Las últimas horas han sido particularmente turbulentas para el gobierno de Gustavo Petro, quien en la noche del lunes anunció la remoción de tres ministros: Alejandro Gaviria (MinEducación), Patricia Ariza (MinCultura) y María Isabel Urrutia (MinDeportes).
La salida de Gaviria está relacionada con cables oficialmente invisibles con su férrea oposición a la reforma a la salud impulsada por la ministra Carolina Corcho, quien, durante la alocución de Petro, estuvo a su lado derecho. El presidente se mantuvo en que la reforma se hará y utilizó el mismo argumento: la salud es un derecho, no un negocio.
No cabe duda de que fueron varios los peros de Gaviria a la reforma a la salud. Y claro, la experiencia del académico como ministro de Salud en la era de Juan Manuel Santos le sirvió para haber presentado más argumentos para ajustar el texto.
En medio de un consejo de ministros, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria presentó oficialmente sus objeciones al texto que tiene tensionado al gabinete ministerial.
Buena parte de sus observaciones iniciales se relaciona con aspecto financieros y administrativos:
"Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada (...) En el esquema propuesto, que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país".
Pero si es por críticas a la sostenibilidad económica de la reforma el mismo José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, es también firmante de un documento de 17 páginas en el que se hacen varios reparos a la reforma.
A ese texto también suscribió Cecilia López, ministra de Agricultura, quien mostró su preocupación con la manera en que sería tramitada la reforma.
El trámite parlamentario (en comisión séptima de la Cámara) es uno de los puntos que más preocupan a los ministros. Según ellos, debe haber más rigurosidad.
Los funcionarios defienden la existencia de un sistema mixto entre EPS y regulación estatal. La presencia en zonas de vulnerabilidad es fundamental.
Por otra parte, la Ley General de Presupuesto es una de las preocupaciones de los ministros, pues consideran que la inminente aprobación de la reforma generaría incumplimientos a este y el marco fiscal de mediano plazo.
También les inquieta que los costos de la salud para el Estado terminen duplicándose (pasarían de 8 billones anuales a 16).
“En conclusión, de realizarse la totalidad de los gastos propuestos por la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de $16,91 billones de pesos adicionales y para el segundo de $21,8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028, los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”, dice el texto.
Si bien, las otras dos ministras removidas de sus cargos no fueron "disidentes" -de hecho el caso de Patricia Ariza era el de una funcionaria muy alineada políticamente con Petro- sí quedaron con varios sinsabores luego de la noticia.
A medios de comunicación Ariza dijo que "ha habido dificultades en algunos conceptos de la política cultura. No quiero ser una vocera en contra del gobierno del cambio, lo respeto, pero no comparto la decisión del gabinete. Hemos tenido diferencias con la política de la música, pero no quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición. Me hubiera gustado profundizar más en los cambios cultuales: este país lo necesita. Aquí hay gente buena y valiosa”.
En lo que respecta a María Isabel Urrutia, la exfuncionaria criticó la manera en que se fue del Ministerio del Deporte. Así se lo dijo a varios medios de comunicación: “mi trabajo lo he hecho bien, entre otras cosas he luchado por la corrupción en el deporte, el 63 por ciento del presupuesto del deporte era para los políticos y los deportistas seguían viviendo marginalmente, yo empecé a hacer un trabajo para que el presupuesto fuera para los deportistas y eso a lo mejor no le gustó a muchos”.
