Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó el informe trimestral de la unidad al consejo general, en la presentación recalcó los problemas generados por la pandemia de coronavirus y los asesinatos, estigmatizaciones y amenazas de las que han sido víctimas los excombatientes en el territorio nacional.
El informe que fue presentado este 14 de julio en la sede en Nueva York de la ONU, corresponde al periodo comprendido entre el 27 de marzo al 27 de junio de 2020. En solo ese lapso la Misión de Verificación identificó 13 asesinatos de los 31 que han ocurrido durante el año 2020 y que completan la cifra de más de 200 ex combatientes asesinados.
Desde la firma del acuerdo final, la Misión ha verificado 204 asesinatos de excombatientes de las farc, 48 intentos de asesinato y 15 desapariciones. Casi la mitad de estos asesinatos fueron exmiembros de las Farc-EP que habían salido de prisión en concordancia con el Acuerdo de Paz, señaló el informe presentado.
La Misión encontró que los grupos armados han tomado ventaja durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, avanzando en el control de rutas del narcotráfico, en especial en zonas de Cauca, Meta Putumayo, Chocó, Nariño y Antioquia. En estos lugares se han identificado asesinatos y amenazas contra los excombatientes.
El informe reseñó varias desplazamientos forzados de tres ex combatientes y 12 familiares en Frontino, Antioquia, el pasado 8 de abril. El 18 del mismo mes fue asesinado el excombatientes Rigoberto García Restrepo, en Urrao, Antioquia, luego de varias amenazas hechas por grupos armados. El 30 de abril, 16 ex combatientes fueron obligados a abandonar sus residencias en Argelia Cauca.
“Los ex miembros de las FARC-EP que viven fuera de las áreas territoriales para capacitación y reintegración continúan siendo particularmente vulnerables a amenazas, ataques, desplazamiento forzado y reclutamiento forzoso, así como a la estigmatización y las represalias”, señaló el informe de la Misión de Verificación.
Según el informe de la Misión de Verificación, la Unidad Nacional de Protección carece de los recursos necesarios para proveer medidas de seguridad idóneas para los ex combatientes. “De acuerdo con la Subdirección Especializada para la Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, desde la firma del Acuerdo Final han sido asesinados 17 ex combatientes que esperaban medidas de protección”, señaló el informe.
“La subdirección continúa reportando sobre la necesidad urgente de recursos adecuados para implementar apropiadamente 11 medidas de protección recién aprobadas y 77 incompletas. Se necesita una adición de 140 guardaespaldas y más analistas para una respuesta efectiva a las solicitudes de protección, ya que el número de analistas ha disminuido de 22 en 2018 a 7 en 2020”, reseñó el informe.
La Misión de Verificación también encontró una escalada del conflicto en el departamento del Cauca, donde se han presentado múltiples asesinatos en los meses comprendidos por el informe.
“De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, seis líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y otros 27 casos están bajo verificación. En 2020, hasta el 19 de junio, la Oficina había verificado un total de 32 casos de homicidios de líderes sociales, incluidos cuatro individuos de comunidades étnicas y cuatro mujeres, y 47 casos más bajo verificación”, señaló la organización.
Según el informe, “los mayores niveles de violencia contra líderes sociales continúan siendo registrados en el departamento de Cauca”, donde solo durante los más de 3 meses de cuarentena se han presentado cinco masacres. “Grupos armados ilegales y organizaciones criminales continúan infligiendo violencia contra las comunidades locales, incluyendo asesinato de menores, ancianos y mujeres embarazadas”, señaló.
Así mismo, el organismo de Verificación de la ONU en Colombia señaló que durante el periodo de estudio, 7.500 personas fueron forzadas a desplazarse en la región Pacífica, de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Así mismo señaló que más de 45.000 personas fueron obligadas a confinarse en mayo, 70 por ciento de ellos en el Catatumbo, Norte de Santander.
Pandemia de Covid-19 y Paz
Según el informe, las autoridades del Gobierno y el Partido Farc se han comprometido con el avance del proceso en medio de la pandemia, pero esta situación sanitaria ha generado problemas en la implementación del Acuerdo.
Al menos la mitad de las iniciativas de los ex combatientes se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19 que afecta al mundo. “Lo desafíos han estado relacionados con la comercialización, debido a restricciones de movimiento y asistencia técnica que ha sido limitada por la conectividad en zonas rurales”, señaló el jefe de la Misión en su presentación. Afirmó que las más afectadas son las pequeñas iniciativas, principalmente lideradas por mujeres en las zonas urbanas.
Hectáreas de coca erradicadas
En medio de la discusión por las hectáreas de coca registradas, las cuales han sido cuestionadas por haber una diferencia entre las que maneja el Gobierno y la Misión de Verificación, el jefe la entidad aseguró que hasta el momento se han registrado 41.513 hectáreas de coca erradicadas desde 2017.
Así mismo mostró buenas cifras de sustitución. “El cumplimiento de los compromisos de erradicación voluntaria sigue siendo del 96% y la tasa de resiembra en 28 municipios monitoreados es del 1%.
Durante los tres meses de observación que contempla el informe, han sido aprobados 57 proyectos productivos colectivos que benefician a 2.712 ex combatientes, de estos proyectos 48 han recibido los fondos para iniciar el proyecto. “El número de proyectos individuales aprobados se incrementó a 1.309, beneficiando a 1.535 ex combatientes”, afirma el documento.
La aprobación de proyectos productivos individuales está incrementando más rápido que los colectivos: desde el inicio de 2020 han sido aprobados, 415 proyectos individuales, beneficiando a 492 ex combatientes, y 10 proyectos productivos que benefician a 258 ex combatientes”, señaló el informe de la Misión de Verificiación.
La canciller colombiana Claudia Blum participó de la presentación del informe y realizó un fuerte llamado a los exmiembros de las Farc para que entreguen la información de las personas desaparecidas, las rutas que tenían del narcotráfico y los bienes para reparar a las víctimas.
“La implementación es un proceso de dos vías y requiere el compromiso efectivo tanto del Estado como del partido político FARC. Mi Gobierno reitera la necesidad de que la Misión de Verificación exija a los miembros de las FARC el cumplimiento de la entrega de información relativa a: las rutas del narcotráfico; la localización de personas desaparecidas; la entrega de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas; el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos disidentes; y la localización de minas terrestres, entre otros”, señaló la canciller.
Según la ministra Blum, en las regiones en las que se están implementando Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, durante la administración del Presidente Duque, se han financiado 186 proyectos por un valor de 423 millones de dólares con las regalías de la explotación petrolera y minera. Las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad.
Así mismo, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la seguridad de los excombatientes es un gran desafío para el Gobierno y el país. “El gobierno ha articulado acciones de 15 organismos diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento”, afirmó.
Según Blum, al 8 de julio la Fiscalía General ha avanzado en la investigación de 146 de los 294 delitos registrados desde la firma del acuerdo contra los excombatientes y sus familias. “Esto representa un avance en el 49,7% de los casos. Se han emitido 198 órdenes de captura por homicidio, intento de homicidio y desaparición forzada, de las cuales 51 corresponden a los instigadores identificados. Así como 27 sentencias contra los responsables de estos crímenes, condenados hasta el momento”, señaló.
