La paz total del presidente Gustavo Petro atraviesa probablemente uno de sus momentos más complicados, en medio de lo que sería un duro pulso entre las ambiciones del gobierno y las de los diferentes grupos armados del país. Algunos de los cuáles han optado por diferentes caminos para demostrar su poder en medio de las negociaciones o, en el peor de los casos, aprovecharse del brazo extendido del gobierno.
Lo cierto es que no es nada pequeño el reto que supone en materia política y social para el gobierno este esfuerzo de paz, empezando por el ELN, que hasta hace unas pocas semanas se entendía como uno de los frentes de negociación más avanzados del gobierno ya con el segundo ciclo en marcha. Mismo que ahora flaquea por lo que se ha interpretado en algunos sectores como señales insuficientes de paz o incluso de pie de guerra.
Probablemente uno de los hechos que más ha marcado recientemente este proceso fue el asesinato de nueve soldados en el Norte de Santander, uno de los departamentos con mayor presencia de esta guerrilla. De estos hombres, dos eran suboficiales y siete muchachos se encontraban prestando servicio militar.
Jóvenes que en su mayoría cumplían con su tarea, como parte del Batallón Energético y Vial número 10, de cuidar las vías y la infraestructura estratégica del país, cuando fueron atacados en emboscada con explosivos y disparos de fusil.
Como una lamentable coincidencia, estos hechos contrastan con las afirmaciones y órdenes públicas que ha hecho el gobierno nacional sobre alejar a los jóvenes del servicio militar de las zonas en conflicto. Una directriz al parecer bastante compleja de cumplir teniendo en cuenta las necesidades humanas del Ejército para mantener su presencia en los territorios.
Sin embargo, eso sí, pone entre la espada y la pared a un gobierno que por un lado ha asegurado que se mantendrá firme en la paz y que no será quien se levante de la mesa de negociación con el ELN, y por el otro enfrenta emotivas recriminaciones por parte de las familias de los soldados caídos en combate. Tal como le pasó al ministro de Defensa, Iván Velasquez, con la madre de uno de los jóvenes muertos en el Catatumbo.
“¿A son de qué están peleando estos muchachos? ¿Una paz que dónde está?”, le dijo la madre del cabo Juan Mateo Benavides al ministro.
Todavía más graves de cara a la estabilidad del proceso de paz, son las fotografías que se han conocido en las últimas horas de miembros armados del ELN junto a seis menores de edad en el mismo territorio donde murieron los nueve soldados. Para ser más exactos en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.
Las imágenes han sido interpretadas como una provocación más del ELN al Gobierno, aunque según le dijo el alcalde de Tibú al diario El Tiempo, la presencia de esta patrulla de la guerrilla en el territorio fue breve y tuvo como fin el abastecimiento de víveres. Sin embargo, la situación no deja de ser especialmente compleja teniendo en cuenta la evidente violación al Derecho Internacional Humanitario que supone el involucrar niños en el conflicto.
Por su parte, el presidente Petro (que aún no se pronuncia directamente por estos hechos) terminó metido en una discusión política tras responderle por estas fotos a la senadora María Fernanda Cabal, quien lo acusó estar “afanado” por “entregarle el país al ELN”.
A eso, se suman otras acciones del ELN que no demuestran compromiso real con la “paz total”, como lo fue el atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas (el quinto a esta infraestructura petrolera en lo que va del año), generando profundas afectaciones humanas, ambientales y económicas.
¿Qué responde el ELN?
Lejos de dejar a sus actos sin nombre, el propio comandante en jefe del ELN, Antonio García, justificó las acciones de su organización asegurando que para analizar los recientes ataques a la Fuerza Pública se debían analizar también “los ataques realizados por las Fuerzas Militares y de Policía contra el ELN”.
En otros trinos, incluso hizo un recuento de algunas acciones militares del gobierno en contra de varios miembros de la guerrilla, asegurando que su organización “tiene derecho a responder los ataques que recibe”.
“Aún no hemos pactado ningún cese el fuego bilateral. Si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales”, señaló el jefe guerrillero.
Esas declaraciones, se suman al comunicado emitido por la delegación del ELN en el que aseguran que las “Fuerzas Militares siguen en ofensiva”, denunciando episodios en los que miembros de sus filas habrían sido asesinados en estado de indefensión.
Todavía más alarmante, el ELN asevera que las fuerzas armadas actúan de forma paralela con “fuerzas narcoparamilitares” y que aún así siguen dispuestos a negociar la paz con el gobierno.
“Reiteramos la voluntad y nuestra disposición para trabajar y alcanzar un cese bilateral del fuego, sus respectivos protocolos y los mecanismos de veeduría y verificación”, reza el comunicado de la guerrilla.
Los otros frentes de la paz total
Como si fuera esto poco, otro de los grandes frentes de la paz total del gobierno tiene que ver con el Clan del Golfo, con quienes se llegó a cerrar momentáneamente las puertas luego de una seguidilla de sucesos que puso en entredicho la voluntad de paz de dicha estructura paramilitar.
Mucha de esta tensión, proviene del paro minero que hasta hace semanas se vivía en el Nordeste Antioqueño y el Bajo Cauca, y que se llegó a afirmar tenía al Clan del Golfo detrás. Esto, por los golpes que el gobierno habría estado dando contra la minería ilegal en esos territorios, específicamente como respuesta a la explotación de unas nueve dragas ilegales, maquinaria de gran tamaño utilizada para la explotación de minerales (principalmente el oro).
En medio de esa coyuntura, se le acusó al Clan del Golfo de pagar dinero a las personas que participaran en los desmanes y de haber atentado contra el acueducto de Tarazá, afectando fuertemente a la población civil. Aún así, en su momento, el Clan del Golfo decidió culpar al ELN de todo esto.
“No somos las Autodefensas Gaitanistas los que hemos roto el cese al fuego que hemos cumplido a cabalidad. Como en todo proceso, existen fuerzas oscuras interesadas en torpedear todos los esfuerzos que se hacen por la paz”, aseguraron.
Ahora, por cuenta de una declaración a W Radio del abogado Ricardo Giraldo, apoderado del grupo criminal, se sabe que el Clan del Golfo no busca sometimiento a la justicia sino negociaciones de paz y que será únicamente por esa vía que entregarán sus armas. De hecho, pronosticó que la ley de sujeción será “un fracaso”.
Una afirmación que pone en vilo a la paz total, que establece claramente que solo se harán procesos de paz con grupos armados de tinte político, condición que no le es reconocida al Clan del Golfo (aún cuando ellos insisten en ser llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
Una categoría que sí podrían llegar a ocupar disidencias de las Farc como la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, como lo afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada. Tema que por supuesto generó revuelo, ya que hay quien cree que quien no cumplió con los acuerdos originales de la Habana, no debería volver a tener la oportunidad una negociación de paz.
Mientras tanto, se hacen públicas profundas y dolorosas imágenes de otras facciones disidentes de las Farc que estarían generando masivos desplazamientos de comunidades indígenas en el departamento del Vaupés. Un convulso territorio que de hecho no es ajeno a este flagelo, ya que ha vivido el desplazamiento por violencia a lo largo de toda la historia del conflicto en el país.
Ese es el escenario que enfrenta la paz total del gobierno de Gustavo Petro, que insiste en mantener sus intenciones de pacificar el territorio contra viento y marea. A pesar de los golpes que hacen que una gran parte del país se cuestione constantemente por cuál será la gota que finalmente derrame el vaso.
