Este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó un fallo sin precedentes en la historia judicial del país al declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión marca un hito en Colombia: es la primera vez que un exmandatario es condenado en un tribunal ordinario, lo que ha generado una intensa ola de reacciones políticas y sociales.
Durante la audiencia, la jueza sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar que Uribe participó en una maniobra para manipular testigos, a través de su exabogado Diego Cadena, con el objetivo de desacreditar al entonces senador Iván Cepeda. La Fiscalía respaldó esta tesis, mientras que la Procuraduría solicitó la absolución, argumentando falta de pruebas y cuestionando la credibilidad del testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. No obstante, el tribunal dio por válidas las pruebas, incluidas interceptaciones y testimonios, y desestimó los alegatos de la defensa.
El fallo ha reavivado el debate sobre la independencia del sistema judicial y la tensión entre las instituciones. Mientras algunos lo celebran como una muestra de que la justicia en Colombia puede alcanzar incluso a las figuras más poderosas, otros lo interpretan como una persecución política.
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Entre las voces críticas, la senadora María Fernanda Cabal denunció irregularidades en el proceso: “La audiencia comenzó con declaraciones políticas y terminó con la exaltación al criminal Juan Guillermo Monsalve, la validación de pruebas ilegales y la credibilidad a las supuestas víctimas”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia calificó el fallo como una represalia: “Este no es un fallo, es una venganza. No es justicia, es miedo. Uribe no está solo, somos millones los que seguiremos su legado y defenderemos la democracia colombiana”.
Desde el exterior, el senador estadounidense Marco Rubio también se pronunció, exigiendo garantías para la integridad de la jueza: “Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia. En una democracia, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”.
Con este veredicto, se abre un nuevo capítulo en la historia política y judicial del país. Mientras sectores celebran un paso hacia la transparencia institucional, otros alertan sobre una profunda fractura en la democracia colombiana. Lo cierto es que el caso Uribe continuará siendo epicentro del debate nacional en los meses y años por venir.
