El Gobierno sufrió este martes un revés definitivo en su intento por asegurar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, luego de que las comisiones económicas del Congreso archivaran el proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La decisión deja un hueco fiscal de $16,3 billones, que deberá ser cubierto mediante recortes y aplazamientos en los primeros meses del próximo año.
La votación fue contundente. En la Comisión Cuarta del Senado, la proposición positiva fue negada con 9 votos contra 4, lo que selló el hundimiento de la iniciativa. Esta era la última oportunidad del Ejecutivo para lograr que el Congreso aprobara un paquete de medidas diseñado para aumentar los ingresos públicos ante un panorama presupuestal tensionado.
Desde el inicio del debate, el ministro Ávila insistió en que la reforma era “indispensable” para el equilibrio fiscal y defendió los ajustes realizados en la ponencia final, que reducía el recaudo esperado de los $26,3 billones iniciales a $16,3 billones. Sin embargo, advirtió que, sin su aprobación, “las finanzas públicas enfrentarán un riesgo inminente para el cumplimiento de compromisos esenciales del Estado”.
Los principales cambios realizados por el Gobierno incluían la eliminación de varias medidas que no generarían ingresos inmediatos en 2026. Entre ellas estaban la supresión del IVA a la gasolina y al ACPM —que proyectaba recaudar $2,6 billones—, la eliminación de la deducción de 72 UVT por dependientes, la derogación del descuento tributario del 19 % sobre dividendos y la exclusión del impuesto a actividades comerciales desarrolladas por iglesias.
También fueron retiradas disposiciones que afectaban al consumo masivo, como el aumento en la carga tributaria a la cerveza, cuya reducción implicó una disminución de $3,1 billones del recaudo estimado. Se mantuvieron, no obstante, beneficios como la tarifa del 5 % de IVA para vehículos eléctricos e híbridos, y la exclusión de los productores artesanales de licores del impuesto al consumo.
Dentro del paquete que sobrevivió hasta el final se encontraban la sobretasa del 15 % al sector financiero, la ampliación del impuesto al patrimonio para patrimonios superiores a 40.000 UVT, el aumento del impuesto de Normalización Tributaria del 15 % al 19 %, el impuesto especial del 1 % a la extracción de hidrocarburos y carbón, y la aplicación del IVA a los juegos digitales de suerte y azar.
A pesar de estos ajustes, sectores opositores argumentaron que la reforma terminaría por afectar el bolsillo de los colombianos en un momento de desaceleración económica. “El Gobierno dice que solo tocará a los más ricos, pero la realidad es que varios de los tributos propuestos terminarían trasladándose al consumidor”, señalaron algunos congresistas durante la sesión.
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¿Qué sigue para el Gobierno?
Con la reforma hundida, el presupuesto deberá ser ajustado a $530,6 billones, cifra ya aprobada por el Congreso para 2026. La ley obliga a que el Gobierno expida, durante las primeras semanas del próximo año, una serie de decretos para realizar recortes, aplazamientos o reorientaciones de gasto e inversión.
El Ministerio de Hacienda aún no ha detallado qué sectores enfrentarán las reducciones, pero fuentes del Ejecutivo anticipan que se buscará proteger programas sociales prioritarios y compromisos internacionales, mientras que inversiones de capital y proyectos nuevos serían los más vulnerables.
Aunque el Gobierno podría intentar presentar una nueva iniciativa fiscal en 2026, el margen político será estrecho. Por ahora, la administración deberá enfrentar el desafío de cubrir un déficit que, según el ministro Ávila, “compromete la capacidad del Estado para ejecutar plenamente el presupuesto aprobado”.
