Durante las últimas semanas el presidente Gustavo Petro ha insistido en el importante papel que tiene la reforma agraria para su plan de gobierno y para acabar de consolidar otras grandes iniciativas como la Paz Total. Es por ello que más recientemente la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Gerardo Vega, dio luz verde para la adquisición de 966 predios, equivalentes a 147.634 hectáreas.
La determinación de la Agencia Nacional de Tierra, que junto al Ministerio de Agricultura son los principales responsables de la reforma a la tierra en el país, se tomó luego de que los predios superaran efectivamente los estudios de prefactibilidad tanto técnica como jurídica, que los hace viables para la compra.
“Nosotros esperamos beneficiar 300 mil familias aproximadamente, para eso tendría que ser un precio de 10 millones por hectárea, en tierra fértil, en tierra que no esté en producción pero que es fértil y de las características que decimos (...) Fértil para el cultivo de alimentos, que no esté en procesos de restitución, que no esté ocupada y que no sea inundable”, agregó Gerardo Vega sobre las características principales que deben cumplir los predios.
En ese sentido, Vega también destacó las directrices que le ha dado el presidente Gustavo Petro para que la Agencia Nacional de Tierra cumpla los objetivos de la reforma y beneficie, en mayor medida, a las comunidades vulnerables y a los hogares campesinos con mujeres cabezas de familia.
Te puede interesar: Reforma laboral: conozca sus 10 puntos clave
“Se busca la compra de tierra fértil para la producción de alimentos, para lo cual el presupuesto para la compra y adjudicación de tierras asciende a 1,5 billones de pesos, y la meta según lo señaló el Presidente de la República, es beneficiar a 300.000 familias de las cuales el 70% están ubicadas en la región Caribe, en departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre”, explicó el funcionario.
Los 966 predios fueron seleccionados entre 2.321 ofertas de venta que inicialmente recibió la entidad. Acciones judiciales de extinción de dominio, inconsistencias en su inscripción catastral o están vinculados a procesos de restitución de tierras, hizo de los otros bienes no aptos.
