El pasado 13 de junio, la Registraduría de Colombia le dio luz verde al
“Movimiento Libertad y Orden”, liderado por el periodista Herbin Hoyos, como comité de un referendo que busca desaparecer la Justicia Especial para la Paz (JEP), remover a los magistrados de las Altas Cortes y reducir el número de congresistas a la mitad.
En medio de la polarizada agenda mediática y política que vive el país por cuenta de quienes repudian y defienden el acuerdo de paz de La Habana, surge un interrogante sobre este propósito ciudadano abanderado por algunas víctimas de las Farc: ¿su derrota es inminente o, por el contrario, existe un camino para que la consulta prospere?
En este contexto, para que el referendo sea aprobado tendría que coincidir una serie de requisitos poco probables.
El primer paso es recolectar 1.853.083 firmas en los próximos seis meses. En la práctica, este sería el único punto en el que los promotores del mismo tendrían éxito ya que, a través de la pregunta que sugiere reducir el número de curules en el Congreso, se apalancarían miles de firmas.
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Posteriormente, y en caso de obtener el umbral de casi
2 millones de rúbricas equivalentes al 5% del censo electoral, esta consulta llegaría a la Registraduría. Allí se encontraría su primer obstáculo: la certificación y validación de las firmas.
Algo que para Herbin Hoyos no supone un problema. En conversación con la Agencia Anadolu, el principal promotor del referendo dijo: “
nosotros no nos contentaremos con el 5% del padrón electoral, nos vamos con el propósito de obtener por lo menos entre el 20% y el 25%”.
Una cifra considerable si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la consulta anticorrupción de 2018 -que consensuaba a la mayoría de colombianos- obtuvo 4,2 millones de firmas, de las cuales tres millones fueron avaladas por la Registraduría, según explica un artículo de Juan Esteban Lewin en el portal La Silla Vacía.
En el segundo trámite, y sobre la base de recibir el visto bueno por parte de la Registraduría, el referendo enfrentaría otro desafío ante el Congreso de Colombia en la primera legislatura del 2020. Los legisladores entrarían a debatir una iniciativa que los afecta directamente y reduciría al Parlamento en cerca de un 50%. Es decir, pasaría de 282 curules a 160: 80 en Senado y 80 en Cámara. Algo que, bajo las dinámicas del Congreso, no verá la luz.
En el supuesto de que el Legislativo respalde por mayoría el mecanismo de participación ciudadana, este sería enviado a una revisión en la Corte Constitucional. Aquí la cosa se complicaría aún más porque los nueve magistrados de esta corporación son en su mayoría proacuerdo de paz y, como en el Congreso, no aceptarían ser removidos de su cargo.
En dicha “purga” de las instituciones judiciales también serían remplazados los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 27 del Consejo de Estado y los 13 del Consejo Superior de la Judicatura. Una movida con la que, asegura Herbin Hoyos, se erradicaría la descomposición en la administración de la justicia en Colombia.
“El contexto de todo esto -dice Hoyos- está basado en la corrupción que vemos en las altas cortes, donde ya está probado que el narcotráfico se metió. Para enfrentarlo, proponemos que los magistrados de las altas cortes sean removidos mediante el referendo. Después, los nuevos jueces deberán ser elegidos por una comisión ética y otra académica. Pero, además, se crearán dos salas especiales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suplirán a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas nuevas salas le costarán al país entre 8.000 y 10.000 millones de pesos al año y no los 65.000 millones que nos está valiendo toda esa burocracia jurídica que se inventaron para manejar los casi 8.000 casos de la JEP”.
Una sala juzgaría a los agentes del Estado (con las garantías que hasta la fecha da la JEP) y la otra a los desmovilizados de las Farc.
“Si logramos elegir magistrados que no tengan vínculos con los carteles de la droga, que no estén financiados por las mafias, que no tengan delitos de enriquecimiento ilícito, que puedan mostrar sus declaraciones de renta públicamente, pues mejoramos la justicia en el país.
Yo vengo haciendo investigaciones de tiempo atrás sobre toda la penetración de la mafia en las altas cortes. Por lo mismo, puedo decir que hoy tenemos ‘30 Pablos Escobar’ financiando las cortes para que legislen en favor de ellos”, señaló Hoyos.
Lo expresado por el gestor del referendo luce como un despropósito para los defensores del acuerdo.
Entre ellos, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien dijo en entrevista con la W: “
Esta propuesta de referendo, que salió a ser aplaudida y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, tiene varias implicaciones. La primera es que atenta contra los fundamentos del acuerdo de paz, que además es un acuerdo de Estado refrendado ante la comunidad internacional. Pero, además, es una propuesta que va a generar un nuevo entrampamiento en el que va a caer el presidente Duque, como ya cayó en lo de las objeciones a la JEP y ahora con esta iniciativa”.
“El segundo riesgo que tiene -continúa Sanguino- es que este referendo arrasa con el Estado de derecho. Y una democracia no solo son elecciones, una democracia sólida y seria es, claro, participación de los ciudadanos, pero también es separación y control de pesos y contrapesos de poderes públicos. Y aquí estamos hablando de arrasar no solo con la JEP, sino con las cortes y magistrados. Estamos hablando de acabar con los fundamentos de uno de los poderes públicos que tiene una importancia cardinal para el ejercicio de la democracia”.
Entre tanto, y de salir avante en la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque convocaría a su votación, que necesitaría de un respaldo mínimo de 9.265.415 sufragios para implementarse.
Frente a estos escenarios poco alentadores, Hoyos anticipa que, si consiguen más de nueve millones de firmas en el transcurso de estos seis meses, el referendo automáticamente quedará blindado en su tránsito por el Congreso y la Corte Constitucional.
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“De tener una representatividad (en firmas) superior al 20% del censo electoral -remarca Hoyos- eso lo hace intocable en la Corte Constitucional y en el Senado de la República. Ellos solamente estarán sujetos a modificarlo en la forma, como por ejemplo un cambio ortográfico o la manera en que se redactarán las preguntas. Superando ese 20% están en la obligación de darle trámite inmediatamente. Por eso nos vamos a dar la pela para que el referendo quede protegido y solamente reste la orden presidencial que lo lleva a la convocatoria de votaciones”.
Finalmente, y ante los rumores de una aspiración electoral por parte de los promotores del referendo en los comicios de octubre, Hoyos subrayó que ninguno de ellos se lanzará a la contienda en la que se elegirán a los gobernadores para los 32 departamentos del país, diputados de las Asambleas Departamentales y alcaldes de 1099 municipios.
“Los que estamos en esto somos víctimas de las Farc que no tenemos ninguna pretensión política”, concluyó Hoyos.
