El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia su plan de austeridad con el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados. La apuesta consiste en reducir la burocracia, reorganizar la diplomacia y exigir resultados concretos a la política exterior.
Una de las primeras decisiones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, marca el tono de lo que será su gobierno. El anuncio del cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados no representa únicamente un ajuste administrativo. También supone el inicio de una profunda reorganización del Estado y envía un mensaje inequívoco de austeridad frente a una estructura que históricamente ha sido cuestionada por su alto costo y, en muchos casos, por convertirse en escenario de nombramientos políticos antes que en expresión de una verdadera carrera diplomática.
Las embajadas que dejarán de operar están ubicadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma la suspensión de la apertura de una misión diplomática en Palestina, así como una revisión integral de las representaciones colombianas en el exterior durante los primeros cien días de gobierno.
La decisión, sin embargo, no significa que Colombia rompa relaciones con todos esos países. La mayoría serán atendidos mediante embajadas concurrentes ubicadas en otras naciones, un esquema utilizado por numerosos Estados para reducir costos sin perder representación diplomática. Las excepciones serán Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos han sido calificados como regímenes dictatoriales por el presidente electo, quien anunció que no mantendrá relaciones diplomáticas con ellos.
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Una diplomacia evaluada por sus resultados
Más allá del impacto político, el mensaje es claro. Las embajadas tendrán que demostrar resultados. Una misión diplomática debe servir para atraer inversión, abrir mercados, fortalecer la cooperación internacional, proteger a los colombianos en el exterior y defender los intereses del país. Cuando una representación no cumple esos objetivos, resulta legítimo preguntarse si tiene sentido mantenerla.
Durante décadas, la diplomacia colombiana ha sido objeto de críticas por la utilización de las embajadas como cuotas burocráticas. En numerosas ocasiones, personas sin formación diplomática terminaron ocupando cargos estratégicos como recompensa por apoyos políticos, mientras los funcionarios de carrera esperaban durante años una oportunidad para representar al país.
No obstante, la austeridad también exige responsabilidad. El Gobierno deberá demostrar cuánto dinero se ahorrará realmente con esta medida, qué impacto tendrá sobre la atención de los colombianos que viven en esos países y cómo garantizará que la presencia internacional de Colombia no pierda capacidad de gestión. Reducir gastos no puede significar una reducción de la capacidad del Estado para cumplir sus funciones.
Como parte de la reorganización, también se anunció la unificación de algunas representaciones diplomáticas. En París, por ejemplo, un mismo embajador representará al país ante Francia y ante la Unesco. En Roma ocurrirá algo similar con la Embajada de Colombia en Italia y la representación ante la FAO. La medida busca eliminar duplicidades administrativas y optimizar recursos sin afectar la representación internacional.
Al mismo tiempo, el nuevo gobierno confirmó que abrirá una embajada en Nigeria y restablecerá la representación diplomática en Israel. Esto demuestra que la estrategia no consiste únicamente en reducir la presencia internacional de Colombia, sino en redefinir prioridades y concentrar esfuerzos en escenarios considerados estratégicos para la inversión, el comercio, la seguridad y la cooperación.
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Un cambio de rumbo en la política exterior
El anuncio también marca un cambio frente a la política exterior del gobierno saliente, que fortaleció la presencia colombiana en África y en otros escenarios del denominado sur global. La administración entrante plantea una visión distinta, basada en menos burocracia, mayor eficiencia y una diplomacia evaluada por sus resultados, no por el número de sedes abiertas alrededor del mundo.
La decisión ya genera debate. Para algunos, representa un ajuste necesario después de años de crecimiento del aparato estatal. Para otros, existe el riesgo de debilitar la presencia internacional del país y afectar la atención consular. Ambas posiciones solo podrán evaluarse plenamente cuando se conozcan las cifras del ahorro, el nuevo modelo de funcionamiento y los resultados concretos de la reorganización.
Lo cierto es que el primer gran mensaje del gobierno de Abelardo de la Espriella ya quedó sobre la mesa. El Estado empezará por revisarse a sí mismo antes de pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos. Ahora vendrá la verdadera prueba: demostrar que cada peso ahorrado se traducirá en mejores servicios, mayor seguridad, más inversión y un Estado más eficiente.
Cerrar embajadas puede ser una decisión política, pero convertir esa decisión en mejores resultados para el país será el verdadero desafío.
