La Federación Internacional de Derechos Humanos solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pronunciarse sobre la importancia de que el presidente Iván Duque sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El movimiento mundial junto a diversas organizaciones colombianas pidieron al tribunal internacional además instar al mandatario que se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos, como ejecuciones extrajudiciales, que están bajo examen preliminar.
La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como "dadas de baja en combate".
"La comunicación da cuenta de los obstáculos que enfrenta la JEP para avanzar en investigaciones genuinas sobre los hechos que constituyen crímenes internacionales identificados por la CPI", expresa el comunicado.
Esta investigación se refiere a "las ejecuciones extrajudiciales documentadas en la carta de a la CPI fueron cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 "La Popa", bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009", manifiestan.
Agregan además, que es preocupante "que este integrante de la fuerza pública fue ascendido recientemente por el presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro", indicaron las organizaciones en un comunicado de prensa.
También afirma que la JEP enfrenta obstáculos para avanzar en investigaciones genuinas sobre los hechos que constituyen crímenes internacionales identificados por la CPI.
"La decisión del presidente Duque de no firmar y objetar por inconveniencia el Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP presenta una barrera importante, lo cual ha impedido a esta jurisdicción contar con un marco normativo integral para cumplir sus funciones", indicaron las organizaciones en el documento.
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