Mientras el Gobierno distrae al país con discursos sobre la “salud preventiva” y promesas de transformación, en hospitales, droguerías y hogares se vive una tragedia real: no hay medicamentos esenciales. El desabastecimiento no solo pone en jaque al sistema, sino que condena a miles de pacientes al sufrimiento, la incertidumbre y, en muchos casos, la muerte.
La alerta no viene solo de los usuarios. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha advertido que hay escasez de al menos 30 principios activos claves, entre ellos medicamentos para tratar el cáncer, enfermedades autoinmunes, psiquiátricos, cardiovasculares, anticonvulsivos y hasta analgésicos comunes. Las farmacias no dan abasto para explicar a los pacientes que deben volver “en ocho días” o que “no hay fecha” para reposición.
Un informe del Invima —entidad que ya se ha declarado con capacidades limitadas— reconoce la falta de al menos 1.242 medicamentos, incluyendo antibióticos, insulina y anestésicos. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido lenta y confusa: mientras se culpa a la guerra en Ucrania, a los trámites burocráticos o a las farmacéuticas, los colombianos siguen sin poder acceder a tratamientos básicos.
A esta escasez se suma el colapso progresivo de las EPS intervenidas, como Sanitas y Nueva EPS. El caos administrativo, la falta de giros oportunos y la incertidumbre jurídica han generado una parálisis que se refleja en demoras para citas, exámenes y cirugías. Muchos médicos denuncian que ya no tienen cómo atender correctamente a sus pacientes porque no hay insumos ni respaldo institucional.
En medio de esta tormenta, el Gobierno sigue concentrado en defender una reforma a la salud que no ha sido aprobada y que, paradójicamente, profundiza la crisis con cada día que pasa. Las decisiones improvisadas, los discursos ideológicos y la falta de articulación con los actores del sistema están provocando una situación que ya se siente como una emergencia nacional.
“Mi hijo necesita un medicamento para la epilepsia. Sin eso puede convulsionar. Pero nos dijeron que no hay, que no saben cuándo llega. ¿Qué hago yo?”, cuenta Gloria, madre de un niño de 9 años en Medellín.
Como ella, miles de familias han recurrido a redes sociales, tutelas y hasta al contrabando para conseguir lo que antes era un derecho garantizado.
La paradoja es brutal: en Colombia no hay guerra declarada, pero sí hay una guerra silenciosa contra los enfermos. Una que no da titulares épicos, pero que cobra vidas todos los días.
¿De qué sirve hablar de salud como derecho si no se garantiza lo más básico: el acceso a los medicamentos?
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