El contragolpe conservador

Vie, 07/02/2014 - 14:37
El bloque del Partido Conservador que defiende la elección de Marta Lucía Ramírez como candidata única de la colectividad no se quedó de brazos cruzados ante la impugnación presentada al Consejo
El bloque del Partido Conservador que defiende la elección de Marta Lucía Ramírez como candidata única de la colectividad no se quedó de brazos cruzados ante la impugnación presentada al Consejo Nacional Electoral por quienes consideran ilegal dicha nominación. La autoridad electoral había recibido una demanda para declarar nula la designación de Ramírez como candidata de la colectividad y evitar dar el respectivo aval. Sin embargo, el abogado Amado Gutiérrez, en nombre del Partido Conservador, protestó contra la admisión de dicha impugnación y pidió declararla ilegal. Los argumentos son los siguientes: El código electoral dice que todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral deben ser adoptadas por voto afirmativo de al menos seis de los nueve magistrados de la corporación. La orden de abrir proceso y ordenar recolección de pruebas respecto a la Convención Conservadora habría sido solamente suscrita por el magistrado Joaquín José Vives, según explicó Amado Gutiérrez. Además de la causal de falta de competencia, este incidente de nulidad que parece el ‘contragolpe’ conservador también sustenta que estaría en juego un derecho fundamental de la candidata Marta Lucía Ramírez: el derecho a elegir y ser elegido. “Hay una artículo en la Constitución que dice que todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, debe ser reglamentado por ley estatutaria. Aquí no existe ninguna ley estatuaria que diga qué procedimientos se tiene que aplicar en el caso de la impugnación contra la Convención del Partido Conservador y la elección de la doctora Ramírez. No hay ninguna norma que diga el procedimiento a aplicar, entonces ese procedimiento no se lo puede inventar el CNE”, advirtió el abogado Gutiérrez. Finalmente dicen que el auto de esa investigación no ha sido formalmente notificado, saltándose un procedimiento legal. “Lo que estamos diciendo es que ese procedimiento es inconstitucional e ilegal”, sostuvo el jurista que espera respuesta de su acción a más tardar en ocho días. Y los conservadores tienen plan ‘B’ en caso de obtener respuesta negativa del Consejo Electoral: acudirán vía tutela al respecto de su Convención.
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