El futuro del proceso de paz con el ELN es incierto. Al equipo negociador designado por el gobierno Santos para establecer el diálogo con el ELN le fueron retiradas las facultades por parte del presidente de la República, Iván Duque. Lo anterior, abrió el debate sobre qué pasará con las negociaciones, debido a que el Gobierno tiene suspendidos los diálogos y todavía no ha designado quiénes integraran la nueva mesa, debido a que insiste que el ELN deberá cesar sus actividades ilegales, mientras que la antigua guerrilla se sostiene en que no aceptarán medidas unilaterales impuestas por parte del Gobierno Nacional.
En su posesión como presidente de la República, Iván Duque envió un mensaje contundente al Ejército de Liberación Nacional. Dio el plazo de un mes para cesar totalmente las acciones criminales, tener estricta supervisión internacional y estipular tiempos definidos, porque según el mandatario, no se puede hablar de paz mientras se apela a la violencia como un mecanismo de presión al Estado y que de esta forma no se designaría a nadie para que se siente a dialogar con la guerrilla, ni seguirá con el proceso de negociación. Así que decidió suspender la mesa.
El ELN fue enfático en señalar que no aceptarán las medidas interpuestas y que el Estado al desconocer todo el proceso que se ha hecho y decidir de manera unilateral, está acabando con los esfuerzos hechos desde hace varios años por ellos, el anterior gobierno, la sociedad y la comunidad internacional.
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La resolución 237 de 2018 le quitó las facultades a quienes venían trabajando desde diciembre de 2017: Gustavo Bell, como jefe de la delegación, a Beatriz Angelika Rettberg Beil, Luz del Socorro Ramírez Vargas, Freddy José Padilla de León, Carlos Alfonso Rojas Tirado, Alberto Fergusson Bermúdez, José Noé Ríos Muñoz y Edgar Alejandro Reyes Lozano en su calidad de miembros del equipo negociador. Igualmente se les quitó la designación a Roy Barreras, delegado del Gobierno y a los miembros de la Fuerza Pública que participaban en dicha mesa técnica.
Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, aseguró ante los medios de comunicación que los representantes habían acabado su contrato el pasado 3 de agosto, o sea que esta no sería una decisión nueva, porque se habría hecho antes de la posesión de Iván Duque. "Lo que hacemos con esta resolución es que el Gobierno nacional concluya administrativamente una decisión que ya había tomado el gobierno anterior", manifestó.
Sin embargo, varios opinan que este no se trata simplemente de un acto administrativo, sino también de un acto político en medio de las diferencias que ha tenido el gobierno Duque y la antigua guerrilla.
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León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, en diálogo con este medio señaló que es evidente que lo que se quiere con esta decisión es cambiar de estrategia de negociación, como también modificar la representación de la mesa. "Yo lo veo como un trámite normal, para que Ceballos tenga la posibilidad de nombrar a otros miembros. Sin embargo, esto se dio en un ambiente en el cual no hay ninguna señal de continuar con las negociaciones. Está es una especie de 'stand by' y yo no creo que arranque todavía", manifestó.
Expresó que le da la impresión de que lo que está haciendo Iván Duque es dando tiempo para que "se calmen las aguas" y que así las negociaciones puedan continuar sin tanta presión de la ciudadanía y la comunidad internacional por los hechos recientes.
Igualmente, Valencia indicó que no se sabe si Duque, en caso de seguir con las negociaciones, se involucrará como lo hizo Juan Manuel Santos o si le dará más facultades y libertad al nuevo equipo negociador.
Respecto a la voluntad de negociación, señaló que considera que ambos tienen la voluntad de negociar, porque de no ser así ya se hubiera acabado definitivamente la mesa.
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"Están en un 'tira y afloja', Duque primero puso unas condiciones y ha ido cediendo; dio 30 días y alargó el plazo, no ha roto el hilo, le ha dado mensajes al ELN. Por otro lado, la guerrilla también ha aceptado algunas de esas peticiones, ya ha ido liberando a los secuestrados. Ambos están en ese juego de mostrarle al otro, presionarlo, cederle, pero no llegar a un punto en el que se le de fin a la negociación", explicó.
Agregó que de no continuar con esos diálogos sería una enorme torpeza por parte del Gobierno, porque esto se le sumaría a las disidencias de las Farc, el recimiento del narcotrafico, problema migratorio por crisis en Venezuela, entre otros factores que afectan gravemente al país.
Por otro lado, Victor de Currea - Lugo, analista de conflictos armados, mencionó que concuerda en que esto además de ser un acto administrativo corresponde también a un acto político que envía un mensaje contundente al ELN.
"No hubieran hecho tanto énfasis si no hubieran hecho de esto un acto político. Si hubiese sido un acto administrativo al menos se hubiera nombrado a alguien, pero se dejó el puesto vacío. Este es un mensaje más de incertidumbre. Exigir que el ELN deje de ser lo que es para, entonces sí negociar con ellos, es una forma de decir: rendición o no negociación", puntualizó.
