Un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas – ONU - sobre la situación de Nicaragua tras las protestas del pasado mes de abril, que reveló que “desde el inicio de la crisis han fallecido 300 personas y 2000 fueron heridas”, además que detalla “varias violaciones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que condujo a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica”, desencadenó una decisión por parte del Gobierno de la nación centroamericana que ha generado el rechazo internacional.
Desde este 1 de septiembre, la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos debe salir del país, luego de que José Daniel Ortega ordenara dar por finalizado su trabajo a partir del 30 de agosto, poco más de un mes de su arribo al país para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguimiento, compuesta por representantes del Diálogo Nacional.
https://twitter.com/OACNUDH/status/1035580588240130049
En un comunicado, la ONU informó que la decisión del presidente, cuestionado por sus políticas de gobierno y mandato dictatorial, llegó apenas un día después de hacer público un informe en el que se denuncia que continúa la represión en Nicaragua y que las represalias en contra de las personas que participaron en las propuestas o manifiestan opiniones diferentes siguen vigentes.
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1035859280807821314
Algunas de ellas, señaló el organismo, “han sido forzadas a esconderse o salir del territorio”, mientras que “las autoridades nicaragüenses no desmienten la existencia de los elementos armados, pero sí aprueban sus acciones y les permiten operar con impunidad”.
https://twitter.com/OACNUDH/status/1035939895150297090
La decisión de Ortega, se suma a otras que van en contra del actuar del organismo en países de la región. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales pidió que las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), creada en 2006 a través de un acuerdo de la ONU y el Gobierno, sean transferidas a instituciones nacionales.
El mandatario tomó esta determinación luego de que la CICIG lo acusara de corrupción, por el financiamiento electoral ilícito cuando fungía como secretario general del partido que lo llevó al poder, y que podría llevarlo a abandonar su cargo.
Al líder de esta Comisión, el colombiano Iván Velásquez, el Gobierno guatemalteco le negó la visa para permanecer durante un año más, hasta septiembre de 2019, cuando se vence el periodo de trabajo del ente en el país.
Ambas decisiones contrastan con la del presidente Iván Duque que anunció este 31 de agosto que solicitó a la ONU que prorrogue por un año la Misión de Verificación establecida en 2017.
https://twitter.com/IvanDuque/status/1035649515896954881
Durante un consejo de seguridad en Bucaramanga, el mandatario aseguró: “Consideramos que la supervisión internacional es muy importante para ayudarnos en el ejercicio de la legalidad y en permitir que la base guerrillera haga una transición de desmovilización, desarme y reinserción que sea exitosa”.
La solicitud es apoyada por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien junto al Gobierno Nacional dirigió la carta a Antonio Guterres, Secretario General del organismo, en espera de una respuesta positiva.
La Misión de Verificación fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de una resolución de julio de 2017 y comenzó su labor en septiembre de ese año. Su función es verificar los puntos 3.2 y 3.4 del acuerdo final, que aborda la reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
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Si bien ante esta solicitud no hay todavía una respuesta, es una señal de que tanto el presidente Duque como la FARC buscan caminos para enfrentar los desafíos que enfrenta la implementación de los acuerdo y materializar la paz.
Por lo pronto, ante la situación de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU informó que “proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
