En Hungría, el primer ministro ahora puede gobernar por decreto. En el Reino Unido, los ministros tienen lo que un crítico llamó poder “impactante” para arrestar a la gente y cerrar las fronteras. El primer ministro de Israel ha cerrado los tribunales y ha emprendido una estrategia de vigilancia invasiva de la ciudadanía. Chile ha desplegado al ejército en las plazas públicas otrora ocupadas por manifestantes. Bolivia postergó sus elecciones.
A medida que la pandemia del coronavirus frena al mundo de manera trepidante y los ciudadanos inquietos exigen medidas, los dirigentes mundiales están invocando facultades ejecutivas y haciéndose de una autoridad prácticamente dictatorial ante escasa resistencia.
Los gobiernos y los grupos defensores de derechos concuerdan en que estos tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Los Estados necesitan nuevas facultades para cerrar sus fronteras, efectuar cuarentenas y monitorear a las personas infectadas. Los expertos en derecho constitucional afirman que muchas de estas medidas están protegidas por normas internacionales.
Sin embargo, muchos críticos dicen que algunos gobiernos están aprovechando la crisis de salud pública para hacerse de nuevas facultades, que poco tienen que ver con el brote, con pocas protecciones que garanticen que no abusarán de su nueva autoridad.
Las leyes están entrando en vigor con mucha rapidez en una amplia gama de sistemas políticos, en Estados autoritarios como Jordania, democracias titubeantes como Hungría y democracias tradicionales como el Reino Unido. Y hay pocas disposiciones de extinción para garantizar que estos poderes se anulen una vez que cese la amenaza.
“Podríamos ver una epidemia paralela de medidas autoritarias y represoras al poco tiempo, si no es que inmediatamente después, de una epidemia sanitaria”, dijo Fionnuala Ni Aolain, relatora especial de las Naciones Unidas sobre contraterrorismo y derechos humanos.
Conforme las nuevas leyes expanden la vigilancia del Estado, les permiten a los gobiernos arrestar a personas por tiempo indefinido y transgreden las libertades de reunión y expresión, también podrían moldear la vida cívica, la política y las economías de las décadas venideras.
La pandemia ya está redefiniendo las normas. Los sistemas de vigilancia invasiva en Corea del Sur y Singapur que, en circunstancias normales, habrían sido censurados, ahora han sido elogiados por frenar las infecciones. Los gobiernos que al principio criticaron a China por confinar a millones de sus ciudadanos en un confinamiento de emergencia, desde entonces han seguido su ejemplo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha autorizado a la agencia de seguridad interior del país para que monitoree a los ciudadanos por medio de una mina secreta de datos de teléfonos celulares recabados para fines de contraterrorismo. Al monitorear los movimientos de la gente, el gobierno puede castigar a los que desobedezcan las órdenes de aislamiento con sentencias de hasta seis meses de prisión.
Además, con la orden de cerrar los tribunales de la nación, Netanyahu retrasó su comparecencia programada para enfrentar cargos de corrupción.
En algunas partes del mundo, estas nuevas leyes de emergencia han revivido antiguos temores en torno a la ley marcial. La semana pasada, el Congreso de Filipinas aprobó una legislación que le confirió al presidente Rodrigo Duterte poderes de emergencia y 5400 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Los legisladores suavizaron una propuesta de ley anterior que habría permitido que el presidente tomara el control de negocios privados.
“Esta concesión ilimitada de poderes de emergencia es equivalente a una autocracia”, declararon en un comunicado los Abogados Preocupados por las Libertades Civiles, un grupo filipino defensor de derechos. Los abogados señalaron que Duterte alguna vez comparó la Constitución del país con un “pedazo de papel de baño”.
Algunos Estados están usando la pandemia para reprimir a la disidencia. En Jordania, luego de que una “ley de defensa” de emergencia le dio a su cargo un amplio margen de acción, el primer ministro Omar Razzaz dijo que su gobierno “se encargaría con firmeza” de cualquiera que esparciera “rumores, invenciones y noticias falsas que siembren el pánico”.
El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha asumido la autoridad de imponer toques de queda y censurar a los medios informativos. Los periodistas en ese país han sido demandados e intimidados por criticar la respuesta del gobierno al brote.
Aunque el virus en sí mismo tal vez haya enfriado el fervor de los manifestantes por agolparse en las plazas públicas, el decreto de “estado de catástrofe” que se hizo en Chile y la presencia del ejército en las calles han acallado a la disidencia furiosa que sacudió a la nación durante meses.
La pandemia también ha interrumpido elecciones ya programadas. Este mes, Bolivia suspendió una elección presidencial muy esperada que se realizaría a principios de mayo. El año pasado, una elección controvertida desató manifestaciones violentas y obligó al entonces presidente Evo Morales a dimitir.
La presidenta interina, quien prometió actuar en calidad de gobernante temporal, ahora se ha consolidado en el poder y anunció que planea postularse a la presidencia formalmente. El tribunal electoral del país declaró el jueves que convocaría a elecciones en algún momento entre junio y septiembre.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia le pidió al Congreso nuevos poderes de gran alcance, que incluían un plan para eliminar las protecciones legales a los solicitantes de asilo y arrestar a la gente por tiempo indefinido sin someterla a juicio. Ante la oposición de los republicanos y los demócratas, el departamento redujo la intensidad y presentó una propuesta más modesta.
Los grupos defensores de derechos dicen que es probable que los gobiernos sigan absorbiendo más poder mientras los ciudadanos están distraídos. Les preocupa que la gente no se dé cuenta de los derechos que ha cedido hasta que sea demasiado tarde para recuperarlos.
Algunos proyectos de ley de emergencia se han presentado con tanta celeridad que los legisladores y los grupos defensores de derechos no han tenido tiempo de leerlos, mucho menos debatir su relevancia. Los defensores de derechos también cuestionaron la rapidez con la que los Estados han redactado legislaciones extensas.
Algunos gobiernos tienen un conjunto de poderes deseados “a disposición” en caso de emergencia o crisis, dijo Aolain, la relatora especial de las Naciones Unidas. Redactan leyes por adelantado y esperan a “que se presente la oportunidad de la crisis”, afirmó.
No está nada claro qué será de las leyes de emergencia cuando pase la crisis. En el pasado, ha habido leyes que se promulgaron con prisa, como la Ley Patriótica de Estados Unidos después del atentado del 11 de Septiembre, y que siguen en vigor después de las crisis para las que se redactaron.
Con el paso del tiempo, los decretos de emergencia permean las estructuras legales y se normalizan, dijo Douglas Rutzen, presidente del Centro Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro (ICNL, por su sigla en inglés) en Washington, que está llevando un registro de las nuevas legislaciones y decretos durante la pandemia.
“Es muy fácil establecer poderes de emergencia”, dijo Rutzen. “Es muy difícil desmantelarlos”.
Por: Selam Gebrekidan
Foto: Un soldado y un trabajador de salud buscan posibles casos de infección por coronavirus revisando la temperatura corporal de los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Singapur, el 10 de febrero de 2020. (Adam Dean/The New York Times)
