La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó como un hecho transcendental en la lucha contra la corrupción la aprobación del proyecto de ley de pliegos tipo a toda la contratación pública.
Esta iniciativa busca garantizar mayor transparencia en los procesos de selección, contratación de obras públicas y asegurar pluralidad de participantes en las convocatorias.
“Recibo con beneplácito esta noticia y resalto el compromiso del Congreso de la República por sacar adelante esta iniciativa. Se trata de una herramienta que pondrá freno a los pliegos sastre, a muchas prácticas deshonestas que estaban enconadas en distintos sectores”, manifestó la alta funcionaria.
La iniciativa, presentada por el Gobierno Nacional, surgió a raíz de uno de los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción, realizada el 26 de agosto de 2018, pero que no logró aprobarse.
“Estudios de la Unión Europea han determinado que con los documentos tipo, se podría optimizar el gasto de los recursos públicos, aproximadamente en un 7,2%, así estaremos salvaguardando el dinero de todos los colombianos. Estamos dando un salto largo adelante en la lucha anticorrupción”, dijo la vicepresidenta.
A partir de ahora, los documentos tipo serán adoptados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y comprenderán aspectos como los requisitos habilitantes; criterios de evaluación; factores técnicos y económicos; fomento de la industria, servicios y empleo local; aspectos técnicos; parámetros para los estudios de mercado, entre otros.
El proceso estará en cabeza de Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- órgano adscrito al DNP, a través de mesas técnicas, con participación de otros sectores de la sociedad, incluida la academia.
Uno de los factores a tener en cuenta en los pliegos tipo, serán las características territoriales; en este sentido, se realizarán capacitaciones en los diferentes municipios. Cabe recordar que la Corte Constitucional declaró exequibles los documentos tipo y consideró que no afectan la autonomía territorial.
