En la historia reciente del país hubo un presidente (Virgilio Barco) que estuvo “ausente”, de sus funciones, muy enfermo, que no gobernó, que fue reemplazado –en la práctica– por su secretario general, Germán Montoya.
Eso no nos puede volver a pasar, le digo al ex alcalde Jaime Castro, quien comparte la inquietud, a propósito de los comentarios –buenos, malos y los otros dignos de rechazo– sobre la salud del presidente Santos.
“El tema de la salud de los gobernantes –observa Castro, abogado constitucionalista– está reglamentado en leyes, en muchos países, entre nosotros no. Recuerde que aquí se debatió el tema cuando el señor vicepresidente Angelino Garzón tuvo problemas delicados de salud. Discutir sobre la salud de los gobernantes, llámese Presidente de la República, gobernadores o alcaldes o ministros, no es ilegítimo”.
Lo reprobable es que se trate el asunto en términos crueles, como lo anotó el presidente Santos, respecto de su incontinencia urinaria en Barranquilla.
“En las legislaciones donde está reglamentado se le pide a todos los candidatos presidenciales, adjuntar un certificado de buena salud. Tienen que someterse a un chequeo ejecutivo. Incluso suena bien que al pedir el voto, los sufragantes conozcan sobre la salud de los aspirantes”, dice Castro.
Entonces el tema es válido no solo para el Presidente de la República sino también para gobernadores, alcaldes, congresistas, magistrados de las altas cortes.
Castro opina que la intervención pública del Presidente, que le pareció precisa, justa, utilizando los términos indicados, debería matar el tema.
“Pero si alguien quiere profundizar y pedir certificaciones médicas, para averiguar si el Presidente puede seguir gobernando o no, también me parece válido, en un país democrático, sin que nadie se ofenda…”, precisa Castro.
