Este viernes, la Fiscalía General de la Nación realizó diligencias en varias ciudades del país imponiendo medidas de extinción de dominio sobre 58 propiedades, avaluadas en 150.000 millones de pesos, por estar a nombre de funcionarios y empresarios vinculados a corrupción en San Andrés.
La Operación Diez por ciento embargó 37 bienes en Antioquia, entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota, a nombre de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A., y Fernando León Diez Cardona; así como 4 sociedades y 3 establecimientos comerciales en Medellín, a nombre de consorcios contratistas, entre los que se encuentra Concypa S.A.
Justamente en la sede de dicho consorcio los investigadores del CTI decomisaron 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte, la pesquisa ahora intenta determinar la procedencia de esta elevada suma de dinero.
En el esquema de corrupción en el departamento de San Andrés, la Fiscalía ha podido determinar que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas retribuyendo el 10 % de los contratos que obtenía de la administración local, después de que esta les adjudicara irregularmente los contratos para obras públicas.
En la isla, la mayoría de estas obras manchadas por corrupción fueron megacolegios y edificios públicos, tal como mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos.
"Los demás bienes afectados corresponden a 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller, del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua; y un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller", informó el diario El Colombiano.
El departamento insular vive una grave crisis además por la escasez de recursos públicos para rubros como la salud, por cuenta principalmente de la corrupción.
