la ausencia de variables diferenciales sobre identidad de género en los registros administrativos y sistemas de información en las entidades públicas”.
“Con esto decimos que estas 27 vidas, que estamos registrando y hemos registrado las organizaciones sociales, no corresponde a la realidad de los asesinatos de personas trans en Colombia, por la falta de variables en instituciones como Fiscalía y Procuraduría que registren a los hombres trans como hombres y a las mujeres trans como mujeres”, agregó Salamanca.
En ese mismo sentido se refirió el vicedefensor de la Defensoría del Pueblo Jorge Enrique Calero, quien señaló que la entidad ha registrado 388 casos de violencia por prejuicio. El 50% de ellos corresponde a violencia por expresión de la identidad. Explicó que 58 víctimas se identificaron como lesbianas, 130 hombres gays y 17 bisexuales.
Según el panorama de la Defensoría, 154 personas han sido víctimas de violencia psicológica, 58 de violencia física y 26 de violencia sexual, otras 16 fueron víctimas de violencia institucional. Así mismo agregó que 37 fueron victimizados por el ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos, de los cuales 36 fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional.
Calero lamentó que durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se han incrementado las violencias contra esta población. Así mismo señaló que se han registrado 63 homicidios y feminicidios, que se ubican principalmente en el Caribe con 22 casos, Antioquia con 14, Valle del Cauca con 8, Eje Cafetero con 6 y 13 en diferentes zonas del país. Las mujeres trans son las principales afectadas, con 17 casos registrados, 12 hombres gays, 6 lesbianas y un hombre transgénero. A causa del subregistro, señaló que el 47% no se identificó por su identidad sexual.
Un llamado de atención
El representante Mauricio Toro aseguró que “la política pública se está implementando y se está acercando desde una forma errada y da la sensación de que se estuviera haciendo de una forma afanada como para salir del paso”. Sostuvo que podrían convocar debates de control político para insistir en la implementación y el desarrollo de la política.
“Este es un nuevo llamado al Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional y todas las entidades que adelantan el proceso. Necesitamos una política pública que esté bien construida, con enfoque territorial amplio, con un enfoque territorial diverso y entienda cada uno de los sectores con el presupuesto que requiere para su implementación”, señaló Toro.
“Nosotros no estamos pidiendo esto por capricho ni porque nos da la gana de molestar, lo estamos haciendo porque la vida y dignidad de nuestra comunidad está en riesgo como lo ha estado durante hace tantos años”, puntualizó el representante Toro.
Toro agregó que la política no se puede construir desde un escritorio en Bogotá, sino que tiene que contar con las voces de la ciudadanía a través de un diálogo abierto que incluya a las diferentes poblaciones, con participación.
“No vamos a desfallecer hasta que el gobierno cumpla porque esto es una obligación legal, esto no es si les da la gana o no, esto lo tienen que hacer porque así quedó en un decreto, en una política pública de Estado, no de Gobierno. Eso es lo que estamos exigiendo, que el Estado representado en este gobierno cumpla con lo que tiene que cumplir que es la protección de los derechos de la comunidad LGBTI”, concluyó el representante.
Jorge Gómez, por su parte, señaló que “la situación es más grave de lo que yo pensaba”, después de escuchar el panorama de violencia que expusieron los intervinientes. “La sociedad ha avanzado, pero también lo grave es que han avanzado las posiciones radicales contra la diversidad, las posiciones agresivas y violentas contra las personas que tienen distintas maneras de ver su sexo, género o el mundo”, señaló.
“El Estado tiene que equilibrar la cancha o desnivelar en favor de los débiles cuando acciones agresivas o discriminatorias se presentan. Lo que uno termina oyendo en la intervención y los derechos de petición, es que el gobierno se está haciendo el de la vista gorda, fingiendo cumplir la norma sin cumplirla”, puntualizó.
Gómez cuestionó que no exista hasta el momento una línea base ni lineamientos claros en la política, lo que muestran la falta de avance en la implementación. Señaló que la inclusión de 21 instituciones como grupo técnico es desproporcionada y lo que se necesita es un grupo de funcionarios que evalúen e insistan en la implementación de la política en los distintos sectores e instituciones.
Finalmente denunció que la falta de interés político se debe a la mermelada, aseguró que el gobierno ha entregado puestos en derechos humanos a sectores políticos religiosos que se oponen a la defensa de los derechos LGBTI a cambio de votos en el Congreso de la República.
