El Consejo de Estado le puso un alto al intento del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto. La suspensión provisional del Decreto 0639 —que pretendía someter a votación reformas clave, especialmente la laboral— no solo representa un revés jurídico, sino también un golpe político y simbólico para el mandatario que insiste en gobernar “con el pueblo” por encima de las instituciones.
La decisión del alto tribunal se sustenta en una premisa constitucional: el Ejecutivo no puede convocar una consulta sin la aprobación previa del Senado, como lo exige el artículo 378. En otras palabras, no hay atajos democráticos, por más que se invoque la voluntad popular.
El Gobierno había firmado el decreto con bombos y platillos, con la rúbrica de varios ministros, en lo que muchos interpretaron como un acto de desafío institucional. Sin embargo, la justicia respondió. Y lo hizo rápido. La suspensión cautelar envía un mensaje claro: el Estado de Derecho sigue vivo. El orden constitucional no es negociable.
Petro, por su parte, insiste en avanzar. Dice que si el Congreso aprueba la reforma laboral, retirará la consulta. Pero ¿a qué costo? ¿Puede un presidente condicionar al Legislativo con el chantaje implícito de una consulta popular? ¿Y si el Congreso no se somete, entonces decide “el pueblo”?
El choque de poderes es inevitable. Pero más allá de lo legal, lo que está en juego es el alma misma de la democracia deliberativa. ¿Puede un gobernante evitar el debate parlamentario apelando a una “voz directa” del pueblo? ¿Y hasta qué punto esa “voz” está siendo instrumentalizada?
Este episodio deja lecciones profundas:
- – Que las instituciones deben vigilarse entre sí.
- – Que el poder Ejecutivo, por más popular que se proclame, no puede imponer mecanismos extraordinarios sin respetar los cauces constitucionales.
- – Que una consulta no es una carta blanca, sino un recurso regulado, con límites y condiciones.
Petro insiste en narrar una épica de resistencia frente a un Congreso “obstruccionista” y unas cortes que “no lo dejan gobernar”. Pero la Constitución no es un obstáculo: es el marco. Y si el poder no tiene frenos, lo que se aproxima no es justicia social, sino arbitrariedad.
En medio del ruido político, esta suspensión es también una defensa institucional. Un recordatorio de que en Colombia no todo está perdido. Que aún hay jueces dispuestos a alzar la mano cuando el equilibrio democrático está en riesgo. Porque cuando el poder se desborda, la función de la justicia no es callar, sino marcar el límite.
