Los siete proyectos de ley del Gobierno que deberá debatir el Congreso

Mar, 21/07/2020 - 11:51
El presidente entregó al Congreso los proyectos de ley del Gobierno que contemplan la lucha por la legalidad y la reactivación económica.

Este martes llegan los primeros proyectos que debatirá el Congreso de la República durante la legislatura 2020 II y 2021 I, entre ellos, el presidente Iván Duque radicó los proyectos de ley que hacen parte de su política de Gobierno que están enfocados en la lucha contra la corrupción y la reactivación económica.

Son siete proyectos en total los que buscará adelantar el Gobierno en la actual legislatura, los proyectos fueron realizados en conjunto con los ministros y algunos de ellos generarán grandes disputas en el legislativo.

1. Ley estatutaria que crea la especialidad agraria

Uno de los mayores problemas de la implementación del Acuerdo de Paz y la agricultura competitiva es la falta de legalización y entrega de títulos de tierra a los campesinos y víctimas reclamantes de tierra.

En este sentido, el gobierno presentó un particular proyecto que busca crear jueces especializados en conflictos agrarios que puedan atender y dar trámite a las solicitudes de este tipo. El proyecto plantea que los jueces pertenezcan a la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo de forma permanente y no transicional.

Estos despachos judiciales contarán con un juez agrario y un facilitador que será el encargado de apoyar a los campesinos y campesinas, con enfoque de género y prioridad, para que conozcan los mecanismos de acceso a la justicia y asesoría en el proceso y herramientas virtuales.

2. Alivio a las obligaciones financieras

Este proyecto está dirigido para productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales, para que por condiciones climáticas o ambientales puedan recibir alivios económicos con las entidades de crédito agrario.

De esta forma, el proyecto plantea la posibilidad de crear acuerdos de pago con el Banco Agrario de Colombia y otras entidades financieras con obligaciones del Fondo Agropecuario de Garantías, para que puedan normalizar su situación financiera para acceder a nuevos créditos.

La medida incluye a quienes tengan créditos agrarios con el Fondo de Solidaridad Agropecuario. Así mismo faculta a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para que defina el pequeño productor, ya que esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, definió a al mediano y grande.

3. Ley de Impulso al Emprendimiento, el Crecimiento y la Consolidación de las Mipymes

Este programa buscará establecer beneficios tributarios para los emprendedores y empresas que se establezcan como franquicias, con reducción del IVA y acceso a créditos fáciles. Así mismo plantea la llegada de más actores al ecosistema de inversión y financiación.

Este proyecto incluye  una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y mipymes del país, con el objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo, con un enfoque especial en aquellos emprendedores y micronegocios de las poblaciones más vulnerables, con el fin de acompañarlas en su consolidación y transformación

4. Proyecto de ley Escazú

Este proyecto busca que el Congreso ratifique el compromiso internacional adquirido por Colombia el 12 de diciembre de 2019. El acuerdo, del que hacen parte hasta el momento 22 países de América y el Caribe, busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. 

Este acuerdo que hace parte de los mandatos de la Conferencia Ambiental de Río de Janeiro de 1992, y es la iniciativa de los países latinos para adoptar el principio 10 de esa conferencia. 

5. Ley contra la explotación ilícita de minerales

La minería ilegal afecta más de 98.000 hectáreas del país, causando graves afectaciones al medio ambiente y los ríos del país. Este flagelo representa cerca del 44% de la producción nacional, plata que no llega en regalías a los departamentos, y aporta a los grupos armados que se financian a través de la minería ilegal.

Por eso el presidente Iván Duque radicó un proyecto en el que busca afectar directamente el negocio de la minería ilegal en el país. Este proyecto establece básicamente el aumento de penas para quienes ejerzan la extracción ilegal de minerales, entre 5 a 12 años, con agravantes por afectación ambiental. Prohíbe el uso de mercurio que afecta las cuencas hídricas y sanciona a quienes compren los minerales extraídos ilegalmente.

6. Ley que Regula la Creación, Conformación y  Funcionamiento de las Comisarías de Familia 

Este proyecto propone retirar funciones a las comisarías de familia para que estas atiendan exclusivamente denuncias de violencia intrafamiliar, restablecer y garantizar los derechos de niños y niñas que sean afectados por esta situación. 

De esta forma el proyecto establece que los comisarios de familia tengan competencias específicas para la protección, atención y estabilización necesarias para garantizar los derechos vulnerados o amenazados en casos de violencia en el contexto familiar y de pareja, verificando su cumplimiento y garantizando su efectividad. 

Con este proyecto se establecerán registro de las Comisarías, guías y protocolos de atención a las víctimas, crear sistemas de información de las Comisarías, garantizar formación adecuada y recurrente a comisarios y el equipo interdisciplinar y proveer facultades de inspección, vigilancia y control de las Comisarías de Familia.

7. Estatuto de la conciliación

Este proyecto busca generar un cuerpo normativo de conciliación extrajudicial en asuntos conciliables que no estén prohibidos por la ley, el cual será gratuito. De esta manera los asuntos conciliables no tendrían que ir directamente ante un juez, sino que podrían resolver por medio de conciliadores privados, notarios que ofrezcan sala de conciliación y otros servidores en derecho facultados para conciliar.


Además, el proyecto establece que unifiquen las normas de conciliación en el país, las cuales se encuentran dispersas en normas de diferentes niveles. Por lo tanto, es necesario elaborar un estatuto de conciliación que contenga en un solo articulado todos los aspectos que deben ser objeto de regulación”, señaló la presidencia.

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