En un debate de control político, la senadora Emma Claudia Castellanos expuso los riesgos que generan para el presupuesto nacional un total de 15 demandas que han presentado inversionistas extranjeros en el país.
La intención de la senadora Castellanos fue alertar al país y al Ministerio de Comercio y de Hacienda, así como a la Defensa Jurídica del Estado, sobre los peligros que representan esas demandas para el presupuesto del país e insistir en el fortalecimiento de la política interna para evitar y responder a esos procesos jurídico comerciales.
La problemática, según expuso, no es exclusiva de Colombia, sino que afecta a toda la región. “A mediados del año 2000, con el surgimiento de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Bilaterales de Inversión, se incrementó en la región el flujo de capital extranjero, aumentando empleo e inversión, sin embargo, en los últimos años las demandas por parte de inversionistas han aumentado”, señaló Castellanos.
América Latina ocupa el segundo lugar en el mundo de casos registrados de demandas, con el 32% según el Instituto de Arbitraje. Las demandas crecieron en el último año a 282, de las cuales el 69% de los casos los han ganado los inversores y los Estados han sido los perjudicados.
La senadora Castellanos expuso que los países más afectados han sido Venezuela con pérdidas de 18 mil millones de dólares, Argentina con 9 mil millones, Ecuador 2 mil millones y Bolivia con poco menos de mil millones. “Lo que ha pagado Argentina equivale al doble de su presupuesto de inversión y 3 veces el presupuesto para su sistema de salud. En Ecuador equivale al 50% de su presupuesto para salud”, señaló la senadora, sobre un caso no muy lejano al colombiano.
“Por lo anterior, resulta cierta la afirmación de la CEPAL, de la casi inexistente relación entre la inversión extranjera directa y su aporte a la disminución de los indicadores de pobreza, al compararse Latinoamérica con otras regiones como el este de Asia donde abundan casos exitosos”, advirtió Castellanos.
Inversores vs. Colombia
“En los últimos años el país ha sido demandado en virtud de los TLC y de los tratados bilaterales de inversión por cifras extraordinarias. Tan solo en 2018 fuimos el país más demandado a nivel mundial, habiendo registrado 6 demandas en contra. Hoy en día el país presenta 15 demandas ante la CIADI y otra ante un tribunal arbitral de inversión bajo las reglas de la comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo mercantil”, señaló la senadora Castellanos.
De esas demandas, el 86% del monto reclamado es por parte de empresas del sector minero energético y la explotación de los hidrocarburos, y el 88% proviene de compañías provenientes de Estados Unidos y Canadá. Además, el 86% de estas demandas corresponden a infracciones de la cláusula de trato justo y equitativo, “la cual es controversial puesto que su inclusión afecta el poder regulatorio del Estado”, señaló la senadora.
Una de esas demandas, que ya se resolvió, fue la de la empresa Glencore que demandó al Estado colombiano por 19 millones de dólares, casi 70 mil millones de pesos, que fue concedida por un tribunal arbitral. “Con esos 19 millones se habría podido cubrir los pagos del Ingreso Solidario para 3 departamentos con mayor índice de pobreza multidimensional por 36 meses”, explicó Castellanos. El viceministro de Justicia afirmó que esa decisión está en proceso.
En el debate se advirtió que aún hacen falta por resolverse 15 demandas, que superan pretensiones por 21 mil millones de dólares, de las cuales dos representan 8.8 billones de pesos, que de perder el Estado colombiano se perdería una suma equivalente a la cuarta parte del presupuesto nacional para el 2021.
“Con el valor total de las pretensiones, de cerca de 81 billones de pesos, se alcanzaría para cubrir los pagos del programa de Ingreso Solidario para todo el país por los próximos 7 años. Supera 1.5 veces el presupuesto de inversión para el 2021”, advirtió la senadora Castellanos.
Pero ese presupuesto podría ser mejor invertido, en lugar de llegar a las cuentas de las compañías extranjeras. “Al hacer comparativos, el valor de las demandas del sector minero, equivalen a 27 veces las regalías de ese sector que dejó en 2019, a casi el doble del presupuesto para la educación y 2.5 veces el presupuesto para la salud”, señaló.
Las demandas, según la senadora Castellanos, se originan en falta de regulación o claridad de las normas de inversión colombianas. Por ejemplo, en la demanda de Cosigo Resources y Tobie Mining and Energy contra Colombia, por la concesión de Taraira Sur para explotación de oro, se presentó una diferencia jurídica con la consulta previas.
En ese caso, la consulta previa fue defectuosa, la definición del área del parque natural se definió dos días antes de que se firmara el contrato y el yacimiento del oro quedó dentro del área protegida. Entonces, la minera demandó porque tenía derechos adquiridos que fueron negados por una decisión posterior. Falta definir qué estuvo primero, si el contrato o el parque.
Según Castellanos, en cuanto a los líos ambientales falta una regulación clara de la consulta previa, y mecanismos fuertes de conciliación en casos de demandas.
“Para que Colombia pueda defenderse correctamente, en arbitrajes de inversión, debe tener normatividad clara en lo relacionado con la consulta previa, debe haber delimitación de los parques naturales, de los páramos, del bosque andino, celeridad de las autoridades ambientales que dan licencias de explotación. No basta con buenos defensores, y paneles arbitrales, es necesaria la armonía legislativa con reglas claras para la administración y los inversionistas”, señaló la congresista.
En cuanto a la defensa del Estado, los procesos también son costosos. El país necesita contratar defensores, que según el viceministro de Justicia Francisco Chaux, son las mejores compañías del mundo para representar a la nación frente a los tribunales y que asciende al gasto de 12.594.206 millones de pesos. El funcionario señaló que, aunque resulta un litigio costoso, le permite al país ahorrar dinero al ganar las demandas o reducir el tamaño de las pretensiones.
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Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez señaló que las demandas de arbitraje de inversión, al pasado mes de septiembre del 2020 son de 341.665 demandas en el nivel interno que valen $401 billones de pesos en pretensiones, es decir 341 mil procesos.
En el contexto internacional Colombia tiene una de las tasas más elevadas. 70 procesos de arbitraje comercial con un costo de $5.1 billones de pesos. Los 16 casos de arbitraje de inversión por un valor de $22.9 billones de pesos. Los litigios en el sistema interamericano son 1.125 quejas contra Colombia de las cuales han sido transmitidas 751 quejas que se llevan ante la corte interamericana de derechos Humanos.
