Iván Cepeda presentó un paquete de siete programas de bienestar social como parte de su propuesta de gobierno. El plan se concentra en ampliar coberturas de transferencias, fortalecer compras públicas y dirigir recursos hacia adultos mayores, jóvenes, familias pobres, personas con discapacidad, líderes sociales, campesinos y estudiantes.
El eje social de la propuesta
El documento plantea que la reducción de la pobreza y la desigualdad sería uno de los ejes centrales del programa de gobierno de Iván Cepeda. La propuesta se enmarca en una visión de economía “productiva, diversificada y socialmente incluyente”, con un Estado que tendría un papel emprendedor, innovador y estratégico.
Según el texto, los programas no se presentan como medidas asistenciales, sino como políticas orientadas al reconocimiento de derechos, el fortalecimiento del tejido social, la productividad y la asociatividad microempresarial. La propuesta señala que el paquete implicaría un aumento cercano a $3 billones, con fuentes como mayores ingresos de Ecopetrol, redireccionamiento del gasto público, eliminación de intermediación y acuerdos con gremios y empresa privada.
Transferencias para adultos mayores, jóvenes y familias
El primer programa es la ampliación de Colombia Mayor. Cepeda plantea sumar un millón de adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema. El documento toma como punto de partida el aumento de beneficiarios de 1,5 millones a 3,2 millones y el paso de $80.000 a $230.000 mensuales en el bono pensional. La nueva ampliación tendría un costo estimado de $2 billones.
El segundo programa es Renta Joven. La propuesta busca pasar de 184.000 a 400.000 jóvenes beneficiarios, con transferencias entre $800.000 y $1 millón, de acuerdo con indicadores de matrícula, permanencia y excelencia académica. Estaría dirigida a jóvenes rurales y de periferias urbanas que estudien en universidades públicas o trabajen con el Estado mediante el Servicio Social para la Paz.
El tercer punto es Renta Ciudadana. El plan propone ampliar la cobertura de 800.000 a 1,6 millones de familias en cuatro años y mantener transferencias de $500.000 cada dos meses. Además, plantea conectar a las familias beneficiarias con proyectos asociativos productivos y crédito barato para 50.000 microempresas familiares cada año.
Discapacidad, liderazgo social y compras públicas
El cuarto programa es una renta para personas con discapacidad, basada en la Ley 2456 de 2025. El universo señalado es de 400.000 niñas, niños y jóvenes hasta los 29 años, en condición de discapacidad y pobreza. El costo estimado es de $400.000 millones.
El quinto programa se enfoca en la protección de líderes sociales. La propuesta contempla una renta básica, equivalente a un salario vital mensual, para 5.000 lideresas y líderes sociales en situación de riesgo. El documento indica que se financiaría con redireccionamiento del gasto público y que estaría vinculado al fortalecimiento comunitario y a obras de pequeña y mediana capacidad.
El sexto programa plantea que el Estado compre alimentos directamente a campesinos y comunidades rurales. La propuesta menciona tres compradores públicos: el ICBF, la Fuerza Pública y el Programa de Alimentación Escolar, que en conjunto adquieren cerca de $6 billones anuales en alimentos. El objetivo es reducir la intermediación y asegurar demanda para la producción campesina.
El séptimo programa es la compra de útiles escolares para dos millones de estudiantes rurales y de periferias urbanas. Cada kit incluiría maleta, ajedrez, balón, colores, útiles básicos y cartillas de la Comisión de la Verdad. El costo estimado es de $580.000 millones, con $200.000 millones financiados para una primera etapa, según el documento.
