El concejal de Bogotá Daniel Briceño lanzó una batería de denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro, acusando irregularidades en la radicación de la consulta popular, uso indebido de recursos públicos por parte de Gustavo Bolívar y cuestionamientos a contrataciones en el servicio exterior.
En una entrevista con Kienyke.com, Briceño no ahorró calificativos y advirtió sobre “una guerra de carácter cognitivo”, es decir una lucha por las ideas, influyendo en la opinión pública a través del uso de influenciadores en redes sociales, financiados con recursos públicos por orden de la Casa de Nariño.
La consulta popular: ¿viciada desde su origen?
Uno de los ejes centrales de la denuncia del concejal gira en torno a la consulta popular radicada por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, mientras el presidente Petro se encontraba fuera del país.
“Dentro de esas funciones que se le delegaron [al ministro] no está la de la función presidencial de convocar y radicar una consulta popular a través del Congreso de la República. Eso es taxativo”, afirmó Briceño.
Según el concejal, el decreto de encargo nunca le otorgó a Jaramillo la competencia para presentar dicho mecanismo de participación. Esto, asegura, constituye un vicio de trámite y de fondo.
“Eso es una nulidad del proceso, una causa de nulidad y pues obviamente si el Congreso la llegara a aprobar, la Corte Constitucional tiene que tumbarla en su momento”.
Briceño señala directamente al secretario jurídico de la Presidencia, Carlos Augusto Ocampo, por lo que califica como un error jurídico grave: “Es una persona que desconoce el Estado, que desconoce la ley. Ya lleva dos errores absolutamente incalculables”.
Una estrategia política disfrazada de participación ciudadana
Para el concejal, la consulta popular no busca resolver problemas estructurales como la salud o el empleo. En cambio, sería una herramienta electoral del Gobierno.
“Ellos han quedado en evidencia y lo único que buscan es tener un espacio para hacer política antes de las elecciones”.
La radicación de la consulta se habría hecho en paralelo al debate de la reforma laboral para presionar al Congreso: “Los congresistas tienen hoy la presión de aprobar o aprobar una reforma laboral o de aceptar o guardar silencio respecto de la consulta popular”.
Briceño interpreta esta acción como una jugada táctica: “No les interesa llegar a un consenso con el Congreso. A ellos lo único que les interesa es ir a las urnas”.
Gustavo Bolívar y los 2.900 millones para su imagen
Otro punto fuerte de la entrevista fue la acusación directa contra Gustavo Bolívar, exsenador y figura clave del Pacto Histórico, por presuntamente utilizar recursos públicos para promocionarse.
“Encontramos que 212 órdenes de pauta incluyen la imagen, la voz y la figura de Gustavo Bolívar como ser relevante. Inclusive se le vende como si fuera una figura de renovación”.
Según Briceño, Bolívar habría firmado un contrato por $2.900 millones con RTVC, lo que, en su opinión, viola el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que prohíbe usar recursos públicos para autopromoción.
“Esto es un acto de corrupción y hay que decirlo abiertamente (…) Si usted viola el Estatuto Anticorrupción, se está haciendo corrupto y hay que decirlo sin ningún tipo de tapujo”.
La pauta, además, habría sido dirigida estratégicamente a zonas de interés político o personal, como Girardot, ciudad natal de Bolívar.
Nombramientos cuestionados
Briceño también criticó la designación de influenciadores en cargos públicos, señalando el caso de Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, quien fue contratada por la Cancillería pese a supuestas inconsistencias en su hoja de vida.
“Hace un mes y medio, dos meses, ella entregó una hoja de vida en la Cancillería y la maestría no existe dentro de esa hoja (…) ¿Está inventando una maestría o acaso está estudiando y ya dice que es máster sin haberla terminado?”.
A esto se suma la denuncia del nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador en México, quien, según Briceño, presentó como único respaldo un certificado de asistencia a un modelo de la ONU en la Universidad de La Sabana.
“Eso no tiene ninguna presentación. Realmente, de fondo, lo que estamos haciendo es un reclamo al Gobierno para que respete la carrera diplomática”.
¿Una guerra cognitiva financiada con recursos del Estado?
Briceño advierte que el Gobierno Petro estaría usando el aparato estatal para financiar una red de influenciadores afines, lo que califica como una estrategia de manipulación política.
“Aquí hay un evidente favorecimiento sobre un grupo de personas que se han dedicado a atacar, a defender, a difundir muchas ocasiones mentiras, fake news (…) Este es el pago que les da Gustavo Petro”.
Añade que se trata de una “guerra de carácter cognitivo”, en la que el Gobierno busca controlar el relato en redes sociales de cara a los comicios.
Un panorama electoral incierto hacia 2026
Finalmente, Briceño ofrece una lectura sobre el escenario político rumbo a las presidenciales de 2026, que considera fragmentado y aún sin liderazgos claros: “Nunca hemos tenido tantos precandidatos en la historia. Hay más de 70. Es un panorama totalmente volátil”.
Afirma que la viabilidad de una gran consulta opositora dependerá de lo que ocurra con las reformas y con la consulta popular impulsada por el Gobierno.
