A tres años de su llegada al poder, Gustavo Petro atraviesa la etapa más compleja de su presidencia. Tres casos, con presuntas irregularidades en contratación, denuncias por interceptaciones y señales de financiación indebida de campaña, han puesto al Gobierno bajo intenso escrutinio público y judicial.
Los expedientes tocan uso del poder estatal, manejo de recursos y el origen mismo de la victoria electoral. No son fallos concluidos: son investigaciones en curso que ya reconfiguraron la agenda política y tensionaron la coalición oficialista.
Carrotanques en La Guajira: contratación bajo la lupa
Un programa para llevar agua mediante carrotanques en La Guajira derivó en señalamientos por sobrecostos y sobornos. En 2024, la Fiscalía informó que la UNGRD adjudicó contratos irregulares por $92.000 millones, dentro de un flujo de $1,4 billones girados desde Hacienda; al menos $4.000 millones habrían sido sobornos a congresistas.
El caso salpicó a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, frente a quienes la Corte Suprema libró órdenes de captura. El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, fue removido del cargo y hoy colabora con la justicia. El episodio puso bajo fuerte escrutinio la bandera anticorrupción del Ejecutivo.
Caso Sarabia: polígrafo, interceptaciones y dudas sobre el uso del aparato estatal
En 2023, Marelbys Meza, niñera de la entonces jefa de gabinete Laura Sarabia, denunció que fue llevada sin orden judicial a una sala de polígrafo en la Casa de Nariño y posteriormente interceptada de manera ilegal. La Fiscalía estableció que se utilizó un expediente falso para justificar la interceptación.
El caso se agravó con la muerte del coronel Óscar Dávila, pieza clave en la operación. El Gobierno habló de suicidio; la familia pidió una investigación independiente.
Tras su renuncia, Sarabia regresó al círculo de confianza: fue directora del DAPRE y en 2025 asumió el Departamento Administrativo de Inteligencia, decisión que generó alertas por posible politización de organismos de seguridad.
‘Papá Pitufo’: la sombra sobre la campaña de 2022
Audios revelados en 2023, del exembajador Armando Benedetti, aludieron a $15.000 millones que habrían ingresado por fuera de topes a la campaña de Petro. En 2025, la Fiscalía vinculó a Diego Marín Buitrago, alias 'Papa Pitufo', señalado por narcotráfico y contrabando, como presunto financiador ilegal. Fue capturado en Panamá y extraditado a EE. UU., donde podría colaborar con la justicia.
El Consejo Nacional Electoral abrió investigación por ocultamiento de ingresos y violación de topes. Petro ha negado vínculos con Marín. Las versiones de Benedetti y el proceso por enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro mantienen el caso en primer plano.
Efectos políticos y de opinión
Las revelaciones impactaron la percepción ciudadana: según Invamer (julio de 2025), el 68 % cree que la corrupción aumentó en este gobierno y la imagen favorable del presidente cayó al 28 %. En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia pasó de 40 a 39/100.
En el frente político, el Pacto Histórico muestra fisuras y sectores de izquierda empiezan a reordenarse de cara a 2026. La agenda del Ejecutivo se ha visto desplazada por la gestión de los expedientes judiciales y las disputas internas.
A un año de concluir su mandato, el desenlace de estas investigaciones no solo marcará el legado de Gustavo Petro, sino que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para resistir el desgaste. Con la credibilidad en entredicho y la agenda política relegada, el presidente encara un tramo final en el que cada decisión puede inclinar la balanza entre recuperar el control o cerrar bajo la sombra de los escándalos.
