Deforestación y degradación forestal se redujo un 20 % en el Pacífico

Jue, 10/11/2022 - 19:04
Durante siete años, comunidades afrocolombianas e indígenas fueron beneficiadas con recursos y capacitación con el fin de preservar sus ecosistemas naturales. El director del programa de cooperación internacional que los apoyó hace un balance.

De acuerdo con cifras del IDEAM  entre los años 2001 y 2021 en Colombia se deforestaron 3.182.876 hectáreas, de las cuales 1.858.285 corresponden a la Amazonía del país. La deforestación y degradación forestal es una de las principales causas del cambio climático, altos índices de pobreza, destruyen ecosistemas y, en el caso de Colombia, alimentan economías ilegales.

Desde hace varios años, comunidades afrocolombianas e indígenas se han encargado del cuidado y preservación de ecosistemas como bosques y páramos, mientras desarrollan proyectos económicos que impactan de manera positiva su productividad y sostenibilidad y los aleja de la opción de sembradíos ilegales u otras actividades al margen de la ley para garantizar su supervivencia.

Esto se logró con el apoyo del programa Páramos y Bosques de USAID, que está a punto de concluir su intervención en el país con la que tuvo como objetivo principal, justamente, combatir la creciente amenaza ambiental que se cierne sobre uno de los territorios más biodiversos de todo el planeta.

Luis Fernando Jara, director del Programa Páramos y Bosques de USAID Colombia, habló con Kienyke.com y hace un balance de los logros alcanzados y de los retos que quedan para las comunidades que resultaron beneficiadas con el programa.

Luis Fernando Jara

¿Se cumplió el objetivo general de su intervención en Colombia?

Páramos y Bosques, es un programa de USAID, nació con el fin de apoyar al gobierno de Colombia en los compromisos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en los próximos años para cumplir con los compromisos internacionales y las metas propuestas para el 2030. Ese es el centro y el propósito central, pero además ha contribuido también con el proceso de paz a través del establecimiento de economías legales en sitios de conflicto, y de tratar de establecer algún tipo de cadenas de valor legal en esos sitios que han sido golpeados fuertemente por la violencia. Hemos logrado buenos avances, creemos que cumplimos con buena parte de los objetivos del programa.

¿Quedan pendientes?

Lo cierto es que todavía nos queda camino por recorrer, pero eso ya depende del empoderamiento final que hagamos en estos últimos meses con las comunidades, especialmente las del Pacífico. USAID los asistió por casi 10 años en los que ya hay resultados en términos de reconocimiento económico de la sociedad mundial por conservar estos bosques. La idea, desde luego, es que sigan con los proyectos para generar esos mismos recursos por los próximos 30 años, que es todo un reto para ellos. Esperamos haber hecho un buen trabajo.

¿Ya tienen resultados del impacto ambiental que deja el programa y la labor de cuidado de sus beneficiarios?

En términos -digamos- de reducción de emisiones sí, de hecho, cumplimos un papel importante. En los últimos siete años contribuimos con una reducción de más o menos entre el 20% y el 25% de la deforestación y degradación forestal en la región del Pacífico colombiano, que corresponde más o menos a un 8% de la deforestación anual del país.

¿Qué elementos se consideraron para elegir las comunidades?

Esto se inició en 2012 con el programa  BioREDD+, diseñado para atender a estas comunidades precisamente. En ese momento se hizo una preselección de unas 60 a 65 comunidades, todas comunidades afrocolombianas e indígenas; en ese primer momento se hizo sensibilización acerca del programa, qué es el carbono, qué son los bonos y cómo pueden aprovecharlos. Eso tomó un año largo, al final se llegó a un acuerdo con 19 de ellas, de las cuales 18 son comunidades afrocolombianas y 1 es una comunidad indígena emberá en Antioquia. Todo lo aprobaron a través de sus asambleas generales, que luego lo socializaron con el resto de miembros, todas sus decisiones son consultadas y se toman internamente.

¿En qué consiste la economía de carbono que aprovechan las comunidades?

El impuesto al carbono se creó en 2016 con una reforma tributaria. Allí quedó consignado que empresas consumidoras de combustibles fósiles líquidos (ACP, gasolina, diésel, gas licuado, etc.) paguen un impuesto por cada tonelada de carbono emitido. Así, esas empresas pueden ser beneficiarias de exención de  impuestos si adquieren créditos de carbono de proyectos nacionales. Todo eso mediante el visto bueno del Ministerio de Ambiente y la DIAN. Por eso se habla de una demanda grande en Colombia y una creciente oferta de proyectos nacionales.

Además del impacto medioambiental, el programa también contribuyó a la implementación del Acuerdo Final con las FARC…

Fue muy afortunado porque las comunidades con las que se llegó a un acuerdo están localizadas  en sitios PDET y zonas que sufrieron el conflicto y eso significó contribuir a su fortalecimiento en términos de que van a tener ingresos propios, van a fortalecer sus economías internas, van a tener excedentes en sus ingresos para su alimentación y desarrollo. Hay un elemento importante y es que a través de la conservación de estos bosques esas comunidades van a tener más resiliencia al momento de enfrentar desastres climáticos y cambios fuertes, al tener diversos cultivos se fortalecen porque un cambio drástico del clima puede acabar con una cosecha, pero no con dos o tres diferentes, además son economías legales de productos agrícolas que crecen en sus tierras.

¿También capacitan a las comunidades?

Nuestro apoyo también incluye fortalecer cadenas de valor hacia afuera, estableciendo alianzas con empresas. Un caso es el de Koalimentos, empresa de Medellín con la que hicimos un convenio para que reciban y distribuyan paquetes de papachina que cosecha y transforma una comunidad en Bajo Calima, en Buenaventura; hicimos otro acuerdo en Carmen del Darién con una empresa maderera que va a hacer un manejo sostenible del bosque, eso significa que van a extraer madera legal con todos los permisos, de tal forma de que va a garantizar que el bosque del cual se taló haya restauración y no pierda su funcionalidad, además, esta empresa está dispuesta a pagar un precio diferencial por el esfuerzo que está haciendo la comunidad de manejo forestal sostenible. Ese es el tipo de alianzas que hemos fortalecido y armado con ellos.

¿Qué compromisos tiene que adquirir la comunidad con el programa y  con su ecosistema?

Con nosotros nada realmente, el compromiso fue echar a andar los proyectos en el principio, se les enseñó a aprovechar sus capacidades y, sobre todo, se les convenció de que este es un buen camino, es un buen negocio para ellos, y que puede durar hasta 30 años; que no son proyectos de dos o tres años, que todo depende de ellos, de su organización, de su querer hacerlo, nosotros lo que hicimos fue darles las herramientas para que puedan continuar.  

¿Qué viene ahora para las comunidades tras la clausura del programa?

Actualmente tienen la fortuna de tener un socio estratégico muy importante como es el Fondo Acción, que es una organización muy reconocida a nivel nacional y que los va a seguir acompañando. Algunos de ellos le delegaron a esta ONG el manejo de los recursos de la venta de los créditos, entonces el dinero entra a una fiducia y Fondo Acción lo desembolsa a medida que los Planes Operativos Anuales (POAS) se ejecuten. Nosotros les ayudamos a estructurar esos POAS, les enseñamos cómo elaborarlos y a definir en qué se va a invertir los dineros año a año. Esa decisión la toma un comité técnico dentro de la junta de gobierno y después se socializa ante los demás miembros y a la asamblea general de la comunidad que es la que  aprueba. Lo que hace Fondo Acción una vez se surte esa etapa es enviar el dinero para que vayan ejecutando. Por ejemplo, una comunidad en Bahía Málaga que nunca había tenido acceso a un centro de salud usó estos recursos para construir uno y están en planes de contratar un médico si no los atienden los gobiernos local y regional.

O sea que la autonomía de las comunidades es parte del objetivo…

Sin duda, ellos son los que deben definir, nuestro papel solo es asesorar y fortalecer capacidades. Pero quién mejor que ellos mismos para determinar qué soluciones necesita la comunidad. En Chocó, el consejo comunitario decidió invertir en educación y lograron que los bachilleres más destacados puedan ir a capitales cercanas para estudiar en universidades con becas que cubren toda la carrera, ya han beneficiado a cerca de 50 muchachos.

En el caso de los Páramos ¿Por qué es tan importante que las comunidades cuiden los ecosistemas naturales que habitan?

Los páramos son ecosistemas estratégicos mundialmente reconocidos, en Colombia, además, se delimitaron 37 complejos, labor estatal muy buena. Lo que se debe hacer es trabajar con la gente que vive en esas zonas y que tiene propiedad privada allí, hay que evitar prohibir sin dar alternativas. Nuestro trabajo fue convencerlos de liberar extensiones de páramo, y al tiempo ayudarlos a mantener y mejorar su productividad. Un caso es el del ganado, nosotros acompañamos el traslado de las reses a zonas bajas para intensificar su labor productiva con sistemas silvopastoriles, con bancos de germoplasma y mejoramiento de praderas, entre otros, para que aumente la producción de leche.

 

Para tener en cuenta:

 

Páramos y Bosques de USAID apoya al Gobierno colombiano con la implementación de políticas y estrategias de protección ambiental y crecimiento económico en zonas prioritarias de postconflicto a comunidades de zonas rurales de páramos de la cordillera central y bosques del Pacífico. El apoyo se enfoca en actividades alternativas, mejoramiento y sostenibilidad de las existentes y diseño de modelos de pago por servicios ambientales hídricos e incentivos por carbono.

En el Pacífico trabaja en la protección de 505.000 hectáreas de bosques tropicales de 18 comunidades afro y una comunidad indígena a través del modelo REDD+ para evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera que generan el cambio climático por cuenta de la deforestación y la degradación de los bosques. En cuanto a páramos, 100.000 hectáreas están en el plan de conservación.

En total, ocho departamentos del país están involucrados en el programa.
 

“En nuestra comunidad hay mujeres que fuimos golpeadas por la violencia, fuimos abusadas sexualmente, fuimos desplazadas y amenazadas. Con este programa tenemos la oportunidad de trabajar por la comunidad, de liderar proyectos, de lograr nuestros objetivos y nos permite empoderarnos”, Mariluz Valencia, beneficiaria de Chocó.

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