Con sólo tres años y medio en el cargo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se ha ganado el respeto de los empresarios, los consumidores y el de su jefe, el presidente Juan Manuel Santos.
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Durante su gestión, le ha arrebatado a las empresas por publicidad engañosa y formación de carteles, cerca de medio billón de pesos, y no le ha temblado el pulso a la hora de enfrentarse a gigantes como Claro o los ingenios azucareros del Valle.
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En diálogo con KienyKe.com Robledo habló de sus logros, sus metas para este año y algunas infidencias de las marcas que ha sancionado.
Al superintendente Robledo le ocurrió algo curioso en el desempeño del cargo, en su propia casa usaba uno de los productos que sancionó.
“En mi casa no sólo hemos comido Doña Gallina, sino que vimos a nuestro hijo participando en el comercial”. Robledo, quien es separado, le dijo a KienyKe.com que su hijo pequeño protagonizó uno de los comerciales de Doña Gallina hace un par de años.
La empresa que produce el cubo de caldo de gallina, Quala, fue sancionada hace un par de meses por publicidad engañosa, debido a que no era verdad que Doña Gallina tuviera cien por ciento sustancia de gallina. De hecho, la Superintendencia demostró que ni siquiera existía la finca donde engordaban las gallinas criollas.
Robledo indicó que la superintendencia lo que hace “es verificar que los precios de los bienes y servicios estén fijándose de acuerdo a las reglas del mercado, y por eso sancionamos la cartelización de precios, que es cuando se conciertan los empresarios de un sector para fijar el precio de un producto, lo que es ilegal. La especulación de precios sólo aplica cuando se trata de bienes y servicios esenciales con precios regulados por el Estado”.
Según indicó el funcionario, es necesario probar que los almacenes de grandes superficies formaron un cartel para subir el precio de algunos productos, “porque con sólo sospechas no podemos proceder. No es lo mismo el precio de un producto en el campo, al que se vende en el norte de Bogotá”.
¿Cómo ha llegado la Superintendencia que usted dirige a sancionar gran cantidad de empresas y marcas?
Hace unos años era prácticamente imposible para la Superintendencia tomar las decisiones que hoy está tomando, y las pocas decisiones que se tomaban no tenían ningún impacto. La Superintendencia del 2010 tenía un presupuesto de 38 mil millones, y hoy maneja 150 mil millones. En el año 2012 teníamos 400 funcionarios trabajando, y hoy son mil 200 personas.
De igual manera, fueron modificadas las leyes, en donde se aumentó 50 veces la capacidad sancionatoria de la Superintendencia. Anteriormente la máxima sanción que se podía imponer era de 1.300 millones de pesos, y hoy son casi 70 mil millones.
Actualmente estamos impulsando un proyecto de ley que le permite a la Superintendencia actuar cuando hay cartelización al interior de las licitaciones públicas, por ejemplo unos empresarios que se confabularon para defraudar al Estado en las condiciones de competencia en una licitación pública. En esos casos la Superintendencia puede imponer inhabilidades para que puedan contratar con el Estado por un tiempo determinado, y que las personas sancionadas no puedan volver a ocupar altos cargos directivos por un tiempo.
¿Por qué se han ido varias multinacionales del país?
Hay algunos problemas de competitividad que estamos solucionando, como el elevado costo de la energía, una tasa de cambio que perjudica a algunos y beneficia a otros, algunos problemas de seguridad, los altos costos de transporte de los puertos hacia el interior del país.
Productos milagro
Pablo Felipe Robledo fue enfático en afirmar que este año acabará con la farsa de los productos milagro. “Este 2016 será el año de las grandes investigaciones y decisiones en publicidad engañosa, fundamentalmente en los llamados productos milagro. No hay derecho que algunos empresarios se dediquen a posicionar unos productos a través del uso masivo de medios de comunicación a los que le atribuyen componentes, características y funcionalidades que no tienen. (…) Simplemente lo hacen para sacarles plata del bolsillo a los colombianos, aprovechándose de sus necesidades, anhelos y sueños. Esta publicidad engaña a la gente más pobre del país. Son empresas que no se atreven en Europa o Estados Unidos a prometer lo que ofrecen, y vienen a América Latina a aprovecharse de los consumidores y la debilidad de las instituciones de estos países, y además compitiendo deslealmente en el mercado a punta de engaños”. El superintendente señaló que ya se han dado pasos importantes. “A la empresa Genoma Lab la hemos sancionado en siete oportunidades, le formulamos pliego de cargo por once productos, también la sometimos a control previo la publicidad. De igual manera sancionamos al señor Jorge Hané y su compañía, y a un té chino que prometía prevenir el cáncer”.De frente contra los más grandes
“Hemos tomado decisiones que han generado molestia en gente muy importante, quienes también han presionado y hecho críticas, como por ejemplo la sanción que se impuso a Comcel por 87 mil millones de pesos, la multa por más de 82 mil millones a entidades del Distrito y a algunos funcionarios por la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras, la multa por 32 mil millones a Roa Florhuila, y la más reciente por más de 260 millones de pesos al sector azucarero”. De hecho, el sector más denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio es el de las telecomunicaciones, principalmente telefonía móvil e internet, después le sigue el de turismo con quejas que varios servicios no estaban incluidos en el paquete adquirido, en las propagandas mostraban un yate y cuando la gente llega la montan en una chalupa, indicó.Alza en los precios de alimentos
Frente a las más recientes críticas que ha recibido por no actuar frente al precio elevado de los alimentos y productos en los almacenes de cadena, Pablo Felipe Robledo se defendió. “Es lógico que todos estemos preocupados por el costo de los alimentos, y que en buena parte se ha debido a la desvalorización del peso colombiano, el fenómeno de El Niño, la inflación. Sin embargo, la solución a ese fenómeno no está en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no podemos regular o fijar los precios en los mercados, pues éstos se rigen por las reglas de la oferta y la demanda”.
Robledo indicó que la superintendencia lo que hace “es verificar que los precios de los bienes y servicios estén fijándose de acuerdo a las reglas del mercado, y por eso sancionamos la cartelización de precios, que es cuando se conciertan los empresarios de un sector para fijar el precio de un producto, lo que es ilegal. La especulación de precios sólo aplica cuando se trata de bienes y servicios esenciales con precios regulados por el Estado”.
Según indicó el funcionario, es necesario probar que los almacenes de grandes superficies formaron un cartel para subir el precio de algunos productos, “porque con sólo sospechas no podemos proceder. No es lo mismo el precio de un producto en el campo, al que se vende en el norte de Bogotá”.
¿Cómo ha llegado la Superintendencia que usted dirige a sancionar gran cantidad de empresas y marcas?
Hace unos años era prácticamente imposible para la Superintendencia tomar las decisiones que hoy está tomando, y las pocas decisiones que se tomaban no tenían ningún impacto. La Superintendencia del 2010 tenía un presupuesto de 38 mil millones, y hoy maneja 150 mil millones. En el año 2012 teníamos 400 funcionarios trabajando, y hoy son mil 200 personas.
De igual manera, fueron modificadas las leyes, en donde se aumentó 50 veces la capacidad sancionatoria de la Superintendencia. Anteriormente la máxima sanción que se podía imponer era de 1.300 millones de pesos, y hoy son casi 70 mil millones.
Actualmente estamos impulsando un proyecto de ley que le permite a la Superintendencia actuar cuando hay cartelización al interior de las licitaciones públicas, por ejemplo unos empresarios que se confabularon para defraudar al Estado en las condiciones de competencia en una licitación pública. En esos casos la Superintendencia puede imponer inhabilidades para que puedan contratar con el Estado por un tiempo determinado, y que las personas sancionadas no puedan volver a ocupar altos cargos directivos por un tiempo.
¿Por qué se han ido varias multinacionales del país?
Hay algunos problemas de competitividad que estamos solucionando, como el elevado costo de la energía, una tasa de cambio que perjudica a algunos y beneficia a otros, algunos problemas de seguridad, los altos costos de transporte de los puertos hacia el interior del país.
