Un total de 50 congresistas solicitaron al presidente Iván Duque que suspenda la firma de los contratos pilotos de fracking que se tienen planeados para el país, por las dudas que se mantienen respecto al riesgo que representa esa práctica de extracción de hidrocarburos.
El Gobierno Nacional ha anunciado recientemente la adjudicación a Ecopetrol para el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral PPII y la habilitación de dos firmas más, Drummond y Exxonmobil para iniciar los pilotos de fracking en el país.
Los PPII están contemplados en el Decreto 328 de 2020, firmado por el presidente Duque en febrero de este año. Esos contratos buscan conceder licencias de exploración e investigación a compañías explotadoras de hidrocarburos con el fin de evaluar la pertinencia del fraccionamiento hidráulico fracking en el país, recabar información social, ambiental y de reservas de crudo y promover la participación ciudadana y el acceso a la información sobre la práctica.
Los contratos y las firmas adjudicadas debieron ser anunciados el pasado 23 de noviembre y proceder a adelantar las firmas contractuales. En ese panorama 50 congresistas solicitaron al gobierno detener el proceso por “serias dudas respecto a la posibilidad que tienen los PPII de entregar información certera sobre los riesgos del fracking, que pueda reducir la incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las comunidades y para el ambiente”, señalaron.
Los legisladores pidieron que se suspenda el proceso mientras se adelanta la discusión de proyectos de ley que buscan prohibir la práctica de fracking en el país, que se adelanta en el Congreso de la República.
“Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, expresó el pasado 6 de octubre que el objetivo del Gobierno es “evaluar los proyectos piloto antes de que finalice el mandato actual del Gobierno en agosto de 2022”. Ese tiempo es muy limitado desde todo punto de vista: estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años”, señalaron los congresistas en una carta pública.
Aunque el Consejo de Estado dio vía libre a los planes pilotos, dio avisos de que debe evaluarse el impacto del fracking para el territorio y las comunidades. Según los legisladores, la duda que se encuentra radica en que quienes recaudarán la información serán los mismos interesados en la explotación del hidrocarburo, por lo que los resultados podrían no ser objetivos.
Los congresistas firmantes aseguraron que las normas expedidas hasta el momento “no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades”, por lo que consideran que no es seguro adelantar los pilotos planteados.
“Los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan, a todas luces, falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático: no garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran “comunidad” a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos”, señalaron.
Los congresistas, además, señalaron que las sesiones virtuales del Congreso de la República impiden el control político de los procesos de contratación del fracking que se adelanten en el país, por lo que su discusión no es la propicia de cara a un proyecto “tan delicado”.
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“Si el motivo para este afán es la reactivación económica, no es claro por qué continuamos supeditando nuestras eventuales fuentes de ingreso a un producto que recientemente ha mostrado bajos precios y una alta volatilidad en el mercado, que será aún mayor con el paso del tiempo y el fortalecimiento de la reglamentación climática en todos los países del mundo”, puntualizaron.
