Para el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, el gobierno venezolano ha recurrido nuevamente al argumento de la persecución judicial y policial, para tratar de silenciar la protesta que sectores importantes de la sociedad venezolana llevan adelante, exigiendo un cambio profundo en las políticas que el gobierno adelanta, tanto en materia económica, como de gestión de las instituciones del Estado.
En este sentido señaló la importancia del mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana, emitido este miércoles, “el cual recomienda claramente al gobierno un cese de la persecución política y le dice al gobierno que las protestas no van a encontrar una solución por la vía de la represión y la persecución, y lo que estamos apreciando estos días en Venezuela, y especialmente en el Táchira, es una cacería de brujas contra toda expresión de disidencia política”.
A juicio del ex gobernador tachirense, el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza a la dirigencia democrática del país los derechos constitucionales de la libre expresión del pensamiento y la libre acción política, los cuales considera inherentes a la sociedad democrática.
Pretenden una oposición que no hable
“A través de diversos factores de poder el gobierno pretende tener una oposición que no hable, que no se exprese”, aseguró al tiempo de afirmar que los canales para expresarse están cerrados y citó como ejemplo lo sucedido en la Asamblea Nacional con María Corina Machado y en el parlamento tachirense con la suspensión del sueldo aplicada a los diputados opositores Gustavo Delgado y Miguel Reyes.
“Cuando una institución como el Parlamento cierra sus puertas para que los representantes de una corriente de pensamiento distinta, expresen los reclamos, las ideas y los puntos de vista de esos sectores y cercena ese derecho, no deja otro camino a la gente que expresarse en las calles; pero cuando lo hacen surge entonces con toda fuerza una represión institucional o una represión para institucional, que es lo que ha venido sucediendo con estos grupos armados al margen de la ley que bajo la protección de este gobierno han salido a asesinar y a dañar propiedades, para que el gobierno luego tenga una propaganda en contra de los factores democráticos, acusándolos de cometer hechos que el propio gobierno está impulsando a través de estos grupos paramilitares”.
Emplazó al jefe del Comando estratégico Operacional, Vladimir Padrino y al gobernador del Táchira José Vielma Mora, a explicar qué ha sucedido con las investigaciones de las muertes de Daniel Tino y Wilfredo Rey, fallecidos presuntamente a manos de estas bandas armadas durante los días de protesta, al tiempo que señaló que hasta el momento no hay esfuerzos serios por detener y desarmar a estos grupos por parte del gobierno nacional o regional.
“Estamos frente a un estado que promueve y protege la violencia en Venezuela y el derecho que tenemos los venezolanos y los dirigentes políticos de denunciar esta situación y exigir que la justicia se aplique también a esos sectores, se convierte en una de las razones para ser criminalizado, desacreditados o enjuiciados”, dijo Pérez Vivas al señalar que estos grupos hay una total impunidad.
Aseguró que hoy en Venezuela el autoritarismo marca con toda claridad la conducción de la vida del Estado. “Esto no se puede llamar democracia, esto es un gobierno que ha cruzado la ‘raya amarilla’, que ha entrado en el campo del autoritarismo y la represión, y por ello los venezolanos tenemos derecho a exigir una rectificación.
El Táchira se siente humillado
Al llamar a la reflexión a quienes desde el gobierno “están empeñados en afianzar la persecución política y utilizar la intimidación como herramienta disuasiva, cuando lo que están logrando es lo contrario, pues el pueblo tachirense se siente humillado y maltratado por el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza”.
Enfatizó el exmandatario que las garantías jurídicas en Venezuela están conculcadas y que no hay un poder judicial independiente y autónomo que le garantice a cualquier ciudadano un acceso a la justicia de manera imparcial.
“Los hechos son demasiado evidentes para llegar a la conclusión de que tenemos una justicia al servicio de una política bastarda, pues todo el sistema de justicia está controlado por el Estado y las decisiones de los últimos días así lo ratifican”.
Cito como ejemplo la sentencia y destitución en tiempo récord de los alcaldes Scarano y Ceballos y la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia contra María Corina Machado, procedimientos que a su entender violan principios fundamentales del derecho venezolano.
“En estos tiempos en Venezuela ser dirigente político es un riesgo muy grande; se arriesga la vida por el fanatismo y el odio que se han generado. Toda la dirigencia política hoy en día somos personas en libertad condicional, porque en cualquier momento por cualquier causa intrascendente somos enjuiciados y llevados a prisión, donde además se manipula abiertamente la justicia”, sentenció Pérez Vivas.
La autora de esta nota es corresponsal de La Opinión en San Cristóbal (Táchira). La Opinión hace parte de Andiarios.
La Opinión - Andiarios - Todos somos Venezuela
El Táchira se siente humillado
Al llamar a la reflexión a quienes desde el gobierno “están empeñados en afianzar la persecución política y utilizar la intimidación como herramienta disuasiva, cuando lo que están logrando es lo contrario, pues el pueblo tachirense se siente humillado y maltratado por el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza”.
Enfatizó el exmandatario que las garantías jurídicas en Venezuela están conculcadas y que no hay un poder judicial independiente y autónomo que le garantice a cualquier ciudadano un acceso a la justicia de manera imparcial.
“Los hechos son demasiado evidentes para llegar a la conclusión de que tenemos una justicia al servicio de una política bastarda, pues todo el sistema de justicia está controlado por el Estado y las decisiones de los últimos días así lo ratifican”.
Cito como ejemplo la sentencia y destitución en tiempo récord de los alcaldes Scarano y Ceballos y la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia contra María Corina Machado, procedimientos que a su entender violan principios fundamentales del derecho venezolano.
“En estos tiempos en Venezuela ser dirigente político es un riesgo muy grande; se arriesga la vida por el fanatismo y el odio que se han generado. Toda la dirigencia política hoy en día somos personas en libertad condicional, porque en cualquier momento por cualquier causa intrascendente somos enjuiciados y llevados a prisión, donde además se manipula abiertamente la justicia”, sentenció Pérez Vivas.
La autora de esta nota es corresponsal de La Opinión en San Cristóbal (Táchira). La Opinión hace parte de Andiarios.
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